El espejismo de tener un techo ideal.es

A. y su hija viven en Motril en un piso que se atuvo al decreto andaluz antidesahucios, pero tras su paralización temen verse en la calle

 

ÁNGELES PEÑALVER | GRANADA

A. completó los trámites, pero tras la paralización del decreto de la vivienda su futuro es incierto. :: J. MARTÍN

A., de 35 años, y su única hija –de ocho años– viven en un piso de Motril, en la zona norte. Son una familia monoparental desde que ella se divorciara hace unos años. Su marido se marchó –ahora le pasa 200 euros de pensión– y ella se quedó con las letras, un techo y las responsabilidades. «Al principio de comprarnos la casa en 2006 pagábamos 572 euros, luego el euribor pegó el subidón y nos pusimos en más de 700 euros. Teníamos las famosas cláusulas suelo y no nos bajaba la letra, sino que nos subía sin parar», narra esta limpiadora.

Tras la separación, ella trabajaba de empleada doméstica por horas y llegaba raspada a final de mes, así que le ofrecieron otro préstamo en su misma entidad bancaria para que pagara solo 400 y pico euros de letra. Aceptó. «Pero cuando acabó el periodo de carencia de dos años, en noviembre de 2011, me encontré yo sola con una mensualidad impagable», narra.

La crisis le pilló con una hipoteca de 836 euros que empezó a no poder ingresar porque el trabajo escaseaba conforme subían sus deudas. «Yo traté por todos los medios de negociar. La dación en pagó, un alquiler barato o que me dejaran abonar mensualmente todo lo que podía en ese momento, pero no me daban soluciones. Me sentía despreciada por el banco y ahora tengo hasta miedo de pasar por la puerta», rememora.

«Todo a contrarreloj»

Acumulaba impagos y la entidad financiera le comunicó que iba a adjudicarse la casa y posteriormente llegaría el desahucio. Estaba asfixiada, pero respiró aliviada cuando a principio de año la Junta de Andalucía – con los votos de PSOE e IU– aprobó el decreto por el que se expropiaban viviendas a los bancos temporalmente para no ejecutar los desahucios de las familias en riesgo de exclusión social. Era su caso.

A. recibió el aviso de una concejal de IU de Motril para que rellenara todos los papeles para solicitar la permanencia en el hogar donde vivía. Corrió a hacerlo todo «contrarreloj». No tenía otro remedio ni donde ir. Como ella, 25 familias pidieron amparo en abril, cuando entró en vigor el nuevo decreto ley de la Junta de Andalucía, que permitía a la administración expropiar casas antes de que cayeran en manos del banco y después dejaba seguir a los habitantes dentro abonando un alquiler social, en función de las ganancias de cada hogar.

«Yo ya lo tenía todo preparado, lo había tramitado a través de la Delegación en Granada y se había publicado en el BOJA que me iba a poder quedar en la casa al menos tres años, pagando un alquiler social del 25% de mis ingresos, que son 280 euros al mes por dos horas al día que trabajo», explica la afectada. A. cumplía todos los requisitos para atenerse a la norma antidesahucios porque, claro está, sus ingresos familiares no superaban el umbral establecido en el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que en 2013 alcanza un mínimo anual de 6.390,13 euros, es decir, una entrada de dinero mensual de 532,51 euros. A pesar de todo ello, el banco ya se había adjudicado su vivienda por 95.000 euros – de los 129.000 que tenía de préstamo– y le reclamaba la diferencia de las dos cantidades (34.000 euros) más 38.000 euros por los costes judiciales. «Una barbaridad», resume ella. Y rehúye firmemente de la idea de que ha vivido por encima de sus posibilidades. «Cuando nos compramos la casa mi exmarido y yo había ingresos suficientes para pagarla, nunca pensé que después las cosas iban a acabar así y que no tendría trabajo para poder hacer frente a las letras», narra A.

Pero llegó el decreto antidesahucios, que fue un espejismo. Cuando ya tenía la miel en los labios y pensaba que iba a tener una oportunidad para intentar levantar de nuevo el vuelo, A. se encontró en los telediarios y en los periódicos que el recurso que el PP había presentando ante el Tribunal Constitucional prosperaba y que los jueces paralizaban durante cinco meses la norma que la amparaba.

Tres meses de vigencia había tenido el decreto sobre uso social de la vivienda, que entró en vigor el 12 de abril y que el Tribunal Constitucional suspendió el 11 de julio cautelarmente. Todos los procesos en marcha quedaban detenidos, tanto las expropiaciones de uso de los pisos como la inspección del parque público de viviendas o las posibles sanciones a inmobiliarias y bancos que no tuvieran sus activos en alquiler.

A., que estaba a las puertas de tener un techo durante tres años más, con los expedientes ya puestos en marcha y aprobados, volvía a estar en la casilla de salida junto a su hija. «No sé qué voy a hacer. Espero que se apiaden de nosotras o que ocurra un milagro», se despide esta ‘desheredada’ de un decreto que nació en mitad de una polémica sobre la que todavía no se ha dicho la última palabra.