La primera parte de la operación ha finalizado y los agentes estudiarán ahora la documentación incautada en los distintos registros efectuados
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JOSÉ R. VILLALBA | GRANADA
Agentes de Policía abandonan la oficina del Catastro este miércoles. /R. L. P.
El Juzgado de Instrucción 1 de Granada decretó en la noche de este jueves libertad con cargos para los tres detenidos en el marco de la Operación Isolda de la Guardia Civil contra la trama para modificar de forma fraudulenta el catastro de Granada, un funcionario de la Gerencia Territorial de este organismo, un arquitecto de la localidad de Alhendín y un empleado de una notaría de Albuñol, quienes han pasado en la tarde de hoy a disposición judicial, según fuentes de la investigación. De esta manera, el Juzgado de Instrucción 1 de Granada, encargado de la investigación, ha decretado en libertad con cargos a los tres detenidos, imputándole a estos la presunta comisión de delitos de "falsedad en documento oficial, cohecho y negociación prohibida a funcionarios públicos".
La decisión judicial es idéntica a la adoptada en Málaga el pasado mes de marzo de 2012 cuando la UCO destapó otra trama de presuntos fraudes en elCatastro malacitano. Allí detuvieron a ocho personas e imputado a otras siete, como presuntos autores de diversos delitos relacionados con la modificación fraudulenta del Catastro. Hacían creer a los ciudadanos interesados en la adquisición de suelo, principalmente extranjeros, que sobre las parcelas que compraban se podía construir de manera legal, cuando en realidad se trataba de parcelas no urbanizables.
Los presuntos fraudes en Granada funcionaban de otra forma. La investigación ha permitido desarticular esta presunta trama compuesta por el jefe de servicio de la Gerencia Territorial del Catastro de Granada, quien presuntamente, en connivencia con un arquitecto y un empleado de notaría, modificaba temporalmente las bases de datos del Catastro con el fin de obtener certificaciones catastrales falsas a favor de particulares.
El precio de Las presuntas compensaciones económicas se desconoce pero iban en función del tamaño de la finca. En la trama de Málaga las comisiones ilegales cobradas superaban los 40.000 euros.
Así se desarrolló la jornada:
Los tres detenidos en la operación Isolda contra el fraude en el Catastro de Granada delcararon ante el titular del Juzgado de Instruccion número 1 de Granada. El hecho de no haber pasado por el juzgado de guardia, como suele ocurrir habitualmente, ha generado un error y por ello se dijo que no pasarian ante el juez hasta este viernes, que le toca turno de guardia al juzgado que instruye esta causa.
La Guardia Civil ha detenido durante los dos últimos días en la provincia de Granada a tres personas e imputado a otras cinco como presuntas autoras de diversos delitos relacionados con la modificación fraudulenta del Catastro. Los detenidos son un funcionario de la Gerencia Territorial del Catastro de Granada, un arquitecto de la localidad de Alhendín y un empleado de una notaría de Albuñol.
Especialistas en delincuencia urbanística de unidades centrales de la Guardia Civil, han registrado dependencias de la Gerencia Territorial del Catastro de Granada, un despacho de arquitectura, varios despachos de una notaría y un domicilio particular.
A los detenidos se les imputa, entre otros, varios delitos de falsificación de documento público, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho y estafa.
La investigación ha permitido desarticular una trama compuesta por un funcionario de la Gerencia Territorial del Catastro de Granada, quien en connivencia con un arquitecto y un empleado de notaría, modificaba temporalmente las bases de datos del catastro con el fin de obtener certificaciones catastrales falsas a favor de particulares.
De este modo, daban cobertura legal a posteriores alteraciones en la titularidad de las fincas, modificando los registros públicos, para que esas fincas pasaran a propiedad de terceras personas a cambio de compensaciones económicas.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 y Fiscalía Provincial de Granada, está siendo llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en estrecha colaboración con la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.
Según el subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez, la modificación de los registros se hacía en algunos casos sobre propiedades que no tenían un dueño "claro" o de personas que no eran "conscientes" de que se había producido tal alteración.
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