"¿Por qué tiene que estar la gente en la calle con tantos pisos vacíos?" ideal.es

Con dos hijos y una persona mayor a su cargo, Rosario Ruiz y Emilio Linares conforman una familia que podrá acogerse al decreto ley de la Junta que expropia casas

PABLO RODRÍGUEZ | GRANADA

Rosario Ruiz y Emilio Linares, ayer a las puertas del colegio Padre Suárez. :: P. RODRÍGUEZ

Entre las grandes manos de Emilio Linares no hay resquicio a la duda: la lucha por su vivienda continúa. "A mí del piso solo me van a sacar con los pies por delante", señala junto a su mujer, Rosario Ruiz, en los escalones del colegio Padre Suárez, antes de una de las sesiones de Stop Desahucios. Esta pareja, que vive en su piso del Zaidín junto a sus dos hijos y al padre de ella, permanece en la lucha por mantener su propiedad y conforma una de las familias granadinas que podrán acogerse al nuevo decreto ley de la Junta de Andalucía.

Para Emilio y Rosario la pesadilla comenzó hace siete años, cuando adquirieron su vivienda en la calle Bernarda Alba, en Granada. La pareja pidió un préstamo hipotecario con cuotas de 900 euros al mes que se hicieron insostenibles cuando Emilio se quedó sin trabajo.

Avisada de la eventualidad, la entidad financiera con la que contrajeron la hipoteca les permitió en un primer momento que aportaran pagos menores para poder seguir cumpliendo. No obstante, la situación no se sostuvo demasiado en el tiempo y hace dos años y medio les visitó un representante bancario que les exigió 3.000 euros para no perder la casa.

"No nos negamos a pagar"

"No habíamos fallado en ninguna cuota y en ningún momento nos negamos a pagar, pero era imposible hacer frente a esa cantidad", señala Rosario. Aunque la pareja ofreció diferentes propuestas para seguir cubriendo la hipoteca, el banco rechazó los ofrecimientos y anunció medidas contra ellos. "Las amenazas eran constantes, a mi marido lo cogieron en la calle cuando iba al trabajo y le dijeron que no tenía narices si no pagaba", denuncia Rosario.

La única salida ofrecida por el banco fue que entregaran las llaves y el ofrecimiento de un préstamo para pagar las deudas hipotecarias, algo a lo que la familia se negó. "¿Qué íbamos a hacer? ¿Nos íbamos a vivir debajo de un puente?", exclama ella. En mayo de 2011 la casa entró en subasta y la misma entidad, el Banco Santander, se hizo con ella a un precio reducido. Sin información y sin poder contactar con la compañía compradora, la pareja llegó a 'encerrarse' en una oficina para conocer más datos.

Rosario y Emilio supieron en mayo del año pasado que su piso había sido vendido en un paquete a una empresa extranjera. Desde entonces han ofrecido varias propuestas a la entidad para recuperar la propiedad, sin que hasta el momento se haya acordado nada.

La situación es desesperada, aunque por el momento no hay fecha de desahucio. Con dos hijos y una persona mayor a cargo, Rosario y Emilio se encuentran al límite. La puesta en marcha del decreto ley contra los desahucios es una puerta que se abre para que la pareja encuentre una solución. "Nos parece bien la medida; ¿por qué tiene que estar la gente en la calle con un parque de seis millones de viviendas vacías?", apunta Rosario.

No obstante, no todo está hecho. Su caso, como el de muchos otros, continúa pendiente de una solución. "Es una situación muy dura, pero tenemos claro que no vamos a dejar el piso", afirma tajante Emilio. A su lado, Rosario también se mantiene firme: "Lo decimos con buena voluntad, que se pongan las pilas, queremos hechos de una vez por todas y no admitiremos más muertes por desahucios".