Un alto en el pago de las expropiaciones granadahoy.com

Aún quedan 70 millones de euros por liquidar a los afectados desde hace 5 años

N. M. / MOTRIL
El Ayuntamiento de Polopos-La Mamola fue el elegido el pasado mes de febrero para iniciar la oleada de pagos de las expropiaciones de la A-7 pendientes. En concreto, el 21 de febrero se empezaron a pagar las correspondientes al año 2008.

Según el secretario provincial de Coag Granada, Miguel Monferrer, Fomento dispuso de una partida de 30 millones de euros para hacer efectivas estas indemnizaciones, desde febrero hasta el 24 de mayo, en Gualchos-Castell de Ferro. Entonces se habló de un montante total de cien millones de euros para liquidar todas las expropiaciones pendientes, incluidas las de los siguientes años, así que aún quedaría un 70%, del que nadie les ha dado a fecha de hoy ninguna información acerca de cuándo se hará efectivo a las 800 familias afectadas.

Estos cientos de agricultores vieron cómo se llevaron sus fincas y su principal medio de vida sin que muchos de ellos hayan percibido un solo euro de sus terrenos. Algunos tuvieron que pagar los préstamos de aquellos invernaderos más otros de nuevas adquisiciones que firmaron confiados en que el Estado cumpliría con sus obligaciones.

Algunos tuvieron suerte y a principios de año pudieron conseguir su dinero, aunque también declararon a este periódico que estaba "gastado y más que gastado" después de tanto tiempo. Así lo aseguró una veintena de agricultores de Polopos, que representaban el 20% del total de afectados por las expropiaciones de la A-7, y cuyos terrenos se encontraban en el trazado del tramo Polopos-Enlace de Albuñol.

El 24 de febrero les tocó el turno a otros afectados que cobraron en el Ayuntamiento de Motril parte de las expropiaciones correspondientes al tramo Puntalón-Carchuna; el 1 de marzo en el mismo lugar también Fomento liquidó con otros del mismo tramo, para continuar el 3 de marzo en Gualchos-Castell de Ferro, donde pagó algunas de las indemnizaciones relacionadas con el tramo Carchuna-Castell de Ferro. El 10 de marzo llegó dinero a Albuñol. Y todo terminó el 24 de mayo en Castell de Ferro. Desde entonces, no se sabe nada.

"Estos pagos son insuficientes", según Miguel Monferrer, ya que "aún hay muchas familias que continúan teniendo el mismo problema".

El criterio por el que han cobrado unos sí y otros no se sabe a ciencia cierta. Para unos tiene que ver con el orden cronológico, mientras que otros sostienen que se debe al empeño que pusiera el alcalde de turno. También se cree que un elemento determinante era llegar a liquidar al máximo de afectados, por lo que se han dejado para después las fincas más caras y extensas.

Los damnificados también aseguran que quedan algunos intereses por cobrar de los años 2006 y 2005, aunque el capital sí fue liquidado en 2008 y 2009.

Los nuevos alcaldes que acaban de tomar posesión de sus cargos tienen presente también este problema, ya que afectan, sobre todo, a la Costa oriental de Granada, una de las más vapuleadas por Fomento. El primer edil de Polopos-La Mamola es uno de los afectados y cree que el Gobierno "cubrió el expediente de cara a las elecciones" con esa mínima cantidad liquidada. También lo corrobora el regidor de Albuñol.

Su homólogo de Gualchos-Castell de Ferro, Eloy Martín, recuerda la enorme faena que se le ha hecho a las personas que perdieron sus invernaderos y que viven en una incertidumbre constante de cara al futuro. "Es una chapuza, ya que expropiaron terrenos y dejaron dramas detrás" y pone encima de la mesa que en el hipotético caso de que les devolvieran fincas (por un cambio de trazado, por ejemplo) ahora les sería imposible poder acometer las inversiones necesarias para su explotación.