ROSA FERNÁNDEZ JETE
El pueblo les salvó en 2001, casi al estilo de Fuenteovejuna, pero esta vez no pudo ser. Los vecinos de Jete, pese a su apoyo masivo, no pudieron impedir ayer que cuatro familias de agricultores de la localidad del Valle del Río Verde fueran desalojadas de sus hogares y puestas en la calle, en una escena especialmente dura visualizada por multitud de medios, incluidos los nacionales, y centenares de simpatizantes.
El pleito que originó el desahucio se remonta a 1979, cuando los padres de los actuales inquilinos compraron la estructura del edificio donde se han construido las viviendas. El problema es que no firmaron escrituras públicas con el propietario. El anterior dueño se trasladó a Almería, donde solicitó un crédito bancario en el que le avaló su hermano. Esta persona murió sin saldar la deuda y su familiar la afrontó adquiriendo los derechos hereditarios del fallecido, convirtiéndose en el propietario del edificio. Los actuales herederos reclaman 600.000 euros a estas familias por sus viviendas y, aunque las familias afectadas han intentado negociar con los herederos y se han ofrecido a volver a pagar la estructura, reconocieron que no tenían dinero para comprar sus propias casas.
El Juzgado de Almuñécar ejecutó ayer el alzamiento judicial, para el que fue necesario un fuerte dispositivo de la Guardia Civil, ya que estas personas no estaban dispuestas a abandonar sus inmuebles por su propio pie.
Desde primera hora de la mañana de ayer unas 600 personas se concentraron a las puertas de las viviendas para apoyar a los afectados. Prácticamente todo el pueblo de Jete estaba en la calle Francisco Fernández González. Y no sólo los vecinos del municipio, sino también de otras localidades próximas. "Estoy aquí para apoyar a mi sobrina, que es una de las afectadas", indicó un motrileño que se había desplazada esa mañana a la localidad.
El alcalde de Jete, Plácido Jerónimo Fernández, expresó su apoyo incondicional a estos vecinos, y explicó que había ejercido de interlocutor para intentar alcanzar un acuerdo que beneficiara a ambas partes. "Vamos a ver si entran en razón y podemos llegar a una solución pacífica, llevamos ya dos meses negociando, una de las familias ha logrado un acuerdo económico que evitar el desalojo, a ver si podemos evitar este mal trago y que no haya incidentes, ni detenidos, que se desarrolle todo en buena forma y de manera pacífica". Así se expresaba a primera hora el regidor, pero sus deseos no pudieron hacerse realidad.
Después de varias conversaciones, cuatro de las familias comunicaron su intención de no abandonar por su propio pie las casas, mientras que una ya había llegado a un acuerdo por el que adquirir la vivienda por 80.000 euros.
A mediodía llegaron a Jete los funcionarios judiciales con la orden de desahucio en la mano. Fue el último intento de llegar a un acuerdo. A escasos metros de las viviendas, en la carretera que cruza el municipio, el alcalde se esmeraba por evitar la intervención de los cuerpos de seguridad por la fuerza. Los cuatro portavoces, ante el personal judicial, volvían a rechazar la oferta de la propietaria.
"De mi vivienda me tendrán que sacar a la fuerza", decía Félix Bustos, uno de los afectados. "Pero en ningún momento hemos rechazado negociar, porque hasta ayer estuvimos hablando y llegamos a ofrecer a la propietaria 40.000 euros por casa y nos dijo que solo vendía una a 80.000 euros, el resto a 100.000 euros", añadía.
Ya sólo quedaba la intervención policial. La tensión a esa hora se mascaba en el ambiente. Mientras los manifestantes decidieron sentarse en las inmediaciones de la puerta de las viviendas y, con los brazos cruzados, corear sloganes contra el desahucio, para ofrecer -como ellos decían- "resistencia".
Alrededor de la una de la tarde, un fuerte dispositivo de la Guardia Civil 'tomó' la carretera. Los agentes del cuerpo de antidisturbios se aproximaron a la calle. Uno iba con un megáfono en la mano para ordenar a los concentrados que despejaran la vía. No fue necesario emplearlo, pues sabían que no se iban a ir de allí. Los agentes desplegaron dos cordones: uno, en la parte superior de la calle y, otro, en la inferior, a ambos lados de la puerta, y ordenaban a todas las personas que abandonaran el área dibujada.
En esos momentos surgieron los primeros incidentes, cuando varios de los congregados rechazaron las 'invitaciones' de los antidisturbios, y estos tuvieron que emplearse a fondo para levantarles y sacarles de allí por la fuerza.
El cordón policial quiso ganar metros. Avanzó y empujó a los manifestantes. Estos respondieron con nuevos empujones, debido a lo cual alguno de los vecinos fue detenido en aquel instante. Otros, pese a resistirse con fuerza, pedían a los efectivos que no les detuvieran.
El grupo Stop Desahucios informó de que la Guardia Civil practicó tres detenciones; no obstante, tras ser retenidos e identificados, quedaron en libertad.
Otro de los capítulos más violentos de la mañana se vivió cuando el propietario cruzó entre los manifestantes, estos le zarandearon y se le cayó el sombrero. La rápida intervención de los agentes que acudieron en su auxilio evitó males mayores.
La propietaria reclama 60.000 euros por vivienda más el aval de cada casa (40.000 por cada una), lo que eleva a 100.000 el precio de cada una.
El pleito que originó el desahucio se remonta a 1979, cuando los padres de los actuales inquilinos compraron la estructura del edificio donde se han construido las viviendas. El problema es que no firmaron escrituras públicas con el propietario. El anterior dueño se trasladó a Almería, donde solicitó un crédito bancario en el que le avaló su hermano. Esta persona murió sin saldar la deuda y su familiar la afrontó adquiriendo los derechos hereditarios del fallecido, convirtiéndose en el propietario del edificio. Los actuales herederos reclaman 600.000 euros a estas familias por sus viviendas y, aunque las familias afectadas han intentado negociar con los herederos y se han ofrecido a volver a pagar la estructura, reconocieron que no tenían dinero para comprar sus propias casas.
El Juzgado de Almuñécar ejecutó ayer el alzamiento judicial, para el que fue necesario un fuerte dispositivo de la Guardia Civil, ya que estas personas no estaban dispuestas a abandonar sus inmuebles por su propio pie.
Desde primera hora de la mañana de ayer unas 600 personas se concentraron a las puertas de las viviendas para apoyar a los afectados. Prácticamente todo el pueblo de Jete estaba en la calle Francisco Fernández González. Y no sólo los vecinos del municipio, sino también de otras localidades próximas. "Estoy aquí para apoyar a mi sobrina, que es una de las afectadas", indicó un motrileño que se había desplazada esa mañana a la localidad.
El alcalde de Jete, Plácido Jerónimo Fernández, expresó su apoyo incondicional a estos vecinos, y explicó que había ejercido de interlocutor para intentar alcanzar un acuerdo que beneficiara a ambas partes. "Vamos a ver si entran en razón y podemos llegar a una solución pacífica, llevamos ya dos meses negociando, una de las familias ha logrado un acuerdo económico que evitar el desalojo, a ver si podemos evitar este mal trago y que no haya incidentes, ni detenidos, que se desarrolle todo en buena forma y de manera pacífica". Así se expresaba a primera hora el regidor, pero sus deseos no pudieron hacerse realidad.
Después de varias conversaciones, cuatro de las familias comunicaron su intención de no abandonar por su propio pie las casas, mientras que una ya había llegado a un acuerdo por el que adquirir la vivienda por 80.000 euros.
A mediodía llegaron a Jete los funcionarios judiciales con la orden de desahucio en la mano. Fue el último intento de llegar a un acuerdo. A escasos metros de las viviendas, en la carretera que cruza el municipio, el alcalde se esmeraba por evitar la intervención de los cuerpos de seguridad por la fuerza. Los cuatro portavoces, ante el personal judicial, volvían a rechazar la oferta de la propietaria.
"De mi vivienda me tendrán que sacar a la fuerza", decía Félix Bustos, uno de los afectados. "Pero en ningún momento hemos rechazado negociar, porque hasta ayer estuvimos hablando y llegamos a ofrecer a la propietaria 40.000 euros por casa y nos dijo que solo vendía una a 80.000 euros, el resto a 100.000 euros", añadía.
Ya sólo quedaba la intervención policial. La tensión a esa hora se mascaba en el ambiente. Mientras los manifestantes decidieron sentarse en las inmediaciones de la puerta de las viviendas y, con los brazos cruzados, corear sloganes contra el desahucio, para ofrecer -como ellos decían- "resistencia".
Alrededor de la una de la tarde, un fuerte dispositivo de la Guardia Civil 'tomó' la carretera. Los agentes del cuerpo de antidisturbios se aproximaron a la calle. Uno iba con un megáfono en la mano para ordenar a los concentrados que despejaran la vía. No fue necesario emplearlo, pues sabían que no se iban a ir de allí. Los agentes desplegaron dos cordones: uno, en la parte superior de la calle y, otro, en la inferior, a ambos lados de la puerta, y ordenaban a todas las personas que abandonaran el área dibujada.
En esos momentos surgieron los primeros incidentes, cuando varios de los congregados rechazaron las 'invitaciones' de los antidisturbios, y estos tuvieron que emplearse a fondo para levantarles y sacarles de allí por la fuerza.
El cordón policial quiso ganar metros. Avanzó y empujó a los manifestantes. Estos respondieron con nuevos empujones, debido a lo cual alguno de los vecinos fue detenido en aquel instante. Otros, pese a resistirse con fuerza, pedían a los efectivos que no les detuvieran.
El grupo Stop Desahucios informó de que la Guardia Civil practicó tres detenciones; no obstante, tras ser retenidos e identificados, quedaron en libertad.
Otro de los capítulos más violentos de la mañana se vivió cuando el propietario cruzó entre los manifestantes, estos le zarandearon y se le cayó el sombrero. La rápida intervención de los agentes que acudieron en su auxilio evitó males mayores.
La propietaria reclama 60.000 euros por vivienda más el aval de cada casa (40.000 por cada una), lo que eleva a 100.000 el precio de cada una.
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