Santiago Pérez, en una imagen de archivo.
Sólo en Granada, 53 consistorios se quedaron fuera del programa especial para saldar las deudas D.B.F. /GRANADA
A los aficionados de los videojuegos les debe sonar la expresión "una vida extra". Es cuando al jugador se le acaba la posibilidad de seguir jugando porque no ha cumplido un objetivo o resulta muerto pero en el desarrollo de la historia ha conseguido el privilegio de poder seguir con la partida. Así debe sentirse algún que otro alcalde, con una vida extra, tras la decisión del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de abrir un plazo extraordinario para los ayuntamientos que no fueron capaces de plantear un plan de ajuste o a los que, directamente, el Gobierno les dijo que no valía.
Y no es una decisión que afecte a pocos ayuntamientos en Granada. De la medida, convertida en un balón de oxígeno a pagar en diez años a un banco -o a varios-, se habían quedado fuera más de medio centenar de consistorios de la provincia. 53, para ser más precisos. O lo que es lo mismo, prácticamente uno de cada tres ayuntamientos de Granada no hizo bien los deberes o no pudo hacerlos. Porque la realidad es que 12 de esos ayuntamientos que presentaron su plan de pagos y el correspondiente plan de ajuste vieron cómo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas le echaba para atrás las cuentas. Pero es que otros 41 ni siquiera llegaron a remitir el imprescindible plan a pesar de haberse adherido al programa a proveedores y haber solicitado el préstamo para abonar su deuda con los proveedores.
En un principio, y partiendo de la base de que aquellos a los que, por una cosa o por otra, los ayuntamientos no le han pagado lo que les debe iban a cobrar igual, se planteó la posibilidad de que el Estado recortase a la mitad las transferencias que realizase a esos municipios remolones, de los que no se quiso dar el nombre, se alegó en su momento, porque sin saber demasiado bien cómo estaban incluidos por la Ley de Protección de Datos. A pesar de que el PP, un día antes, había dicho algunos de esos nombres, como Albuñol, Alhendín, Alicún de Ortega, Armilla, Cúllar, Murtas, Otura y Polopos. Estos consistorios, se supone, estarían ubicados en la modalidad de plan de ajuste presentado pero rechazado por el Gobierno.
Pero el caso es que el Ministerio ha decidido darle otra oportunidad a esos ayuntamientos que no contaban con el correspondiente plan de ajuste. Según informó ayer la Subdelegación del Gobierno en un comunicado, la medida ha sido consensuada con la Delegación del Gobierno en Andalucía y el propio Ministerio "atendiendo a a las peticiones realizadas el pasado 14 de mayo", día en el que se analizó en una reunión la situación en la que quedaban los ayuntamientos que o no habían realizado el documento o lo habían hecho de forma incorrecta.
Según el comunicado de la Subdelegación, "con esta medida el Gobierno vuelve a mostrarse sensible a las peticiones de los ayuntamientos al margen del futuro decreto pendiente para el mes de julio en el que se abordarán algunas de las medidas sugeridas por la Delegación del Gobierno de Andalucía", como la posibilidad de que estos ayuntamientos únicamente se les retuviera el 25% de la participación en los ingresos del Estado en lugar del 50 o incluso refinanciar la deuda a más años de los inicialmente previstos para hacer menos gravosa la situación de los ayuntamientos.
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