Podrán prorrogar el permiso los locales que tengan la concesión en vigor cuando empiece a aplicarse la reforma de la ley, lo que afecta a 4.266 en toda España.
ROSA FERNÁNDEZ / MOTRIL / JUANJO ROMERO / ÓRGIVA En la provincia de Granada son 44 titulares de concesiones de ocupación de dominio público marítimo terrestre las que tendrán derecho, de acuerdo con el proyecto de reforma de la Ley de Costas, a solicitar la prórroga de este permiso por 75 años más desde su fecha máxima de caducidad. Este número es la práctica totalidad de las que estaban pendientes, por lo que supone una buena noticia para el sector granadino.
Así se desprende de una respuesta que el Gobierno central acaba de hacer pública en el Congreso de los Diputados a una pregunta de la ex ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. En concreto, la diputada socialista formuló: "¿Cuántos titulares de concesiones sobre dominio público marítimo-terrestre están afectados por la prolongación a 75 años de las concesiones previstas en el anteproyecto de reforma de Ley de Costas?".
El secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios respondió por escrito: "La prórroga afectará a todas aquellas concesiones que estén vigentes a la entrada en vigor de la reforma siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley una vez aprobada. Los cálculos efectuados concluyen que son 4.266 titulares los que podrían solicitar la prórroga dispuesta en el Proyecto de Ley".
A continuación, el Gobierno de España da una relación de 25 demarcaciones por provincias (además de las ciudades de Ceuta y Melilla), en la que aparecen 44 en la provincia de Granada. Llama la atención de que en el cómputo de la comunidad autónoma andaluza la que mayor número aporta al total de 4.266 sea la que menos franja de litoral tiene junto a la de Granada. Se trata de Huelva, que con 120 kilómetros de costa presenta 438. A Cádiz corresponden 225 y 140 a Málaga. Destaca además que la provincia de Almería, a pesar de ser una de las que más kilómetros de costa tiene, sólo se incluyen 50, una cifra que no ha sentado nada bien a la provincia vecina. En la relación también figuran los 36 ubicados en Sevilla, que también tendrán derecho a esta autorización, a pesar de no tener mar.
En el ránking nacional, las Islas Baleares con 508, Huelva con 438, Alicante con 338 y las 330 de Murcia y 261 de Castellón acaparan las primeras posiciones. En el otro extremo se sitúan las concesiones de Granada (que tiene un total de 52 chiringuitos y una costa de apenas 70 kilómetros), con 44, y de Almería, con 50. Sin embargo, éstas no son las últimas, ya que superan a las provincias de Sevilla y de Lugo -con 36- y la ciudad autónomas de Ceuta, que presenta 2, y la de Melilla, en la que nadie ha solicitado la prórroga.
Aunque la interpelación parlamentaria no especifica si esas 44 concesiones son todas las existentes en la provincia, el presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical comentó hace unos meses que de los 52 establecimientos que nacieron después de la Ley de Costas del 88 "la mayoría de estos locales han buscado la renovación de sus concesiones caducadas, aunque sin éxito", por lo que ya entonces afrontaba con ilusión la reforma de esta normativa que permitirá que "los algo más de 40 chiringuitos que no tienen la concesión renovada, por fin conseguirán el papel que les asegure la permanencia".
Se trata de chiringuitos con posibilidades de renovar licencia, no de otorgar nuevas, si bien el cálculo del Gobierno se ha hecho en base a aquellos "que cumplan los requisitos establecidos en la Ley, una vez aprobada". En total, serán 4.266 titulares los que podrán solicitar la prórroga dispuesta en el proyecto de ley.
No obstante, debe tenerse en cuenta, tal y como recoge la respuesta del secretario de Estado que la prórroga no es automática, ya que el artículo segundo del proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas dispone que "en el caso de concesiones que amparen ocupaciones para usos destinados a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera, la prórroga sólo será concedida previo informe específico del órgano ambiental de la comunidad autónoma en la que radique la ocupación", por lo que la cifra facilitada por el Ejecutivo central podrá variar.
La diputada socialista Cristina Narbona preguntó también: "¿Puede el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente proporcionar esta información por términos municipales?" El Gobierno, en este sentido, no aportó esta información adicional.
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