Granada es, junto a Málaga, la provincia andaluza con mayor número de desahucios ordenados durante el año pasado
L. Q. GRANADA
Más de 4.000 propietarios de bienes inmuebles en la provincia de Granada tienen sobre sí el peso de una posible ejecución hipotecaria. Es decir que podrían perder su casa o su negocio por impago de las cuotas de las hipotecas. La mitad de esos procesos se iniciaron durante el año pasado.
Según los datos de la Memoria de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Granada ha sido una de las provincias más afectadas por este problema social y económico. Junto a Málaga es la provincia con más casos de desahucios registrados a lo largo del año.
El PSOE de Granada puso ayer de relieve estas cifras para advertir de la necesidad de buscar una solución que ayude a paliar la situación, que no deja de agravarse año tras año. Los socialistas anunciaron que van a llevar al Senado este asunto para tratar de que se incorpore el decreto andaluz sobre la función social de la vivienda a la ley hipotecaria del Gobierno central. Esto ocurre después de que el PP haya terminado la tramitación de esta normativa en el Congreso "de forma injusta y en favor de las posiciones del sector financiero", en palabras del diputado por Granafa José Martínez Olmos.
El también portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso recordó ayer que sólo en Granada se registran de 5 a 6 desalojos diarios de media y ha avanzado que su formación continuará amparando la reivindicación social contra los desahucios.
De hecho Martínez Olmos recordó que el Partido Socialista ha planteado la extensión de la iniciativa andaluza al conjunto de España para que "todos los ciudadanos puedan defender su derecho a la vivienda en igualdad de condiciones".
Para el PSOE, los desahucios constituyen uno de los símbolos más relevantes de los efectos de la crisis económica, mientras que los poderes públicos vinculados al Gobierno del PP deciden rescatar a la banca "de forma indecente". El diputado socialista agregó que es la movilización ciudadana la que está consiguiendo situar en el debate social y político esta problemática y poner de manifiesto que "desgraciadamente el PP no está dando solución alguna".
"Se trata de un problema que, de no ser abordado con justicia, puede conllevar un incremento muy importante de la indignación de la ciudadanía que no augura nada bueno para el conjunto de la sociedad española", declaró ayer Martínez Olmos, para insistir además en que esta situación no la han creado las familias, sino los responsables de las entidades financieras.
El representante socialista hizo un llamamiento a los responsables de las entidades financieras, sobre todo las rescatadas, para que den "un paso al frente" con objeto de evitar más desahucios.
La parlamentaria andaluza del PSOE y vocal de la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento Nieves Masegosa recordó que la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía arroja datos muy "alarmantes", ya que sólo en 2012 han aumentado un 40% las diligencias de lanzamiento y quedan pendientes de lanzamiento más de 1.800 casos en Andalucía.
Según la parlamentaria, el decreto sobre la función social de la vivienda aprobado por la Junta tendrá una incidencia importante sobre estos casos pendientes. De hecho ya hay 25 familias granadinas que se han acogido a la nueva normativa.
A juicio de la representante socialista, este decreto nace con una voluntad "totalmente distinta" a como viene trabajando en la materia el Gobierno del PP. "Se trata de un decreto aprobado con carácter urgente, pero que tendrá tramitación parlamentaria con el objeto de que todas las formaciones puedan hacer aportaciones, algo que contrasta con las políticas del PP, que viernes a viernes machaca a la ciudadanía con decretos".
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