'Trama de Tetuán': El juez Del Arco abre diligencias previas contra los implicados ideal.es

                                                 Luisa García Chamorro da a conocer la decisión del juez Del Arco. / RAMÓN L. PÉREZ

Les atribuye presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos mercantiles

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MIGUEL ALLENDE | GRANADA

El magistrado-juez Miguel Ángel del Arco, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, ha abierto diligencias previas contra las trece personas presuntamente implicadas en la que es conocida como 'trama de Tetuán' y de la que forman parte políticos, funcionarios de la Diputación de Granada y empresarios. En un escrito remitido al presidente de la Corporación Provincial y que ha sido dado a conocer esta misma mañana, Del Arco relaciona indiciariamente con los supuestos delitos a quien fuera vicepresidente segundo de la institución, Julio Miguel Bernardo Castro; al funcionario y director del Área de Cultura, Juventud y Cooperación Local, Jorge López López; y a la empresaria María del Mar Franco Sabiote, representante de Artefacto Gestión Cultura y mujer de Francisco Cuenca, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, entre otros.

La vicepresidenta primera de la Diputación de Granada, Luisa García Chamorro, acaba de dar cuenta ante los medios de comunicación de la decisión judicial. En su comparecencia informativa ha manifestado que "no estamos ante meros indicios sino ante la comisión de tres delitos, que son los más graves que puede cometer un cargo público".

En opinión de García Chamorro, la apertura de diligencias judiciales viene a demostrar que tanto PSOE como IU "no eran tan limpios como intentaron vender a la opinión pública granadina cuando abandonaron el gobierno de la Diputación". Y en base a lo anterior, la responsable política del equipo de gobierno actual de la institución provincial ha manifestado también que "ahora entendemos por qué nos acusaban de anclarnos en el pasado; lo que intentaban era lisa y llanamente correr una cortina de humo para ocultar esas supuestas prácticas ilegales con las que gestionaron fondos públicos".