Granada, 27 abr (EFE).- La Unidad Adscrita de Policía Judicial a la Fiscalía Superior andaluza es uno de los referentes nacionales en la lucha contra los grafitis sobre bienes e inmuebles protegidos, por lo que su pionera experiencia en este ámbito será trasladada a otras provincias de la comunidad para aunar protocolos de actuación.
Así lo ha anunciado en una entrevista con Efe J.M. Sáez, inspector jefe de esta unidad, integrada además por otro inspector y un suboficial, dependiente del fiscal superior andaluz, Jesús García Calderón, y que tiene su sede en la Real Chancillería de Granada.
La unidad, centrada en la investigación de personas aforadas pero también en la persecución de este tipo de daños contra el patrimonio, intensificó su especialización para combatir las pintadas ilegales en noviembre de 2009.
A raíz de un grafiti en el Monasterio de Santa Isabel la Real, en Granada, el fiscal superior abrió en diligentes informativas en un decreto en el que consideró "imprescindible" coordinar las actuaciones para combatir esas agresiones al patrimonio.
Según el jefe de la unidad adscrita, a partir de ese momento se "toma conciencia" de la importancia de los daños que se causan a emplazamientos históricos y comenzó un tratamiento diferencial en su persecución, que incluyó la confección de un catálogo de Bienes de Interés Cultural (BIC).
Ese trabajo de campo inicial conllevó entrevistas con los propietarios de estos lugares, algunos de ellos privados, y la elaboración de una amplia base de datos fotográfica, con cerca de 3.000 registros, de estos BIC y sus alrededores, también protegidos por impacto visual en un perímetro de unos 50 metros.
Se pretendía así aumentar la conciencia sobre estas agresiones, buscar la corresponsabilidad por parte de la clase política, las fuerzas de seguridad y las administraciones implicadas y poner un marcha un protocolo común y homogéneo de actuación, el que ahora se pretende trasladar al resto de provincias andaluzas.
Si en un primer informe referido a 2009, la Policía Judicial observó despreocupación por estas pintadas, descoordinación en su persecución y daños elevados, las conclusiones de 2010 seguían poniendo de manifiesto que continuaban sin denunciarse muchas de las agresiones y que existía un porcentaje "escandaloso" de BIC afectados.
De hecho, de los 64 Bienes de Interés Cultural (BIC) susceptibles de ser pintados, dejando fuera a otros diez por ser lugares a los que por sus características no se podía acceder, 48 de ellos presentaron grafitis, por lo que un 75 por ciento de los mismos resultaron afectados.
Aunque la Unidad policial aún no ha cerrado el informe correspondiente a 2011, Sáez ha avanzado a Efe que "se intuye" una disminución en las agresiones a los BIC o, al menos, una estabilización en las mismas.
En cualquier caso las pintadas continúan, por lo que propone mejorar el uso de la denominada "seguridad estática", a través de cámaras de vigilancia y la utilización de los centros de pantallas ya existentes en las ciudades.
Los grafitis o pintadas sobre bienes protegidos o considerados bien de interés cultural pueden ser tipificados como falta cuando sus daños no superan los 400 euros o bien como delito contra el patrimonio si sobrepasan esa cantidad, lo que puede ser castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multas.
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