El Ayuntamiento de Granada no recurrirá la sentencia del parking de Constitución ideal.es

Isabel Nieto explicó que pagarán los 1,6 millones a la empresa adjudicataria de las obras por el sobrecoste producido tras el hallazgo de restos arqueológicos

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CAMILO ÁLVAREZ | GRANADA

Arqueólogos trabajan en el traslado de los restos arqueológicos aparecidos en la Avenida de la Constitución, en 2005 :: IDEAL

La concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, ha informado este jueves de que el Ayuntamiento de Granada no recurrirá la sentencia que le obliga a pagar 1,6 millones a la empresa adjudicataria de las obras del parking de la Constitución por el sobrecoste producido tras el hallazgo de restos arqueológicos de una plaza de toros en la zona. Según ha explicado, la empresa en cuestión denunció al Consistorio por estos problemas, el retraso consiguiente y la modificación del proyecto inicial. La cuantía exigida por la constructora ascendía a 7 millones de euros, de los que el juez ha aceptado 5,5.

Nieto ha admitido que se harán cargo de los costes tras la pérdida de 49 plazas de aparcamiento y una nave para almacenar los restos encontrados, pero ha dicho que eñ juez no condena al Ayuntamiento porque entiende que ya había compensado esta pérdida ampliando el plazo de la concesión de explotación 15 años más. Según ha afirmado, “lo que olvida la sentencia es que aquello no tenía valor”. A su entender, “son unas piedras” sin más valor.

Lo que sí ha querido dejar claro es que la “imposición caprichosa de la Junta” de realizar esos trabajos de investigación arqueológica tiene que tener alguna repercusión en el organismo regional como corresponsable de las obras en Constitución. Ahora es la empresa adjudicataria la que debe iniciar un nuevo pleito denunciando al gobierno andaluz.

Casa de Zafra

También Cultura, a juicio de Isabel Nieto, tiene que responder por los problemas ocasionados en los trabajos de rehabilitación en la Casa de Zafra. La comisión ejecutiva aprobó la reclamación a la Consejería de Cultura la cantidad de 131.470 euros derivados del sobrecoste de la intervención derivado de los trabajos de investigación arqueológico impuestos por la Junta.

Según ha explicado, las obras se iniciaron en septiembre de 2009 pero en junio del año siguiente se paralizaron por una intervención arqueológica “normal cuando se produce un movimiento de tierra”. Pero a continuación se encargó una “estratigrafía de los muros” que provocó un sobrecoste y una exigencia “anómala que degeneró en abusiva cuando se pensó en crear un laboratorio de investigación”, algo que “ni estaba en el proyecto”. Según ha dicho, “amenazaban con parar las obras si no hacíamos caso”.

Todo ello provocó un retraso de seis meses sobre los plazos previstos y una inversión adicional de más de 130.00 euros, cantidad que ahora reclama.