Nueve ayuntamientos andaluces se sitúan entre los 100 con mayor endeudamiento de España. El nuevo decreto de exclusión exceptúa a los deudores para que se beneficien de las ayudas.
ANTONIO FUENTES, SEVILLA
Cada andaluz debería abonar 808,5 euros para dejar a cero la deuda de los ayuntamientos andaluces con los bancos, que ascendió a 6.832 millones a finales de 2012. Sin embargo, existen muchas diferencias entre municipios, porque más de 90 localidades de la comunidad no deben ni un euro y, por contra, hay 84 que deben más de mil euros por habitante.
La deuda de los ayuntamientos andaluces es, en conjunto, superior por habitante a la media nacional, de 747 euros, y hay sólo nueve consistorios entre los cien más endeudados de España.
El pueblo con más deuda viva del país es Monasterio de la Sierra, en Burgos. Los 48 lugareños deben algo más de 8.500 euros cada uno. Le siguen otros pueblos pequeños hasta llegar a Ceuta, con 80.000 habitantes, entre los 25 primeros, y ya en el número 54 un gran municipio, Jaén.
El Ayuntamiento de esta ciudad se aúpa al poco honroso primer lugar en la comunidad. En el último año este Ayuntamiento gobernado por el PP ha visto como crecía su deuda con los bancos de 91 a 298 millones, un 227%, dejando una deuda de 2.553 euros a cada uno de sus 116.731 vecinos.
Algo similar ha ocurrido en Jerez de la Frontera, que quintuplicó su deuda. De 103 millones a final de 2011 ha pasado a 526 millones en un año y arrastra una deuda de 2.484 euros por cada uno de sus 211.900 vecinos. En números brutos, Málaga es el Ayuntamiento con mayor deuda, 748 millones, aunque la bajó un 0,8% con respecto a 2011. Sería el quinto del país, tras Madrid (7.400 millones) Barcelona (1.100 millones), Valencia (975 millones) y Zaragoza (882 millones). No obstante, es el número 30 en Andalucía por número de habitantes, con 1.318 euros por cada ciudadano.
Hay otros municipios con menor población que tienen una deuda muy por encima de la que podrían soportar sus contribuyentes. Es el caso de Alozaina, en las estribaciones de la Sierra de las Nieves, que cuenta con 2.230 vecinos y 5,4 millones de deuda, 2.441 euros para cada uno de ellos.
Así, son los ayuntamientos y corporaciones andaluces los que presentan un peor estado financiero en números brutos tras los de la Comunidad de Madrid, según el informe de deuda viva del Ministerio de Hacienda y Administración Pública. La asfixia financiera de muchas de estos entes locales se ha visto incrementada desde la primera publicación de este informe al cierre de 2008. Entonces los números rojos de las 771 localidades andaluzas eran de 3.883 millones, casi la mitad de la deuda viva que presenta en la actualidad el mundo local.
Desde la Junta de Andalucía ha habido propuestas como la que le trasladó el vicepresidente, Diego Valderas, al propio ministro Cristóbal Montoro, para que autorizara un aplazamiento en el pago de la deuda municipal por 40 años para una serie de consistorios.
También el decreto ley de medidas urgentes contra la exclusión social va a exceptuar que los ayuntamientos tengan que estar al corriente de sus obligaciones tributarias estatales o con la comunidad autónoma, así como de las obligaciones con la Seguridad Social. Se hará a semejanza del Plan de Transición al Empleo (Proteja), que añadió esta salvedad que no tuvo el Plan E de obras municipales de Zapatero. Se justifica en el carácter social de un paquete de medidas que pretende crear empleo urgente en los ayuntamientos para personas en exclusión social o riesgo de estarlo, la ayuda a domicilio y el servicio de comedores.
Los municipios recibirán una cuantía estimada en función de los datos de paro a final de año, garantizando en todo caso que todos los ayuntamientos tengan asignado como mínimo un contrato mensual por mil euros. En 15 días tras la publicación en el BOJA, previsiblemente hoy, tendrán que manifestar su adhesión al programa de ayuda a la contratación. La Junta reasignará esos fondos y en un mes publicará el listado definitivo.
La Junta además va a solicitar al Gobierno que exceptúe a los ayuntamientos del pago de la Seguridad Social de esos contratos. Es decir, de uno de mil euros, el trabajador cobraría unos 700. Si el Gobierno concede esta excepción, la Junta invertirá unos 16 millones en nuevos contratos, a sumar a los 40 ya presupuestados.
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