La mediación vecinal evita que una decena de conflictos lleguen a juicio ideal.es

Se trata de un proyecto piloto de la Consejería de Justicia de la Junta, en el que colaboran el Ayuntamiento y la Universidad

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MANUEL PEDREIRA | GRANADA

Virtudes es una mujer mayor que vive sola. Hasta hace poco, su soledad la 'adornaban' los ruidos de los tres estudiantes que ocupaban el piso de al lado, que le impedían descansar y hacer vida normal. Las quejas en persona se convirtieron pronto en denuncias, enseguida cruzadas entre las dos partes, y la bola de nieve empezó a rodar y a rodar con la Policía Local e inspectores de medio ambiente de por medio.

El conflicto entre estos vecinos había puesto la directa hacia los juzgados y nada parecía detenerlo hasta que en la escena apareció el servicio de mediación comunitaria. Un par de sesiones y asunto arreglado. Dinero y tiempo ahorrado a las partes y a las administraciones que empezaban a tomar cartas en el asunto a través de las denuncias.

El caso de Virtudes, nombre ficticio para un supuesto real, es uno de los ocho conflictos resueltos en lo que va de año por este servicio, impulsado por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía pero en el que participan también el Ayuntamiento de Granada, el Defensor del ciudadano y la UGR. Una decena escasa de casos solventados, otra veintena en curso y otros diez aproximadamente en los que no se ha intervenido porque la naturaleza del asunto no lo aconsejaba es el balance del servicio en sus primeros meses de funcionamiento.

Se trata de un programa piloto que durará un año y no es el único propiciado por la Junta ya que en Málaga se ha organizado otro de mediación sanitaria, mientras que en Sevilla se está desarrollando uno de mediación empresarial.

Como explica Mariola Aguilar, abogada y una de las encargadas de llevar el proyecto adelante, la mediación persigue que los ciudadanos resuelvan sus conflictos de forma dialogada, confidencial y gratuita. «Hay que restablecer la comunicación entre las partes, a menudo rota, y que sean ellas las que encuentren la solución. Es la garantía de que se cumplirá porque no se percibe como algo impuesto. No somos jueces ni policías», subraya.

La primera fase del proyecto piloto consistió en darse a conocer. Los responsables del servicio recorrieron las juntas municipales de distrito, los servicios sociales comunitarios y contactaron con la Policía Local, el colegio de administradores de fincas, asociaciones de mujeres, emigrantes, etc. Pronto empezaron a llegar los primeros casos, la mayoría relacionados con ruidos. El caso tipo puede ser parecido al de Virtudes. Un vecino no puede dormir por culpa de los ruidos y acude al servicio de mediación para pedir ayuda.

En esa primera visita se le explica en qué consiste la mediación y su carácter gratuito y confidencial. «Ni siquiera podrían llamarnos para testificar en caso de que el asunto llegará a juicio», subraya Mariola Aguilar para remarcar la naturaleza reservada del servicio. A partir de ese momento, los mediadores -en este caso, una abogada, una psicóloga y una socióloga- se ponen en contacto con la otra parte, bien por teléfono, por carta o con una visita. «A veces ni siquiera se conocen los propios vecinos», destaca. Una reacción habitual de los vecinos es negar la existencia del conflicto, aunque al final lo acaban reconociendo. «Concertamos sesiones con las dos partes y facilitamos que se comuniquen para que sean ellas las que vean que les va mal y que puede haber soluciones», detalla la mediadora.

Compromiso de buena fe

Las partes firman un documento de compromiso de buena fe y, en caso de alcanzar un acuerdo, podría llevarse a un notario y convertirse en ejecutivo aunque no es la práctica habitual.

El miedo al juicio, la rapidez de ese sistema y su economía acercan a los ciudadanos a este servicio, además de la flexibilidad de las mediadoras tanto en las temáticas que se tratan como en las horas de las reuniones. Además de los ruidos, que copan la mayor parte de los supuestos, también menudean casos de morosos o humedades, y también disputas en el funcionamiento de las comunidades de propietarios. Los casos han llegado desde muchos barrios (Zaidín, Centro, Norte, Ronda) sin que ninguno sobresalga. Alrededor de dos tercios de los usuarios son mujeres de entre 50 y 60 años aunque han aumentado los casos de jóvenes.

«La comunicación es la base. Contar el problema y entender que no es personal. Eso facilita llegar a una solución», enfatiza Mariola Aguilar. Sin faltar a su obligación de confidencialidad, la mediadora relata alguno de los casos más recientes. «Un hombre tenía problemas con olores y nadie se hacía cargo porque todos se echaban la culpa unos a otros. Pues bien, una sola sesión bastó y al final se encargó de arreglarlo la comunidad», rememora.

El servicio tiene un año de caducidad pero sus responsables confían en que los efectos calen y las autoridades se planteen su continuidad, como ya ocurre en municipios de Madrid, Cataluña y el País Vasco. «Se fomenta la cultura de paz y se ahorra dinero y tiempo a la administración», concluye.