GRANADA.- Juan Francisco Martín, secretario General de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT Granada, ha mostrado el descontento del Sindicato por el procedimiento seguido para la modificación de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades (LAU), ya que se ha privado a los agentes sociales y a la comunidad universitaria del necesario debate y participación que es necesario para propiciar el mayor consenso posible sobre el nuevo texto.
Si bien Martín ha reconocido que era necesaria esta reforma, que debería haberse acometido desde el año 2007 (año de reforma de la LOU y numerosa normativa posterior que afecta a determinados apartados de la misma), dice no entender el por qué de la reforma en este momento, al final de una Legislatura, y menos comparte el procedimiento seguido.
El texto, ha explicado el representante de UGT, llega al Parlamento sin conocimiento ni debate alguno y sin conocimiento de los agentes que se verán afectados por la misma: la comunidad universitaria (profesorado, alumnos y personal de administración y servicios). Tampoco, ha dicho, se ha debatido con las organizaciones sindicales más representativas del sector en la Mesa General de Universidades, ni el marco de los Acuerdos de la Concertación Social. Considera por tanto, que difícilmente una ley que se pertrecha a espaldas de aquellos que tendrán que ponerla en marcha puede concitar las inercias necesarias para alcanzar los objetivos que se establecen en la exposición de motivos de la misma: la calidad de la enseñanza, la búsqueda permanente de la excelencia, la transferencia del conocimiento, el fomento de la cultura emprendedora, la internacionalización, etc.
Centrándose en el contenido, Juan Francisco Martín ha destacado algunos aspectos que le parecen especialmente preocupantes:
• Negociación colectiva: se obvia por completo hablar de esta cuestión, aunque sí se tocan aspectos relacionados con condiciones laborales del profesorado, tipologías de contratos y duración de los mismos, retribuciones, se suprime en la contratación de Profesores Asociados la garantía de que sean verdaderos "especialistas de reconocida competencia", etc. y se pierde la oportunidad de articular la negociación colectiva en el sector.
• Financiación: sólo se establecen unos principios generales tan genéricos que no pasan de ser una mera declaración de intenciones. Se pierde la oportunidad de establecer criterios específicos y cuantitativos que permitan a nuestras universidades una mínima garantía de financiación que les de la seguridad suficiente para diseñar proyectos de futuro y planificación plurianual.
• Consejo Social: en lugar de profundizar en aspectos relativos al papel de estos órganos (órgano de relación de la universidad con la sociedad), se incrementan funciones de carácter de inspección y fiscalización, incluso se les da potestades en el nombramiento del Defensor Universitario, cuestión que entendemos conculca la autonomía universitaria y la LOMLOU.
• Personal de Administración y Servicios: sobre esta cuestión lo malo es que no se regula nada nuevo. También aquí se pierde la oportunidad de establecer uno criterios mínimos comunes de ordenación, acceso promoción, movilidad, establecimiento de escalas propias, etc. de las plantillas.
• Consejo Andaluz de Universidades: se vuelve a obviar la representación sindical en este órgano.
• Aspectos administrativos: la reforma contiene aspectos administrativos que incrementan de forma exponencial la burocracia en las universidades; eso sí, sin aportar medios ni materiales ni económicos para poder sostener el aparato.
Por todo ello, ha concluido el ugetista, el Sindicato se opone a esta Ley, no sólo por su contenido, que ya sería motivo más que suficiente, sino también porque significa un nuevo paso atrás en la democracia y un avance hacia la mercantilización del sistema universitario.
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