Un profesional de referencia atenderá a los beneficiarios de estas ayudas incluso en su domicilio.
A. Fuentes / sevilla
La
nueva regulación de los servicios sociales comunitarios y especializados
en la comunidad autónoma traerá novedades: los profesionales de
servicios sociales elaborarán un Plan Individualizado a Atención (PIA) a
cada usuario para determinar la ayuda que necesita, como en el sistema
de la dependencia; cada beneficiario de estas ayudas tendrá por primera
vez un historial de sus acciones, a semejanza de la historia clínica; y
estos usuarios contarán con un profesional asignado para garantizar la
continuidad de las acciones que reciben.
Un millón de andaluces acude cada año a los servicios sociales que dispensan los ayuntamientos o la comunidad autónoma. Más allá de recursos para personas sin ingresos o pobres, los servicios sociales se ocupan desde finales de los 80 de mayores, enfermos mentales, personas con alzhéimer, discapacitados, drogodependientes, minorías étnicas, temporeros, centros de mujer e incluso adopciones.
La Junta de Andalucía tiene previsto aprobar este mes un anteproyecto de ley que ordenará estas prestaciones y que actualizará la norma vigente, que data de 1988. La nueva ley de servicios sociales es una promesa del acuerdo entre PSOE e IU en la Junta de Andalucía.
La historia social del beneficiario de los servicios sociales será un elemento nuclear del modelo básico de intervención. La Junta perfila dos instrumentos técnicos para el seguimiento de los recursos que dispensa.
Uno de ellos será la historia electrónica y el otro una tarjeta social. Según las previsiones de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, la tarjeta social, emitida a todas las personas en Andalucía (o bien conjunta con la tarjeta sanitaria) y la historia social informatizada constituyen la base tecnológica de la integración de los sistemas de información y se presentan como elementos claves para la continuidad y la integralidad de la atención social.
Esta semana la consejera María José Sánchez Rubio destacó que Andalucía será la primera comunidad en poner en marcha la historia social digital, que permitirá acceder a toda la información relevante "para garantizar la mejor atención a los ciudadanos en su entorno y estará integrada con la de salud".
Los servicios sociales comunitarios implantarán como obligatoria la presencia de un profesional que ejerza el seguimiento del usuario. Si bien esta práctica ha sido la habitual en los trabajadores sociales municipales, ahora se recogerá por ley como un derecho del beneficiario.
El borrador de ley destaca como muy importante la figura del profesional de referencia, quien tendrá asignado un grupo de población para el que actúa como primer nivel de interlocución y como profesional responsable de valorar, planificar, coordinar y garantizar la continuidad de estas prestaciones. Cada persona tendrá asignado un profesional de referencia que le podrá atender, si fuera preciso, en su propio domicilio.
La Junta reserva un papel destacado a los profesionales y expone que incorporarán a su práctica profesional habitual las funciones docente y de investigación. De hecho, el proyecto de ley avanza que se creará el Centro de Investigación de Políticas Sociales de Andalucía, como una organización en red integradora de investigadores y grupos de investigación. También la Junta se compromete a elaborar una estrategia de ética de los servicios sociales de Andalucía y a crear un comité de ética como órgano consultivo adscrito a la Consejería y que estará integrado por "profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de los servicios sociales". Se elaborará un código de ética profesional para las empresas privadas que participen de los conciertos. Éstas tendrán un modelo de acreditación voluntario que no será requisito previo, pero será valorado en la contratación.
El compromiso de la Junta de Andalucía con los servicios sociales se recogerá también con la aprobación por parte del Gobierno andaluz de una carta de deberes y derechos de las personas usuarias de los servicios sociales. La ley se desarrollará en sucesivos planes específicos.
Un millón de andaluces acude cada año a los servicios sociales que dispensan los ayuntamientos o la comunidad autónoma. Más allá de recursos para personas sin ingresos o pobres, los servicios sociales se ocupan desde finales de los 80 de mayores, enfermos mentales, personas con alzhéimer, discapacitados, drogodependientes, minorías étnicas, temporeros, centros de mujer e incluso adopciones.
La Junta de Andalucía tiene previsto aprobar este mes un anteproyecto de ley que ordenará estas prestaciones y que actualizará la norma vigente, que data de 1988. La nueva ley de servicios sociales es una promesa del acuerdo entre PSOE e IU en la Junta de Andalucía.
La historia social del beneficiario de los servicios sociales será un elemento nuclear del modelo básico de intervención. La Junta perfila dos instrumentos técnicos para el seguimiento de los recursos que dispensa.
Uno de ellos será la historia electrónica y el otro una tarjeta social. Según las previsiones de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, la tarjeta social, emitida a todas las personas en Andalucía (o bien conjunta con la tarjeta sanitaria) y la historia social informatizada constituyen la base tecnológica de la integración de los sistemas de información y se presentan como elementos claves para la continuidad y la integralidad de la atención social.
Esta semana la consejera María José Sánchez Rubio destacó que Andalucía será la primera comunidad en poner en marcha la historia social digital, que permitirá acceder a toda la información relevante "para garantizar la mejor atención a los ciudadanos en su entorno y estará integrada con la de salud".
Los servicios sociales comunitarios implantarán como obligatoria la presencia de un profesional que ejerza el seguimiento del usuario. Si bien esta práctica ha sido la habitual en los trabajadores sociales municipales, ahora se recogerá por ley como un derecho del beneficiario.
El borrador de ley destaca como muy importante la figura del profesional de referencia, quien tendrá asignado un grupo de población para el que actúa como primer nivel de interlocución y como profesional responsable de valorar, planificar, coordinar y garantizar la continuidad de estas prestaciones. Cada persona tendrá asignado un profesional de referencia que le podrá atender, si fuera preciso, en su propio domicilio.
La Junta reserva un papel destacado a los profesionales y expone que incorporarán a su práctica profesional habitual las funciones docente y de investigación. De hecho, el proyecto de ley avanza que se creará el Centro de Investigación de Políticas Sociales de Andalucía, como una organización en red integradora de investigadores y grupos de investigación. También la Junta se compromete a elaborar una estrategia de ética de los servicios sociales de Andalucía y a crear un comité de ética como órgano consultivo adscrito a la Consejería y que estará integrado por "profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de los servicios sociales". Se elaborará un código de ética profesional para las empresas privadas que participen de los conciertos. Éstas tendrán un modelo de acreditación voluntario que no será requisito previo, pero será valorado en la contratación.
El compromiso de la Junta de Andalucía con los servicios sociales se recogerá también con la aprobación por parte del Gobierno andaluz de una carta de deberes y derechos de las personas usuarias de los servicios sociales. La ley se desarrollará en sucesivos planes específicos.
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