Antonia Martín Naciones Unidas proclamó el 28 de abril Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo para promover el trabajo seguro, saludable y decente. En este 2013, durante la jornada conmemorativa y reivindicativa de este día, bajo el lema «Las reformas y los recortes del Gobierno hacen peligrar la salud y seguridad en el trabajo», se hace urgente reflexionar sobre las consecuencias que este modelo económico tiene en la salud de los trabajadores y trabajadoras y la salud pública en general.
Mañana 28 de abril es una jornada para reflexionar por qué hemos retrocedido a unas condiciones laborales sin derecho a la salud, ni salariales, ni de descanso, ni de jornada, ni de formación; incluso en empresas que anuncian a bombo y platillo, en prensa económica y en sus juntas de accionistas, que han obtenido boyantes beneficios y que han crecido respecto al año anterior.
El importante recorte económico del 40% llevado a cabo por el Gobierno en materia de políticas públicas en prevención de riesgos laborales, y que en el caso de algunas comunidades autónomas alcanza hasta el 100%, podrá tener como consecuencia a medio y largo plazo un aumento considerable de la siniestralidad laboral, además de un considerable aumento de los costes que en materia de prestaciones de incapacidad, invalidez, viudedad y orfandad.
Ha pasado poco más de un año desde que se aprobara la reforma laboral del Gobierno actual y nos ha llevado a la situación de mayor pérdida de derechos del período democrático. Patronal y Gobierno han puesto las medidas necesarias para ello.
Medidas como la retirada de mejoras de convenios en materia de Incapacidad Temporal o la cesión del control de las IT a las mutuas, unidas al miedo de perder el empleo, hacen que los trabajadores acudan a su puesto de trabajo sin haberse recuperado de su enfermedad, con las consiguientes consecuencias para la salud individual y para la salud pública.
El fraude empresarial en el incumplimiento de su obligación legal esencial de defender la vida y la salud de los trabajadores es un hecho incuestionable que a nuestras administraciones públicas, autoridades laborales, Fiscalía General del Estado, inspecciones de trabajo, jueces de lo Social y defensores del pueblo parece que no les importar en absoluto.
Tendrá consecuencias graves, a medio y largo plazo, para la salud laboral el no considerar prioritario las inversiones en prevención, así como los recortes en esta materia por parte de las administraciones públicas.
Este beneplácito de la Ley es una violación muy grave del derecho a la salud de los trabajadores y trabajadoras. Alguien tiene que asumir su responsabilidad en este ataque contra un derecho tan esencial y fundamental como es el derecho a la salud.
Ante esta situación cabe preguntarse: ¿Existe una salida de la crisis más solidaria, equitativa, justa y que garantice una adecuada protección social, con una fiscalidad progresiva y con reformas en los sistemas productivos que apuesten por la calidad y el valor añadido del factor humano?
¿Qué podemos hacer ante esta situación tan injusta, falta de ética e insolidaria, basada en el valor del dinero por encima de otros referentes y que culpabiliza y penaliza al trabajador y a la trabajadora, mientras en los medios de información aparecen noticias de corrupción, fraude, prevaricación y mil figuras punibles más de abuso de autoridad?
La respuesta que nos vemos abocados es reivindicar, tomar la calle y protestar; movilízate, es tu derecho y tu arma. Exige frente a empresas y poderes públicos condiciones de trabajo dignas, seguras y saludables.
El peor daño que se hace a las personas trabajadoras y que he apreciado directamente durante la realización de las encuestas que CCOO está llevando a cabo dentro de una campaña de sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales, es la sensación de impotencia y la convicción de que no es tiempo de quejas ni reclamaciones.
Es una postura que recuerda a otros tiempos. No te quedes impasible, para la clase trabajadora, la lucha es un derecho irrenunciable y un arma más fuerte de lo que creemos.
*Antonia Martín es responsable del Área de Salud Laboral en el Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Málaga
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