«Estos invernaderos quitaron mucha hambre» ideal.es

«Gracias a este invernadero he podido a sacar adelante a mis tres hijos. Hoy con 61 años ¿a qué puerta toco yo para que me den trabajo si me lo desmantelan? No sería justo que nos quiten esta tierra a nosotros para que se la coma el mar», resume Antonio Jesús Vázquez. Cuando tenía 23 años este agricultor, como muchos otros jóvenes de Albuñol, montó desde cero «y con el beneplácito de la administración» sus invernaderos en la primera línea de playa en Albuñol, entre El Pozuelo y La Rábita, en una lengua de tierra de más de cien metros que se había ganado al mar tras la gran riada del 73. Los jóvenes fueron ocupando los terrenos de primera línea de costa, algunos incluso recibieron créditos de la misma administración que treinta años después, es estricta con la protección de la costa y reclama esos terrenos, que son dominio público. Son más de cien los agricultores que conviven con el fantasma de las demoliciones, que planea sobre sus invernaderos, su único medio de vida.
Ahora el auto de un juez les ha dado un respiro. El juez de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA ha frenado las demoliciones de las instalaciones bajo plástico -que pensaba acometer la delegación de Costas en esta primera línea de la playa de Albuñol- hasta que no re resuelvan los recursos que mantienen los agricultores por la posesión de esta tierra. Un balón de oxígeno para unos labradores acostumbrados a vivir con el miedo de que cualquier día se los derriben. «Son muchos años ya con el 'ay' en la boca», se quejan.
Tras la nube
Los agricultores, reunidos por IDEAL en la playa, recuerdan cómo aquella lengua de tierra generada por la 'nube' del 73 permitió a toda una generación de jóvenes de Albuñol labrar su propio terreno por primera vez «y dejar de trabajar para los caciques como tuvieron que hacerlo nuestros padres». Antonio Jesús rememora cómo sus padres, al igual que la mayoría de los trabajadores del pueblo en aquellos años, trabajaban la tierra de los «señoricos y tenían que esconderse para llevarse un puñado de judías a casa».
Para Antonio y los demás jóvenes agricultores, aquella tierra de nadie que surgió del mar tras la terrible riada fue un salvavidas. La oportunidad que esperaban para poder comenzar a trabajar para ellos mismos. «Nos dieron facilidades para establecernos, créditos y estos invernaderos quitaron mucha hambre», sentencia.
De hecho, hoy en día, treinta años después, siguen siendo el medio de vida para este centenar de agricultores «y para muchos más que se benefician indirectamente, la gente que empleamos, manipuladores de frutas...». Y precisamente, el juez ha tenido en cuenta que los invernaderos son el sustento de estas familias para impedir a Costas que los derribe antes de que se resuelva el pleito.
Aunque entiende que debe prevalecer el interés público de recuperar el terreno, el juez considera en este caso hay que buscar «un equilibrio justo» y no perjudicar a estas familias en tanto que no existe un proyecto de paseo marítimo que justifique la urgencia en recuperar el terreno público. De hecho, los agricultores advierten que si se derriban los invernaderos sin establecer ningún sistema de protección con espigones el avance del mar hará perder esos terrenos.
Un juez «razonable»
«El juez ha sido razonable por fortuna, qué necesidad hay de perjudicar a tantas familias que comen de esto, con la crisis que hay, si aquí no hay proyecto para hacer nada», subraya José Andrés Montes, otro de los agricultores que recuerda que cuando se establecieron en aquellos terrenos «Costas lo consintió y desde entonces hemos vivido sin concesión pero pagando nuestro IBI».
«Por supuesto que reconocemos que esto es dominio público, pero mientras no sea para mejorar el pueblo, para proteger la zona, con un paseo y con unas indemnizaciones es una injusticia que nos echen para que esta tierra se la lleve la mar», opina José Andrés Montes, que destaca el apoyo de COAG a los agricultores para conseguir frenar las demoliciones. «Vivimos con la ilusión de que este auto nos de unos años de tranquilidad, hasta que se resuelvan los pleitos», apunta Antonio Castilla, otro de los agricultores afectados. Su caso es uno de los más llamativos, ya que él no ocupó los terrenos sino que los compró después, en 1982, con un préstamo. «Esto era una rambla, lo acondicionamos nosotros con mucho trabajo y mucha inversión. Y somos los primeros dispuestos a marcharnos si aquí hay un proyecto para hacer algo, pero con alguna compensación», insiste.