La deuda de la Junta deja a más de 6.000 sordos con un solo intérprete granadahoy.com

Imagen de archivo de un intérprete en lengua de signos.

La Administración debe a la Federación Andaluza 3 millones La situación atenta contra sus derechos

S. VALLEJO GRANADA 
En Granada hay más de 6.000 personas sordas o con alguna discapacidad auditiva que pueden verse obligados a recurrir a un intérprete para asegurar su comunicación diaria en aspectos tan esenciales para la vida como acudir al médico, realizar alguna tarea administrativa en una institución o banco o ir a un juicio. Ahora, por los impagos de la Junta de Andalucía, todos esos usuarios potenciales sólo tienen un intérprete al que acudir ya que se ha tenido que reducir este servicio, al igual que otros que presta la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (FAAS), con sede en Granada, a la que la Junta adeuda tres millones de euros pese a atender a más de 60.000 personas en la comunidad. 

Así lo denunció ayer a este periódico el presidente de FAAS, Alfredo Gómez, quien quiso transmitir la "grave situación" en la que se encuentran por la deuda de la Junta de Andalucía, que les está obligando a suprimir servicios y que pone en serio peligro "los derechos humanos" de las personas sordas ya que imposibilita, por ejemplo, su acceso igualitario al mercado laboral y su comunicación básica. 

Según Gómez, en los últimos tres años se han dejado de pagar subvenciones dirigidas por ejemplo a programas de empleo o a intérpretes en lengua de signos, servicios que están en serio peligro por la deuda de las consejerías de Empleo y de Salud y Bienestar Social. "Esto obliga a la Federación a reducir servicios que presta" mientras por otro lado se multiplica la demanda para entrar en esos programas de empleo ya que la tasa de paro entre las personas sordas, por ejemplo, triplica a la del resto de ciudadanos. 

En intérpretes de lengua de signos la disponibilidad se ha visto reducida drásticamente. En Granada, por ejemplo, si antes había cinco para atender a más de 6.000 personas, ahora hay uno solo. Lo mismo ocurre en el resto de provincias, como en Sevilla, donde se ha pasado de seis o siete intérpretes también a uno. "Esto ha supuesto un retroceso de dos décadas" en la comunicación en igualdad de las personas sordas, asegura su presidente, quien lamenta que por un lado la Junta apruebe la ley (noviembre de 2011) por la que se regula el uso de la lengua de signos y por otro lado comprometa su utilización por no cumplir con los pagos para soportar el servicio, que ahora sigue "gracias a la buena voluntad de los trabajadores", que llevan tiempo sin cobrar. 

A esto hay que sumar la supresión de otros servicios como el intérprete de urgencia, un programa que estaba vigente desde hacía diez años y que garantizaba la disponibilidad de un intérprete las 24 horas ante situaciones de emergencia como un accidente. 

Con esta realidad, desde la Federación dan un ultimátum a la Junta de Andalucía de un mes para aplicar un calendario de pagos ya que están al límite . "Mantenemos diálogo constante y llamamos todos los días pero el dinero no llega", relata Alfredo Gómez. 

"Resulta agresivo que la Junta favorezca la indefensión" de este colectivo. "Comprendemos la situación pero no se pueden tocar los derechos humanos de las personas sordas. No se puede recortar en servicios que son fundamentales para la vida diaria porque retrocedemos en igualdad", reclama. 

En su llamamiento a la Administración exigen por tanto que "cumplan con el plan de pagos" y que "no recorte en programas esenciales y básicos". 

Con el recorte en intérpretes, por ejemplo, se da la paradoja de que las personas sordas tienen que aguantar "doble lista de espera" ya que tienen que adaptar sus citas o compromisos a la disponibilidad de intérpretes. Algo "grave" en cuestiones como las citas médicas. 

Respecto a los programas de empleo, "no se pueden" ni empezar por la falta de ayudas, por lo que dejan poco margen de maniobra. "Antes se pagaba puntualmente pero ahora el expediente más antiguo que tenemos es de 2010", asegura el presidente de la FAAS, quien dice mantener contacto con otras asociaciones de discapacidad en la misma situación. No descartan movilizaciones en caso de prolongarse más la situación.