El Consejo de Gobierno da luz verde a la integración de 6.000 hectáreas en el perímetro protegido del Parque Natural de Los Alcornocales. "Impiden la creación de empleo", dice el PP.
PATRICIA GODINO, SEVILLA 
En la sede de la Consejería de Medio Ambiente, tras salir de la reunión del Consejo de Gobierno que preside Susana Díaz y con toda la oficialidad propia de una rueda de prensa en casa. En este marco y pertrechada de respuestas -directivas europeas, articulación jurídica, etcétera- informó ayer la consejera María Jesús Serrano de que su departamento ya ha iniciado los trámites para ampliar los límites del Parque Natural de Los Alcornocales en unas 6.000 hectáreas (lo mismo que ya contó el día anterior en el Campo de Gibraltar), de modo que la parte de La Almoraima que estaba sin protección (unas 1.400 hectáreas, el 10% de la finca) quede integrada en el nuevo perímetro de protección medioambiental.
El Parque suma así los terrenos localizados en esta finca de monte público -que el Gobierno central ha puesto a la venta por 300 millones de euros- y otras colindantes de distinta titularidad: La Alcaidesa, Majarambú, Botafuegos, Pinar del Rey, la Dehesa Guadalquitón y otras de menor entidad.
Las gestiones iniciadas por la Junta vetarían desde ya cualquier uso distinto al existente, porque durante el periodo de tramitación de las modificaciones acordadas por el Consejo de Gobierno, que se resolverán a final de este año, no se podrán realizar cambios en el uso del suelo. Por tanto, "quedan suspendidos cautelarmente dichos cambios como medida garantista" y siguen en desarrollo las actividades actuales de ganadería, corcho y turismo sostenible que a día de hoy tiene asociada una finca que ha venido a ahondar en las grietas que separan el diálogo entre la Junta y el Gobierno de Rajoy.
Con esta actuación, la venta en sí no se prohíbe -que es el fin último que persigue el departamento del ministro Arias Cañete- pero sí se ha volatilizado el atractivo para posibles inversores, ya que la posibilidad de que este terreno, enclavado en el término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz), albergue usos como "un resort de lujo o un aeródromo" es imposible con la leyes medioambientales de la Junta, competente en esta materia.
La justificación dada por la Junta para esta operación es que precisamente "ahora" toca revisar el plan rector del Parque de Los Alcornocales, ya que fue firmado en 2004 y su vigencia era de 10 años.
Pero donde la Consejería habla de actualizar este plan para el pulmón verde de la provincia de Cádiz, el departamento del ministro Arias Cañete ve una operación política, que "no responde a criterios relativos a valores medioambientales", porque se trata de terrenos "dedicados al regadío, agricultura de secano y pastos".
La Junta no los considera tan faltos de valor. "Hay documentación técnica suficiente que avala que esta parte de la finca también tiene valor ambiental"; además, esta parte del latifundio "está inmersa en el corazón del parque", apunta Serrano. La idea del Ejecutivo autonómico es primero "evitar el mercantilismo del patrimonio natural andaluz", para que no caiga de nuevo en manos privadas, después de que este latifundio se expropiara en 1983 a José María Ruiz Mateos. En segundo lugar, la intención es "crear un corredor ecológico que conecte Los Alcornocales con el litoral andaluz", blindándolo, "sin posibilidad de un nuevo Algarrobico", comentó.
Las razones, asegura también la consejera, responde a los mandatos de Bruselas, "en cumplimiento de la la Directiva Europea de Hábitats", que supondrán reforzar las medidas de conversación de estas zonas, explicó Serrano.
Ahí están las razones de la sostenibilidad verde entendidas por la Junta. En el otro lado de la balanza está la sostenibilidad económica que defiende el Gobierno, que cree que un nuevo impulso empresarial a la zona revitalizaría una comarca deprimida.
Sobre esto último, Serrano explica que en la reunión mantenida con Cañete el pasado 8 de enero -una cita en la que pidió al ministro la cesión de la finca a la Junta, recibiendo una rotunda negativa- planteó "una forma de gestión público-privada sin desprenderse de la propiedad, y el Gobierno de España no ha querido". "Desde lo público se puede hacer una gestión sostenible y rentable", insistió.
En esta línea se pronunció Fernando López Gil, delegado de la Junta en Cádiz, que aseguró que el Ejecutivo autonómico "está dispuesto a sentarse" con la empresa que quería comprar La Almoraima y "plantearle alternativas" para "que no se pierda ni un euro de inversión en ese espacio".
El presidente provincial del PP en Cádiz, Antonio Sanz, criticó "la pantomima" de la Junta en el blindaje a La Almoraima, que, dijo, "sólo busca impedir la creación de empleo".
Por último, Juan Casanova, alcalde de Castellar, propone diversificar los usos porque, declaró a Efe, "para hacer un hotel no se necesitan más que 20 o 30 hectáreas" y porque, en su opinión, la mayor y más estable fuente de riqueza y empleo para la zona sería la creación de un Polígono Industrial verde con industrias de transformación de productos agrícolas, ganaderos o forestales, como el corcho, y de energías renovables.
El Parque suma así los terrenos localizados en esta finca de monte público -que el Gobierno central ha puesto a la venta por 300 millones de euros- y otras colindantes de distinta titularidad: La Alcaidesa, Majarambú, Botafuegos, Pinar del Rey, la Dehesa Guadalquitón y otras de menor entidad.
Las gestiones iniciadas por la Junta vetarían desde ya cualquier uso distinto al existente, porque durante el periodo de tramitación de las modificaciones acordadas por el Consejo de Gobierno, que se resolverán a final de este año, no se podrán realizar cambios en el uso del suelo. Por tanto, "quedan suspendidos cautelarmente dichos cambios como medida garantista" y siguen en desarrollo las actividades actuales de ganadería, corcho y turismo sostenible que a día de hoy tiene asociada una finca que ha venido a ahondar en las grietas que separan el diálogo entre la Junta y el Gobierno de Rajoy.
Con esta actuación, la venta en sí no se prohíbe -que es el fin último que persigue el departamento del ministro Arias Cañete- pero sí se ha volatilizado el atractivo para posibles inversores, ya que la posibilidad de que este terreno, enclavado en el término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz), albergue usos como "un resort de lujo o un aeródromo" es imposible con la leyes medioambientales de la Junta, competente en esta materia.
La justificación dada por la Junta para esta operación es que precisamente "ahora" toca revisar el plan rector del Parque de Los Alcornocales, ya que fue firmado en 2004 y su vigencia era de 10 años.
Pero donde la Consejería habla de actualizar este plan para el pulmón verde de la provincia de Cádiz, el departamento del ministro Arias Cañete ve una operación política, que "no responde a criterios relativos a valores medioambientales", porque se trata de terrenos "dedicados al regadío, agricultura de secano y pastos".
La Junta no los considera tan faltos de valor. "Hay documentación técnica suficiente que avala que esta parte de la finca también tiene valor ambiental"; además, esta parte del latifundio "está inmersa en el corazón del parque", apunta Serrano. La idea del Ejecutivo autonómico es primero "evitar el mercantilismo del patrimonio natural andaluz", para que no caiga de nuevo en manos privadas, después de que este latifundio se expropiara en 1983 a José María Ruiz Mateos. En segundo lugar, la intención es "crear un corredor ecológico que conecte Los Alcornocales con el litoral andaluz", blindándolo, "sin posibilidad de un nuevo Algarrobico", comentó.
Las razones, asegura también la consejera, responde a los mandatos de Bruselas, "en cumplimiento de la la Directiva Europea de Hábitats", que supondrán reforzar las medidas de conversación de estas zonas, explicó Serrano.
Ahí están las razones de la sostenibilidad verde entendidas por la Junta. En el otro lado de la balanza está la sostenibilidad económica que defiende el Gobierno, que cree que un nuevo impulso empresarial a la zona revitalizaría una comarca deprimida.
Sobre esto último, Serrano explica que en la reunión mantenida con Cañete el pasado 8 de enero -una cita en la que pidió al ministro la cesión de la finca a la Junta, recibiendo una rotunda negativa- planteó "una forma de gestión público-privada sin desprenderse de la propiedad, y el Gobierno de España no ha querido". "Desde lo público se puede hacer una gestión sostenible y rentable", insistió.
En esta línea se pronunció Fernando López Gil, delegado de la Junta en Cádiz, que aseguró que el Ejecutivo autonómico "está dispuesto a sentarse" con la empresa que quería comprar La Almoraima y "plantearle alternativas" para "que no se pierda ni un euro de inversión en ese espacio".
El presidente provincial del PP en Cádiz, Antonio Sanz, criticó "la pantomima" de la Junta en el blindaje a La Almoraima, que, dijo, "sólo busca impedir la creación de empleo".
Por último, Juan Casanova, alcalde de Castellar, propone diversificar los usos porque, declaró a Efe, "para hacer un hotel no se necesitan más que 20 o 30 hectáreas" y porque, en su opinión, la mayor y más estable fuente de riqueza y empleo para la zona sería la creación de un Polígono Industrial verde con industrias de transformación de productos agrícolas, ganaderos o forestales, como el corcho, y de energías renovables.
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