Una nueva ley compromete la supervivencia de más de 30 oenegés en Granada ideal.es

La norma estatal prevé financiar solo el 75% de los proyectos y no adelantar dinero, lo que recortará 1,6 millones en Granada

ÁNGELES PEÑALVER | GRANADA

 

 

Las oenegés han visto cómo en los últimos años sus presupuestos – en la mayoría públicos y esa es una de sus grandes flaquezas– se recortaban mientras la población a la que atendían crecía por el contexto de crisis. Ahora, cuando se avista una mejora económica, lejos de respirar con cierto alivio, esas entidades sin ánimo de lucro tiemblan de nuevo ante los cambios recién anunciados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ya que ese departamento modificará la actual Ley de Subvenciones por una nueva más restrictiva.

José Márquez, presidente de la Congra de Granada, que aglutina a 34 oenegés de cooperación internacional en la provincia, explica que el anteproyecto que está sobre la mesa contempla que lo máximo que se podrá subvencionar con fondos públicos será el 75% de un proyecto, cuando ahora se podía recibir hasta el 100% del montante necesario.

 

 

«Estamos acostumbrados a eso último, porque casi siempre ponemos un 20 o un 25% del total de los planes que desarrollamos. Últimamente la Junta de Andalucía –por la crisis– estaba dándonos el 100%. Lo que más me preocupa –y va a ser letal para casi todas nuestras entidades, más de 30– es que tendremos que adelantar el 100% de lo que vayamos a recibir y eso es imposible para nuestra forma habitual de financiación. La ley prohíbe la entrega a cuenta y solo admite el pago atrasado con justificación de gastos. Esto es poner la puntilla a la cooperación», argumenta el responsable local, quien asegura que solo las oenegés más grandes pueden hacer frente al endurecimiento financiero.

Según José Márquez, las oenegés más pequeñas son las más eficientes en cooperación internacional. «El año pasado las 34 entidades de la Congra manejaron unos 3,6 millones de presupuesto, el 80% del mismo de origen público, esto es, unos 2,8 millones», aduce el portavoz. De ese montante, 700.000 euros (el 25%) dejarían de llegar a Granada como financiación directa tras la aprobación de la ley en cuestión y las oenegés estarían obligadas a buscarlo por otras vías, normalmente privadas.

Los cálculos de Márquez estiman unos 60.000 beneficiarios directos –en Latinoamérica y África– de las políticas de acción internacional (en salud, educación, infraestructuras...), que indirectamente pudieron llegar a ayudar a hasta 600.000 habitantes de esos países pobres.

Desde la Plataforma del Tercer Sector –donde están representadas la ONCE, Cáritas y Cruz Roja– también han expresado la preocupación existente por el texto propuesto, que las forzaría a un «itinerario plagado de trabas, requisitos exorbitantes y regulaciones claramente inadecuadas con el consiguiente perjuicio para el cumplimiento de los fines sociales e, incluso, para la supervivencia misma y viabilidad de las entidades».

Precisamente en Granada, las dos entidades de mayor acción local son Cruz Roja y Cáritas, que, por supuesto, también se verán afectadas por el cambio legislativo, aunque al mover un gran volumen de dinero y auxiliados no se resentirán tanto como las pequeñas. La primera de ellas atendió en 2013 –según sus propios datos– a más de 78.000 personas a través de 50 proyectos distintos. Cruz Roja, y así se ve en sus cuentas pormenorizadas, a las que ha tenido acceso IDEAL, está realizando un esfuerzo por diversificar sus fuentes de financiación. Actualmente el apartado de captación de fondos propios supone el 57,9% de sus ingresos (5,4 millones en la provincia), frente al 42,1% de subvenciones públicas, según se refleja en sus cuentas del año pasado. De los 2, 2 millones que reciben de erario público, el 15% provienen de fondos municipales, el 12% autonómicos y el 54% estatales. Con la nueva ley en ciernes, Cruz Roja provincial perdería alrededor de 475.000 euros anuales en materia de subvenciones.

Por su parte, Cáritas ha proporcionado a IDEAL los datos de 2011, año en que ingresó 5,2 millones de euros y ayudó a más de 15.000 personas en Granada, entre quienes ya había más españoles que inmigrantes. De ese presupuesto total, 659.000 euros llegaron directamente a través de subvenciones públicas y 1,2 millones a través de convenios con la administración para sus distintos centros de atención. Pues bien, la suma de esas dos cifras arroja 1,8 millones, de los que el 25% desaparecería (450.000 euros no habrían llegado a la provincia) de estar ya en vigor la norma.

Para la Plataforma del Tercer Sector, esa ley futura trata un asunto de crucial importancia que, dada su complejidad, debe ser afrontado con profundidad y rigor, «pues estamos ante un camino crítico para el futuro de la financiación». Solo en Granada, si se suma lo que perderían cada año los proyectos de Cáritas, Cruz Roja y la Congra que se atienen a subvenciones públicas, el montante llega a 1,65 millones de euros. Un volumen importante que las entidades no están preparadas para dejar escapar. El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, afirma:«Con las nuevas exigencias prácticamente desapareceríamos el 90% de las entidades y lo que realmente nos alarma es la pérdida de los servicios que prestamos a las personas más excluidas de este país».

«Está claro que afectará de lleno a la provincia y pone en el punto de mira la capacidad de financiación y liquidez de las oenegés, ya de por sí muy castigadas por los recortes de fondos públicos. Las consecuencias para la vida social y organizativa en Granada son muy graves, sobre todo en la supervivencia de las entidades, de sus trabajadores, de sus proyectos, etc.», explica Piedad Castillo Martínez, coordinadora provincial de la Dirección General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado, de la Junta, quien recuerda que hay 8.000 asociaciones no lucrativas en la provincia en diversos ámbitos.