El informe anual del Defensor del Menor alerta del aumento de los niños andaluces que sufren la falta de recursos económicos
E. PRESS JAÉN
La consejera andaluza de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, dijo ayer que la Junta de Andalucía "no sólo es consciente" del impacto de la crisis económica entre la población infantil, sino que desde el "reconocimiento de esa realidad" quiere "afrontar esas situaciones".
Sánchez mandó este mensaje ayer al Defensor del Menor, Jesús Maeztu, un día después de que éste entregase en el Parlamento su informe de gestión correspondiente a la labor desarrollada durante 2013 en defensa y promoción de los derechos de los menores en Andalucía. En dicho informe se refleja que en Andalucía casi una cuarta parte de los menores de 16 años vivía en hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza en el año 2012.
Esto "pone de relieve" algo que "ya se sabía desde la Junta" y que tiene a sus dirigentes "preocupados y ocupados", y es "cómo está repercutiendo la crisis en las personas más vulnerables, en los niños", dijo Sánchez, quien remarcó que ya está tomando "medidas para paliar esta situación" y de forma "coordinada" con ONG "busca soluciones", algo que va a realizar "con más intensidad a partir de septiembre", cuando, según apuntó, se intentará "retomar el gran pacto en materia de infancia" en la comunidad andaluza. La idea es que "la infancia debe tener un trato especial", dado que los niños, al igual que las personas mayores, están "más desasistidos", de forma que resulta necesario "coordinar y aunar todos los esfuerzos", que es lo que pretende hacer la Junta, según señaló.
Sánchez resaltó que su departamento trabaja "muy estrechamente" con el Defensor del Pueblo Andaluz también en su calidad de Defensor del Menor, y apuntó que el próximo lunes tiene previsto mantener una reunión con Maeztu para abordar esta cuestión y otras.
El Defensor del Menor registra en su informe que durante 2013 se tramitaron 1.049 expedientes, de los que 1.006 fueron promovidos a instancia de parte y 43, de oficio. Las quejas en materia educativa han sido las más numerosas, destacando entre ellas las relativas a los procesos de escolarización del alumnado (158 quejas). Predominan también las quejas relacionadas con cuestiones de familia (115) y las que suscitan problemas de menores en situación de riesgo (63).
Sánchez mandó este mensaje ayer al Defensor del Menor, Jesús Maeztu, un día después de que éste entregase en el Parlamento su informe de gestión correspondiente a la labor desarrollada durante 2013 en defensa y promoción de los derechos de los menores en Andalucía. En dicho informe se refleja que en Andalucía casi una cuarta parte de los menores de 16 años vivía en hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza en el año 2012.
Esto "pone de relieve" algo que "ya se sabía desde la Junta" y que tiene a sus dirigentes "preocupados y ocupados", y es "cómo está repercutiendo la crisis en las personas más vulnerables, en los niños", dijo Sánchez, quien remarcó que ya está tomando "medidas para paliar esta situación" y de forma "coordinada" con ONG "busca soluciones", algo que va a realizar "con más intensidad a partir de septiembre", cuando, según apuntó, se intentará "retomar el gran pacto en materia de infancia" en la comunidad andaluza. La idea es que "la infancia debe tener un trato especial", dado que los niños, al igual que las personas mayores, están "más desasistidos", de forma que resulta necesario "coordinar y aunar todos los esfuerzos", que es lo que pretende hacer la Junta, según señaló.
Sánchez resaltó que su departamento trabaja "muy estrechamente" con el Defensor del Pueblo Andaluz también en su calidad de Defensor del Menor, y apuntó que el próximo lunes tiene previsto mantener una reunión con Maeztu para abordar esta cuestión y otras.
El Defensor del Menor registra en su informe que durante 2013 se tramitaron 1.049 expedientes, de los que 1.006 fueron promovidos a instancia de parte y 43, de oficio. Las quejas en materia educativa han sido las más numerosas, destacando entre ellas las relativas a los procesos de escolarización del alumnado (158 quejas). Predominan también las quejas relacionadas con cuestiones de familia (115) y las que suscitan problemas de menores en situación de riesgo (63).
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