El copago farmacéutico les cuesta a los granadinos más de 24 millones al año El PSOE endurece su campaña contra la medida
MIGUEL LÓPEZ GRANADA 
El copago no va a salirle barato a los pensionistas granadinos. De hecho, este nuevo sistema va a costarles 24 millones de euros anuales. Así lo aseguró ayer el diputado por Granada y portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, José Martínez Olmos, que sacó a la luz los perjuicios del copago sanitario y farmacéutico aplicado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Martínez Olmos reprochó al presidente y su gabinete "la manera autoritaria y antisocial" de gobernar, y denunció que 178.000 pensionistas en la provincia tendrán que asumir ese coste de 24 millones de euros anuales debido a la aplicación del recargo. Una cifra que se eleva hasta los 145 millones en Andalucía y los 400 en el total nacional, según los socialistas.
Los efectos del copago ya se han dejado notar en Granada. Del total de pensionistas que hay en la provincia, 26.700 -un 15% extrapolado del conjunto del estado según la Federación Española en Defensa de la Sanidad Pública- han dejado de retirar su medicina a causa de esta medida.
El diputado socialista confirmó que su formación ha registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para combatir el copago, y que, ante el más que previsible rechazo por parte del hemiciclo, "el PSOE seguirá planteando iniciativas en el ámbito parlamentario". Además, advirtió al PP de que no sólo debe paralizar la medida, sino también modificarla desde un punto de vista jurídico. De lo contrario "regresaremos a la situación jurídica que había en 2012 en caso de que vuelva a gobernar el PSOE", manifestó.
La acción de los socialistas, según el portavoz, no sólo quedará reducida durante ese tiempo a la actividad institucional. "Somos conscientes de la importancia de movilizaciones como la que nosotros apoyamos, que dio marcha atrás al copago hospitalario", declaró a este respecto.
El portavoz explicó los beneficios que tiene la proposición que planteará el PSOE. "Que los pensionistas no paguen no sólo supone evitarles el gasto, sino conseguir una subida neta de sus pensiones cuatro veces superior a la actual", indicó. Para sostener este dato, Olmos explicó que este colectivo tiene que abonar el 10% del valor del medicamento hasta un máximo de ocho euros al mes en el mejor de los casos (dieciocho en el peor), y que las pensiones han subido este año apenas un 0,25%, unos dos euros: lo que, a su juicio, es "una limosna" por parte del Gobierno central.
A lo anterior agregó que, ante la imposibilidad de ese 15% de pensionistas de recoger sus medicamentos, muchos terminan por acudir a los servicios de urgencias, lo que hace que la decisión del Ejecutivo no sólo sea dañina para los afectados, sino también para el sistema, pues "aumenta la atención sanitaria".
El portavoz reafirmó sus argumentos poniendo de relieve la división generada en el seno del PP a colación de este asunto. El diputado recordó que comunidades autónomas no gobernadas por los populares como Cataluña o Andalucía se han opuesto, pero también otras que sí lo son, caso de Castilla y León o Castilla-La Mancha. Sobre la primera, aludió al hecho de que su presidente, Juan Vicente Herrera, asumiera el coste para no perjudicar a sus ciudadanos, tras denegar el Tribunal Superior de Justicia su recurso a la medida.
De Castilla-La Mancha resaltó las declaraciones de Cospedal -en palabras de Olmos "secretaria general por las mañanas y presidenta por las tardes"-, que definió el copago como algo "injusto" y se negó a aplicarlo en la región. En ese mismo sentido invocó la postura de la ministra de Sanidad, Ana Mato, quien tuvo que "enfrentarse a sí misma" al afirmar que no iba a aplicar el recargo en prótesis, ambulancias y medicamentos dietéticos, pues el Consejo de Estado emitió un dictamen en el que se aseguraba que era más costoso el dispositivo económico para llevarlo a cabo. De la titular de salud, Olmos dijo que "va a pasar a la historia como la ministra de los copagos y los recortes".
Los efectos del copago ya se han dejado notar en Granada. Del total de pensionistas que hay en la provincia, 26.700 -un 15% extrapolado del conjunto del estado según la Federación Española en Defensa de la Sanidad Pública- han dejado de retirar su medicina a causa de esta medida.
El diputado socialista confirmó que su formación ha registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para combatir el copago, y que, ante el más que previsible rechazo por parte del hemiciclo, "el PSOE seguirá planteando iniciativas en el ámbito parlamentario". Además, advirtió al PP de que no sólo debe paralizar la medida, sino también modificarla desde un punto de vista jurídico. De lo contrario "regresaremos a la situación jurídica que había en 2012 en caso de que vuelva a gobernar el PSOE", manifestó.
La acción de los socialistas, según el portavoz, no sólo quedará reducida durante ese tiempo a la actividad institucional. "Somos conscientes de la importancia de movilizaciones como la que nosotros apoyamos, que dio marcha atrás al copago hospitalario", declaró a este respecto.
El portavoz explicó los beneficios que tiene la proposición que planteará el PSOE. "Que los pensionistas no paguen no sólo supone evitarles el gasto, sino conseguir una subida neta de sus pensiones cuatro veces superior a la actual", indicó. Para sostener este dato, Olmos explicó que este colectivo tiene que abonar el 10% del valor del medicamento hasta un máximo de ocho euros al mes en el mejor de los casos (dieciocho en el peor), y que las pensiones han subido este año apenas un 0,25%, unos dos euros: lo que, a su juicio, es "una limosna" por parte del Gobierno central.
A lo anterior agregó que, ante la imposibilidad de ese 15% de pensionistas de recoger sus medicamentos, muchos terminan por acudir a los servicios de urgencias, lo que hace que la decisión del Ejecutivo no sólo sea dañina para los afectados, sino también para el sistema, pues "aumenta la atención sanitaria".
El portavoz reafirmó sus argumentos poniendo de relieve la división generada en el seno del PP a colación de este asunto. El diputado recordó que comunidades autónomas no gobernadas por los populares como Cataluña o Andalucía se han opuesto, pero también otras que sí lo son, caso de Castilla y León o Castilla-La Mancha. Sobre la primera, aludió al hecho de que su presidente, Juan Vicente Herrera, asumiera el coste para no perjudicar a sus ciudadanos, tras denegar el Tribunal Superior de Justicia su recurso a la medida.
De Castilla-La Mancha resaltó las declaraciones de Cospedal -en palabras de Olmos "secretaria general por las mañanas y presidenta por las tardes"-, que definió el copago como algo "injusto" y se negó a aplicarlo en la región. En ese mismo sentido invocó la postura de la ministra de Sanidad, Ana Mato, quien tuvo que "enfrentarse a sí misma" al afirmar que no iba a aplicar el recargo en prótesis, ambulancias y medicamentos dietéticos, pues el Consejo de Estado emitió un dictamen en el que se aseguraba que era más costoso el dispositivo económico para llevarlo a cabo. De la titular de salud, Olmos dijo que "va a pasar a la historia como la ministra de los copagos y los recortes".
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