La institución apunta a la carencia y falta de formación del personal como principal causa del retraso en la rendición contable
SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Cuentas de Andalucía advirtió de la existencia de "incumplimientos generalizados" tanto en la aprobación de los presupuestos como en la aprobación de la liquidación presupuestaria y la aprobación de la Cuenta General entre los ayuntamientos entre 5.000 y 10.000 habitantes que no rindieron cuentas entre 2003 y 2005.
Por ello, entre otras cuestiones, apuntó la necesidad de introducir disposiciones, tanto a nivel estatal como autonómico, "que refuercen el deber de cumplir la obligación de rendir cuentas por parte de las entidades locales, como por ejemplo, exigiéndose como requisito previo en la solicitud de ayudas y subvenciones".
Según el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, consultado por Europa Press, el ente fiscalizador incluyó en el plan de actuaciones del ejercicio 2008, la elaboración de un informe de fiscalización denominado 'Seguimiento de los ayuntamientos con una población comprendida entre 5.000 y 10.000 habitantes que no han rendido cuentas en el periodo 2003 a 2005', con el objetivo de "conseguir que los ayuntamientos comprendidos en este tramo de población que no habían rendido las cuentas del período fijado, cumplan con esa obligación".
Así, se consideraron en esta actuación un total de 20 ayuntamientos, esto es, Prado del Rey (Cádiz), Castro del Río (Córdoba), Albuñol (Granada), Monachil (Ganada), Otura (Ganada), Arjona (Jaén), Beas de Segura (Jaén), Castillo de Locubín (Jaén), Marmolejo (Jaén), Navas de San Juan (Jaén), Quesada (Jaén), Torreperogil (Jaén), Alameda (Málaga), Manilva (Málaga), Alcalá del Río (Sevilla), Casariche (Sevilla), Isla Mayor (Sevilla), Paradas (Sevilla), Pedrera (Sevilla) y Umbrete (Sevilla).
Entre las conclusiones más relevantes del estudio, se apuntó la existencia de un "incumplimiento generalizado" de la obligación de aprobar el presupuesto de la corporación antes del 31 de diciembre del año en que deba aplicarse, de manera que los únicos ayuntamientos que aprobaron sus presupuestos en el plazo previsto en la legislación vigente fueron, en 2003, Otura y Marmolejo; en 2004, Monachil; y en 2005, el Ayuntamiento de Marmolejo.
Asimismo, en el periodo 2003 a 2005 también se observó un "incumplimiento generalizado" de la obligación establecida en la Ley de Haciendas Locales, de confeccionar y aprobar la liquidación presupuestaria antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente, de forma que el único ayuntamiento que aprobó la liquidación presupuestaria de los ejercicios 2003 a 2005 fue el de Castro del Río.
Por su parte, el Ayuntamiento de Navas de San Juan es el único que, a la fecha de finalización de los trabajos de campo, no había aprobado ninguna de las liquidaciones presupuestarias de los ejercicios examinados.
Sobre la aprobación de la Cuenta General, el informe precisó que ninguno de los ayuntamientos examinados, en estos tres ejercicios, cumplió con la obligación de aprobar la Cuenta General de la entidad en el plazo previsto por la legislación vigente, antes del 1 de octubre del ejercicio siguiente.
Por ello, se instó y urgió a los consistorios examinados a adoptar "las medidas necesarias" para dar cumplimiento a estas obligación legales, tanto de aprobar sus presupuestos en plazo, como confeccionar y aprobar la liquidación presupuestaria antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente, como aprobar la Cuenta General en los plazos establecidos legalmente.
La Cámara de Cuentas indicó que las principales causas del retraso en la gestión contable y en la falta de rendición radican en la "carencia y formación del personal que presta los servicios en las áreas de contabilidad e intervención", por lo que recomendó a los ayuntamientos analizados que la incorporación de personal a estos servicios "se realice en número suficiente y cualificación adecuada para garantizar la ejecución satisfactoria de las funciones propias de la contabilidad".
También se recomendó a las diputaciones provinciales que, de acuerdo con los ayuntamientos, adopten las medidas "tendentes a garantizar que el desempeño de la función pública contable se realice adecuadamente".
Asimismo, consideró conveniente "la introducción de disposiciones, tanto en el ámbito del Estado como de la comunidad autónoma, que refuercen el deber de cumplir la obligación de rendir cuentas por parte de las entidades locales, por ejemplo, exigiéndose como requisito previo en la solicitud de ayudas y subvenciones".
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
En cuanto a la ejecución del presupuesto de gastos correspondiente a 2005, reflejan porcentajes "aceptables" de ejecución, superiores al 80 por ciento, los ayuntamientos de Prado del Rey, Castro del Río, Arjona, Torreperogil y Alcalá del Río, mientras que muestran valores "bajos" de ejecución, por debajo del 60 por ciento, los ayuntamientos de Otura, Castillo de Locubín, Casariche, Paradas y Umbrete.
El porcentaje de obligaciones reconocidas pagadas en 2005 es igual o mayor que el 90 por ciento en Castro del Río, Alcalá del Río, Isla Mayor, Paradas y Umbrete, mientras que los ayuntamientos que menor porcentaje de pagos reflejan, son Prado del Rey y Beas de Segura, ambos con el 68 por ciento de las obligaciones reconocidas.
En la ejecución del presupuesto de ingresos reflejan porcentajes superiores al 80 por ciento los ayuntamientos de Prado del Rey, Castro del Río, Arjona, Castillo de Locubín, Torreperogil, Alameda y Manilva, mientras que ofrecen valores bajos de ejecución --igual o inferior al 60 por ciento-- los ayuntamientos de Monachil, Beas de Segura, Casariche y Paradas.
Los mayores porcentajes de cobros, con relación a los derechos reconocidos netos, corresponden a los ayuntamientos de Otura y Alcalá del Río con el 98 por ciento, y Umbrete con el 97 por ciento, y, por el contrario, muestran valores bajos de cobros, inferiores al 70 por ciento, los ayuntamientos de Prado del Rey (64 por ciento), Manilva y Casariche, ambos con el 66 por ciento.
Por último, reflejan un remanente de tesorería negativo en el ejercicio 2005 los ayuntamientos de Prado del Rey, Beas de Segura, Alcalá del Río y Casariche, lo cual, a juicio de la Cámara de Cuentas, "debería haber provocado la adopción de alguna de las medidas contempladas en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales".
DATOS SOBRE ENDEUDAMIENTO
En materia de endeudamiento, el Ayuntamiento de Isla Mayor es el que refleja una mayor relevancia de la carga financiera en el presupuesto de 2005, ya que el 23,58 por ciento de las obligaciones reconocidas corresponden a los capítulos III y IX del presupuesto de gastos, esto es, gastos financieros y pasivos financieros.
En cambio, los ayuntamientos de Umbrete (0,03 por ciento) y Alameda (0,05 por ciento), son los que muestran un menor porcentaje de obligaciones reconocidas por estos conceptos.
El mayor endeudamiento por habitante lo reflejan los ayuntamientos de Castillo de Locubín (671 euros por habitante), Albuñol (543 euros), Alcalá del Río (425 euros) e Isla Mayor (372 euros). Por su parte, los ayuntamientos de Monachil (21 euros por habitante), Arjona (43 euros por habitante) y Umbrete (48 euros por habitante), son los que muestran los valores más bajos de endeudamiento por habitante.
La Cámara de Cuentas destacó la situación del Ayuntamiento de Isla Mayor que, "pese a estar integrado en el Consorcio de Saneamiento Financiero y haberle cedido parte de sus deudas, presenta los valores más elevados en todos los ratios de endeudamiento utilizados".
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