Vecinos de la Costa de Granada expropiados por la A-7 esperan para cobrar lo que el Gobierno les prometió ideal.es

Cientos de agricultores se han visto obligados a sacrificar sus tierras

LAURA UBAGO | MOTRIL.

Agobiados. Francisca y José Manuel sobre el puente de la A-7 que está construído donde antes estaban sus tierras. :: JAVIER MARTÍN

Enfado. Dionisio dice que el Gobierno «se ríe de ellos». :: J. M.

Francisca y José Manuel tienen unos amigos que se han autoprohibido hablar del tema porque cada vez que lo abordan terminan peleados. Por eso han optado por el silencio y por guardarse dentro la rabia que les da que no les paguen lo que les deben. Como a tantos otros agricultores de la Costa, el Gobierno les expropió sus tierras para construir la Autovía del Mediterráneo y todavía no han recibido un céntimo de aquello. De la noche a la mañana les arrancaron una parte de ellos sin ofrecerle la ayuda para recomponerse. Por ahora, son los protagonistas de una historia triste con un final abierto.

En su parcela de Puntalón (Motril) Francisca y José Manuel se afanan en recoger habichuelas. Los dos solos, acompañados por su perro grande y por los simpáticos gorilas -blancos, de peluche- que han colgado en la puerta de su finca. Se nota que intentan buscar el más mínimo recodo de alegría dentro de una situación que les tiene hundidos. Cuentan que antes tenían 25 marjales y sembraban pepino en unas instalaciones con los últimos avances, trabajadas por ellos y por peones agrícolas y que en el año 2006 les «mutilaron» la finca y se la dejaron en la mitad y pasó de «ser rentable a no serlo».

«Llegaron un día y nos desmontaron los invernaderos sin escrúpulos, sin dejar casi que recogiésemos lo que había plantado», cuentan estos agricultores con impotencia.

Según calcula la organización agraria Coag, en la Costa, hay unos 800 agricultores que han sido expropiados para la construcción de la A-7 y que aún no han cobrado las compensaciones económicas. La situación económica es asfixiante para muchos agricultores del litoral, concretamente de los municipios de Motril, Lújar, Polopos-La Mamola, Gualchos-Castell de Ferro, Albuñol y Sorvilán, cuyas fincas han sido expropiadas en los últimos cinco años sin haber recibido las indemnizaciones comprometidas por el Gobierno.

Muchos de los expropiados viven situaciones dramáticas y están ahogados por los créditos: algunos ya los tenían para financiar las inversiones en sus explotaciones, otros los han pedido para seguir trabajando la tierra que les ha quedado y otros, para comprar terrenos nuevos y empezar de cero. El banco les adelanta el dinero que posteriormente les pagará Fomento, pero claro, tienen que pagar los intereses de su 'propio dinero'.

Coag cree no se deben realizar expropiaciones de fincas agrícolas sin antes contar con el presupuesto necesario para acometer el abono de las indemnizaciones, «porque estamos hablando de terrenos de cultivo y de explotaciones familiares que son el sustento económico de miles de familias de la Costa».

Pasando apuros

A Francisca Romera y a José Manuel Castilla, el Gobierno les debe 330.000 euros y por eso han pasado de vivir bien a enfrentarse a «apuros económicos». Se quedaron la mitad de la tierra, y a los préstamos que tenían le sumaron otro para «una furgonetilla» que les era imprescindible. Ahora Francisca no tiene para arreglarse la boca y cuando acompañan a su hijo a Sevilla -que juega en la cantera del Betis- lo hacen a base de bocadillos.

Ahora miran hacia adelante y donde estaba su finca ven un gran puente de hormigón sin conectar -por ahora- con nada. «Como empiecen a pasar por aquí los coches y todavía no hayamos recibido el dinero vamos a cobrar un peaje porque este puente es nuestro», dicen bromeando e intentando ponerle humor a su pesadilla.

Uno de los que se ha echado esta lucha a la espalda es Pedro García, el alcalde de Polopos-La Mamola, que ha viajado hasta Madrid para reunirse con responsables de Fomento y demandarles lo que les deben a 100 familias de su localidad. García que está acompañado en esta cruzada por el alcalde de Sorvilán (donde hay otras 100 familias sin cobrar) y la alcaldesa de Albuñol (aquí hay 200), apunta que en el ministerio le han dicho que en el plazo de aproximadamente un mes se establecerán los criterios para abonar las indemnizaciones y que se empezarán a pagar.

Sin esperanzas

El que no está tan esperanzado es Dionisio Jiménez, un agricultor de Carchuna que piensa que dice que ni le han pagado ni le van a pagar. De los 25.000 metros cuadrados que tenían sus tierras, el Gobierno se quedó con 16.000. En el año 2006 le expropiaron los terrenos donde pensaba sembrar cultivos de regadío y ahora en esa tierra tan solo hay una zanja inmensa por donde transcurrirá la autovía.

De los 160.000 euros que le deben pidió 80.000 por adelantado para reformar los invernaderos que le quedaron que fueron arrasados por tornados. Y ahora, le pierde dinero al campo porque no es rentable y tiene que gastarse el dinero en pagar los intereses de una cantidad que ya debería estar en su cuenta.

«Si no tenían dinero para expropiar que se hubieran estado quietos», indica este agricultor que ha pasado de tener diez trabajadores a tres. «Se ríen de nosotros y nos toman por tontos», dice Dionisio Jiménez que lleva cuatro años de pérdidas.

Estos agricultores tan solo quieren lo que les corresponde y olvidarse por fin de sus abogados, de tener que mandar escritos a Fomento y de todo este lío que les tiene tocados.