Quieren que la Justicia estudie cada caso de forma pormenorizada antes de que sus expedientes desemboquen en el lanzamiento de sus viviendas por impago
Y. HUERTAS / GRANADA 
Alrededor de 30 familias de la capital granadina y de pueblos del cinturón inmersas en procedimientos de desahucio por impago de sus hipotecas solicitaron ayer en los juzgados civiles de Plaza Nueva, a través del grupo Stop Desahucios de Granada, la suspensión de sus procesos antes de que lleguen a la fase del lanzamiento.
En declaraciones a la prensa, Pepe Iglesias, miembro de la plataforma y abogado, explicó que los afectados, que han presentado sus solicitudes de forma individual, carecen de recursos para hacer frente a sus préstamos hipotecarios, por lo que piden que se paralicen sus expedientes y sus casos sean revisados antes de que pierdan sus viviendas. "La nueva normativa, el Real Decreto último, solamente suspende la última fase del procedimiento, que es el desalojo, pero no todo el procedimiento; por eso venimos a pedir que se suspendan los procesos antes, para que se estudien por los juzgados uno a uno", aclaró el letrado.
Habitualmente, cuando una familia deja de pagar la hipoteca, el banco presenta una demanda ejecutiva, que según el abogado, es tramitada "sistemáticamente" por el juzgado, "sin revisión alguna". Para Stop Desahucios, esas demandas ejecutivas están basadas en contratos hipotecarios que "tienen con mucha frecuencia cláusulas abusivas, que deben de anularse y que pueden ser motivo de suspensión o archivo del asunto".
Iglesias precisó que aunque ayer fueran alrededor de 30 las peticiones de suspensión de procesos presentandas, la plataforma espera que la semana se cierre con unas 80 solicitudes en la provincia. En este contexto, precisó que las formuladas ayer se corresponden con la capital y los municipios que entran dentro del partido judicial de Granada y que, por lo tanto, no se incluyen en su cómputo las que están aterrizando en otros partidos judiciales de la provincia, como Baza o Motril.
El letrado reconoció que la mayoría de las familias solicitantes no reúne los requisitos que establece el Real Decreto de los desahucios, pues "es muy restrictivo y no satisface las necesidades que tienen las familias, sino que sólo se puede aplicar a familias que están en una situación de exclusión social intensa, sin ningún tipo de ingresos".
Stop Desahucios, que contempla "de forma muy negativa" la solución hasta ahora dada por el Gobierno al problema, confía en que las peticiones de las familias granadinas prosperen. En otras provincias, según comentó Iglesias, sí han sido atendidas. "No sé si por petición de los propios afectados o de oficio por parte de los jueces, pero en otras ciudades han acordado suspender todos los procedimientos para estudiar los casos uno a uno".
En declaraciones a la prensa, Pepe Iglesias, miembro de la plataforma y abogado, explicó que los afectados, que han presentado sus solicitudes de forma individual, carecen de recursos para hacer frente a sus préstamos hipotecarios, por lo que piden que se paralicen sus expedientes y sus casos sean revisados antes de que pierdan sus viviendas. "La nueva normativa, el Real Decreto último, solamente suspende la última fase del procedimiento, que es el desalojo, pero no todo el procedimiento; por eso venimos a pedir que se suspendan los procesos antes, para que se estudien por los juzgados uno a uno", aclaró el letrado.
Habitualmente, cuando una familia deja de pagar la hipoteca, el banco presenta una demanda ejecutiva, que según el abogado, es tramitada "sistemáticamente" por el juzgado, "sin revisión alguna". Para Stop Desahucios, esas demandas ejecutivas están basadas en contratos hipotecarios que "tienen con mucha frecuencia cláusulas abusivas, que deben de anularse y que pueden ser motivo de suspensión o archivo del asunto".
Iglesias precisó que aunque ayer fueran alrededor de 30 las peticiones de suspensión de procesos presentandas, la plataforma espera que la semana se cierre con unas 80 solicitudes en la provincia. En este contexto, precisó que las formuladas ayer se corresponden con la capital y los municipios que entran dentro del partido judicial de Granada y que, por lo tanto, no se incluyen en su cómputo las que están aterrizando en otros partidos judiciales de la provincia, como Baza o Motril.
El letrado reconoció que la mayoría de las familias solicitantes no reúne los requisitos que establece el Real Decreto de los desahucios, pues "es muy restrictivo y no satisface las necesidades que tienen las familias, sino que sólo se puede aplicar a familias que están en una situación de exclusión social intensa, sin ningún tipo de ingresos".
Stop Desahucios, que contempla "de forma muy negativa" la solución hasta ahora dada por el Gobierno al problema, confía en que las peticiones de las familias granadinas prosperen. En otras provincias, según comentó Iglesias, sí han sido atendidas. "No sé si por petición de los propios afectados o de oficio por parte de los jueces, pero en otras ciudades han acordado suspender todos los procedimientos para estudiar los casos uno a uno".
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