Derecho se dota de cámaras en Granada para frenar la repetitiva plaga de pintadas ideal.es

La histórica facultad gasta unos 18.000 euros al año en limpiar los garabatos que manchan la fachada de su sede principal, pero los gamberros reinciden

C. MORÁN | GRANADA.

Fachada principal de la Facultad de Derecho. :: ALFREDO AGUILAR

No hay derecho. En este caso la expresión está más que justificada. El histórico Colegio de San Pablo, un edificio catalogado que es la sede principal de la veterana Facultad de Derecho de Granada, sufre la plaga de las pintadas desde hace casi una década. Incluso puede que más. La institución gasta cada año unos 18.000 euros en limpiar los garabatos. Basta una simple multiplicación para constatar la magnitud del destrozo económico -el daño patrimonial es incalculable-. «Hacemos tres restauraciones: una al inicio del curso, otra a principios de enero y la tercera, cuando acaba el curso. Y cada una de ellas nos cuesta unos 6.000 euros. Pero siempre vuelve a haber pintadas. Es evidente que, si no se hicieran, podríamos dedicar ese dinero a otras cosas, que sería algo muy interesante, y más con la que está cayendo. Aunque haya mensajes pretendidamente políticos, esto no tiene ninguna justificación. En puro vandalismo», razonó Juan López, el decano de Derecho.

Las quejas y las advertencias del responsable del centro académico no son nuevas, pero lo cierto es que no surten efecto. Así que el Colegio de San Pablo se ha convertido en una de las principales dianas de los grafiteros sin que nadie sepa explicar muy bien por qué.

Efecto disuasorio

En este sentido, Derecho ha acordado instalar cámaras en el inmueble para intentar frenar la repetitiva epidemia de las pintadas. «Ya se están haciendo los trabajos para colocarlas. Confíamos en que tengan un efecto disuasorio», explicó el decano de la facultad de leyes.

Una vez que las cámaras estén funcionando, los gamberros que sigan en sus trece se arriesgarán a ser grabados mientras cometen un delito de daños contra el patrimonio histórico, que conlleva penas de uno a tres años de cárcel y multa de doce a 24 meses, a lo que habría que añadir la eventual responsabilidad civil: es decir, el abono de lo que cueste arreglar el estropicio.

La decisión de los responsables de Derecho se basa en la constatación de que solo se libran de las pintadas aquellos monumentos que están vigilados «a través de medios tanto personales como materiales», según recordaba la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía en un informe que está recogido en la última memoria de la institución. «Durante el año 2010 -recordaban los agentes en el citado informe- se han efectuado visitas a todos los Bienes de Interés Cultural de Granada (74), pudiendo comprobar que un elemento esencial en la conservación de los mismos está constituido por la existencia o no de medidas de seguridad (...) Siendo determinante el hecho de que la totalidad de Bienes de Interés Cultural (BIC) que cuentan con estas medidas de vigilancia no han sido prácticamente afectados por grafitos, aun encontrándose estos en lugares cuyos alrededores son 'grafiteados' de manera constante». La Fiscalía, en consonancia con ese análisis policial, apuesta por instalar cámaras para preservar la integridad de los monumentos. Derecho ya ha seguido esa recomendación.