ROSA FERNÁNDEZ /MOTRIL
La Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical calcula que hay unos 2.500 apartamentos turísticos que se alquilan de forma ilegal en el litoral granadino, el número más elevado de la provincia, que resta un volumen de negocio que se sitúa en torno al 80%. De ahí que hayan anunciado su intención de comenzar a denunciarlos ante las autoridades competentes para que tome cartas en el asunto que, en concreto son: la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, así como el Servicio de Protección Ambiental de los ayuntamientos.
El presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical, Rafael Lamelas, les pone incluso dirección en algunos casos: "En Almuñécar en el edificio Tao, urbanización Epsylon o Ramos, en Torrenueva, en el Mariote ..." Pero la lista es mucho más larga, porque los hay en Castell de Ferro, Playa Granada en Motril, Salobreña o La Herradura.
Y es que la proliferación de internet y la crisis ha hecho que en los últimos tiempos esta práctica se dispare y el sector estima que crece entre un 10 y 15% cada año.
Según la Delegación de Turismo de Granada, tan sólo hay registrados un total de 393 apartamentos turísticos legales, que corresponden a 1.411 plazas, mientras que en la provincia existen 1.489 apartamentos legales y 5.438 plazas. De ahí que tan sólo en el litoral granadino habría más clandestinos que legales en toda Granada.
El daño que hacen estos negocios que no pagan impuestos y que trabajan al margen de la ley es muy alto: en torno al 77% en la provincia, según el último anuario económico publicado por La Caixa, por encima del 74,2 de la media de Andalucía y el 67,2 de España. Sin apenas gastos, ofertan unos precios sin competencia y restan clientes a los legales. Por ejemplo, las tarifas que están cobrando en pisos irregulares de dos habitaciones, salón y comedor oscilan entre los 100 y los 150 euros por día, cuando eso es lo que puede pedir un hotel de la Costa en temporada alta por persona, aunque en este último caso recibe otro tipo de servicios, como limpieza, desayuno, animación o declaración de IVA.
Lamelas destaca que los dueños de estas viviendas y apartamentos clandestinos no pagan impuestos, ni personal, no tienen licencia, no se han dado de alta y no existe ningún control por parte de Turismo o Hacienda. En definitiva, son ajenos a la normativa turística autonómica y a las leyes tributarias estatales.
Las personas que se alojan allí -y que en algunos casos desconocen la situación ilegal de estos negocios- no reciben ningún tipo de justificante o, en todo caso, tan sólo un recibo en papel de imprenta en el que no se especifica ni el concepto ni el piso en el que se ha producido el alojamiento.
En cuanto al perfil, la mayoría de los que buscan apartamentos apuesta por internet (donde se anuncian con descaro) y al final terminan en ellos familias o jóvenes. Pero también los hay que 'pican' ante los que cuelgan un cartel de "se alquila" sin más. En otros casos, se trata de un arrendamiento a una quincena o un mes al año (normalmente agosto) a familiares o amigos, "pero no deja de ser una actividad ilegal que perjudica al resto", continúa el presidente de los hoteleros de la Costa.
Rafael Lamelas explica la estrategia que suelen emplear para intentar burlar la ley: "Trabajan incluso con agencias inmobiliarias que dan de alta 5 o 6 pisos y, sin embargo, alquilan muchos más". En el negocio también suelen estar los porteros de los apartamentos que los enseñan o incluso las comunidades de propietarios que miran para otro lado.
El mayor perjuicio se produce en los apartamentos turísticos legales, como Góedolas o Chinasol, en Almuñécar, por citar algunos. En este último caso, su gerente, Francisco Rubio, se muestra molesto con esta actividad que tanto daño les hace. Así, frente a los irregulares, los legales garantizan estar en posesión de su correspondiente cédula de habitabilidad, cumplen la normativa de barreras arquitectónicas, garantizan el suministro de gas, luz, calefacción y agua caliente o un mobiliario mínimo para alojarse. Además, se comprometen a dar información a Turismo y, por motivos de seguridad a la Policía Local. Los inquilinos también tienen que cumplir a cambio unas lógicas exigencias de higiene, orden público o sobre entrada de animales, entre otras.
Los empresarios turísticos creen que la responsabilidad no sólo puede exigirse a los propietarios de las viviendas alquiladas bajo cuerda, sino también a todos los implicados, como agencias inmobiliarias.
La decisión de la asociación que lidera Rafael Lamelas surge de una reunión mantenida el pasado día 26 de febrero con el presidente de la Asociación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Joan Mola, a la que asistieron representantes de más de 30 hoteles, y confirma una línea de actuación que ya el director del Hotel Helios sugirió hace un par de años y que ya se está llevando a cabo en otros lugares de España.
Por ejemplo, en Sevilla, donde los hoteleros además de denunciar este tipo de casos han dado de alta la dirección yotambiencontralosilegales@hotelesdesevilla.com para que la ciudadanía se convierta también en su aliada.
Y es que la paciencia se ha acabado de los que pagan sus impuestos y ven cómo otros se los ahorran. Esto, unido a las ganas de las administraciones de conseguir ingresos, hace que la economía sumergida, de momento en el turismo, parezca tener los días contados.
El presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical, Rafael Lamelas, les pone incluso dirección en algunos casos: "En Almuñécar en el edificio Tao, urbanización Epsylon o Ramos, en Torrenueva, en el Mariote ..." Pero la lista es mucho más larga, porque los hay en Castell de Ferro, Playa Granada en Motril, Salobreña o La Herradura.
Y es que la proliferación de internet y la crisis ha hecho que en los últimos tiempos esta práctica se dispare y el sector estima que crece entre un 10 y 15% cada año.
Según la Delegación de Turismo de Granada, tan sólo hay registrados un total de 393 apartamentos turísticos legales, que corresponden a 1.411 plazas, mientras que en la provincia existen 1.489 apartamentos legales y 5.438 plazas. De ahí que tan sólo en el litoral granadino habría más clandestinos que legales en toda Granada.
El daño que hacen estos negocios que no pagan impuestos y que trabajan al margen de la ley es muy alto: en torno al 77% en la provincia, según el último anuario económico publicado por La Caixa, por encima del 74,2 de la media de Andalucía y el 67,2 de España. Sin apenas gastos, ofertan unos precios sin competencia y restan clientes a los legales. Por ejemplo, las tarifas que están cobrando en pisos irregulares de dos habitaciones, salón y comedor oscilan entre los 100 y los 150 euros por día, cuando eso es lo que puede pedir un hotel de la Costa en temporada alta por persona, aunque en este último caso recibe otro tipo de servicios, como limpieza, desayuno, animación o declaración de IVA.
Lamelas destaca que los dueños de estas viviendas y apartamentos clandestinos no pagan impuestos, ni personal, no tienen licencia, no se han dado de alta y no existe ningún control por parte de Turismo o Hacienda. En definitiva, son ajenos a la normativa turística autonómica y a las leyes tributarias estatales.
Las personas que se alojan allí -y que en algunos casos desconocen la situación ilegal de estos negocios- no reciben ningún tipo de justificante o, en todo caso, tan sólo un recibo en papel de imprenta en el que no se especifica ni el concepto ni el piso en el que se ha producido el alojamiento.
En cuanto al perfil, la mayoría de los que buscan apartamentos apuesta por internet (donde se anuncian con descaro) y al final terminan en ellos familias o jóvenes. Pero también los hay que 'pican' ante los que cuelgan un cartel de "se alquila" sin más. En otros casos, se trata de un arrendamiento a una quincena o un mes al año (normalmente agosto) a familiares o amigos, "pero no deja de ser una actividad ilegal que perjudica al resto", continúa el presidente de los hoteleros de la Costa.
Rafael Lamelas explica la estrategia que suelen emplear para intentar burlar la ley: "Trabajan incluso con agencias inmobiliarias que dan de alta 5 o 6 pisos y, sin embargo, alquilan muchos más". En el negocio también suelen estar los porteros de los apartamentos que los enseñan o incluso las comunidades de propietarios que miran para otro lado.
El mayor perjuicio se produce en los apartamentos turísticos legales, como Góedolas o Chinasol, en Almuñécar, por citar algunos. En este último caso, su gerente, Francisco Rubio, se muestra molesto con esta actividad que tanto daño les hace. Así, frente a los irregulares, los legales garantizan estar en posesión de su correspondiente cédula de habitabilidad, cumplen la normativa de barreras arquitectónicas, garantizan el suministro de gas, luz, calefacción y agua caliente o un mobiliario mínimo para alojarse. Además, se comprometen a dar información a Turismo y, por motivos de seguridad a la Policía Local. Los inquilinos también tienen que cumplir a cambio unas lógicas exigencias de higiene, orden público o sobre entrada de animales, entre otras.
Los empresarios turísticos creen que la responsabilidad no sólo puede exigirse a los propietarios de las viviendas alquiladas bajo cuerda, sino también a todos los implicados, como agencias inmobiliarias.
La decisión de la asociación que lidera Rafael Lamelas surge de una reunión mantenida el pasado día 26 de febrero con el presidente de la Asociación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Joan Mola, a la que asistieron representantes de más de 30 hoteles, y confirma una línea de actuación que ya el director del Hotel Helios sugirió hace un par de años y que ya se está llevando a cabo en otros lugares de España.
Por ejemplo, en Sevilla, donde los hoteleros además de denunciar este tipo de casos han dado de alta la dirección yotambiencontralosilegales@hotelesdesevilla.com para que la ciudadanía se convierta también en su aliada.
Y es que la paciencia se ha acabado de los que pagan sus impuestos y ven cómo otros se los ahorran. Esto, unido a las ganas de las administraciones de conseguir ingresos, hace que la economía sumergida, de momento en el turismo, parezca tener los días contados.
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