El Ayuntamiento de Motril denuncia que la Junta ha retirado "de golpe y porrazo" el 100% de subvenciones para este servicio
Rosa Fernández motril
La vicepresidenta del PP-Motril y alcaldesa de la ciudad, Luisa García Chamorro, la vicesecretaria general, Ángeles López Cano y Ana Vanessa García, vicesecretaria de Política Social e Igualdad del PP Andaluz, denunciaron el "nuevo varapalo" que ha asestado la Junta de Andalucía a Motril retirando el 100% de la subvención concedida a la ciudad para la atención a personas drogodependientes a través del Centro Municipal de Integración Social (CEMIS).
García Chamorro explicó que, en 2013, la cuantía destinada a este programa fue un 25% inferior a la aportada en 2012, pasando de los casi 58.000 euros a las 43.500. "Ya entonces nos temíamos que en esta anualidad la partida podría verse adelgazada nuevamente, como ya es costumbre en la administración autonómica en todos los programas de prestaciones sociales que se le otorgan a Motril, pero no podíamos ni imaginar que la inversión para 2014 se redujera hasta cero, negando por completo esta asistencia a los motrileños y provocando el cerrojazo de este centro", expresó la popular.
Para la regidora motrileña es "inadmisible que de golpe y porrazo desaparezca un centro que en 2013 ayudó a 36 usuarios y sus familias y que pretende facilitar la incorporación de aquellas personas con problemas de drogodependencias y adicciones. Así ha sido desde hace casi veinte años pero ahora debido al criterio arbitrario, caprichoso y poco sensible de la Junta de Andalucía, los vecinos de Motril van a perder esta prestación".
En este sentido, Ana Vanessa García manifestó que este centro ha cerrado por decisión unilateral de la Junta a la que no le importa la atención a las personas más desfavorecidas, y es ahora el Ayuntamiento el que tiene que dar la cara ante los usuarios de este centro de integración social. Asimismo, la vicesecretaria de Política Social e Igualdad, lamentó que los recortes del Gobierno andaluz afecten al programa de ayuda a personas drogodependientes al que se le ha restado 4 millones de un presupuesto anual de 15 millones de euros, "pese a su labor fundamental para la prevención y la integración". García recordó que con 29.600 millones de euros que tiene la Junta para este año podían haber recortado de otra partida antes que asestar un golpe a las familias de las personas que están rehabilitadas o en proceso de abandonar sus adicciones.
García Chamorro explicó que, en 2013, la cuantía destinada a este programa fue un 25% inferior a la aportada en 2012, pasando de los casi 58.000 euros a las 43.500. "Ya entonces nos temíamos que en esta anualidad la partida podría verse adelgazada nuevamente, como ya es costumbre en la administración autonómica en todos los programas de prestaciones sociales que se le otorgan a Motril, pero no podíamos ni imaginar que la inversión para 2014 se redujera hasta cero, negando por completo esta asistencia a los motrileños y provocando el cerrojazo de este centro", expresó la popular.
Para la regidora motrileña es "inadmisible que de golpe y porrazo desaparezca un centro que en 2013 ayudó a 36 usuarios y sus familias y que pretende facilitar la incorporación de aquellas personas con problemas de drogodependencias y adicciones. Así ha sido desde hace casi veinte años pero ahora debido al criterio arbitrario, caprichoso y poco sensible de la Junta de Andalucía, los vecinos de Motril van a perder esta prestación".
En este sentido, Ana Vanessa García manifestó que este centro ha cerrado por decisión unilateral de la Junta a la que no le importa la atención a las personas más desfavorecidas, y es ahora el Ayuntamiento el que tiene que dar la cara ante los usuarios de este centro de integración social. Asimismo, la vicesecretaria de Política Social e Igualdad, lamentó que los recortes del Gobierno andaluz afecten al programa de ayuda a personas drogodependientes al que se le ha restado 4 millones de un presupuesto anual de 15 millones de euros, "pese a su labor fundamental para la prevención y la integración". García recordó que con 29.600 millones de euros que tiene la Junta para este año podían haber recortado de otra partida antes que asestar un golpe a las familias de las personas que están rehabilitadas o en proceso de abandonar sus adicciones.
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