Manuel Martín , preocupado por las prácticas "no acordes con la legalidad" de algunas entidades
R. G. GRANADA
La Oficina del Defensor del Ciudadano de Granada ha remitido una carta a 236 sucursales de bancos y cajas de la ciudad solicitando que informen a los deudores hipotecarios de los derechos que les reconoce la legislación antidesahucios y que lo hagan en un lenguaje "fácilmente comprensible, adaptando la explicación a cada situación particular".
En la misiva, el defensor, Manuel Martín García, muestra su "preocupación" por las actuaciones "no acordes con la legalidad ni con el Código de Buenas Prácticas" que realizan algunos bancos y cajas contra personas que, queriendo afrontar el pago de su hipoteca, no pueden hacerlo, lo que, según afirma, "provoca situaciones graves en familias deudoras".
Ante esta situación, el defensor recuerda que la legislación actual permite a los deudores que se encuentren en fase de inicio o en curso del procedimiento de ejecución hipotecaria, y que reúnen las condiciones establecidas, ser "avisados de la posibilidad de continuar en la vivienda tras la finalización del procedimiento de ejecución". El Código de Buenas Prácticas a su vez posibilita que los deudores puedan reestructurar la deuda, fijar una quita y, en última instancia, acceder a la dación en pago.
En este contexto, y en la línea de la recomendación realizada por la Defensora del Pueblo español, Martín García solicita a estas entidades que informen y expliquen a estos afectados de los derechos que se les reconocen en la reciente legislación y lo hagan "en un lenguaje fácilmente comprensible, adaptando la explicación a cada situación particular".
En la misiva, el defensor, Manuel Martín García, muestra su "preocupación" por las actuaciones "no acordes con la legalidad ni con el Código de Buenas Prácticas" que realizan algunos bancos y cajas contra personas que, queriendo afrontar el pago de su hipoteca, no pueden hacerlo, lo que, según afirma, "provoca situaciones graves en familias deudoras".
Ante esta situación, el defensor recuerda que la legislación actual permite a los deudores que se encuentren en fase de inicio o en curso del procedimiento de ejecución hipotecaria, y que reúnen las condiciones establecidas, ser "avisados de la posibilidad de continuar en la vivienda tras la finalización del procedimiento de ejecución". El Código de Buenas Prácticas a su vez posibilita que los deudores puedan reestructurar la deuda, fijar una quita y, en última instancia, acceder a la dación en pago.
En este contexto, y en la línea de la recomendación realizada por la Defensora del Pueblo español, Martín García solicita a estas entidades que informen y expliquen a estos afectados de los derechos que se les reconocen en la reciente legislación y lo hagan "en un lenguaje fácilmente comprensible, adaptando la explicación a cada situación particular".
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