Ordenación del Territorio reinterpretará el artículo 45 del POTA para no "lastrar" nuevas oportunidades de desarrollo urbanístico El objetivo es reactivar el sector de la construcción
SEBASTIÁN SÁNCHEZ MÁLAG
La Junta de Andalucía sigue añadiendo ingredientes a la fórmula con la que reactivar el sector de la construcción en la región. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tiene previsto presentar esta semana una instrucción mediante la que "flexibilizar" la forma de interpretar los límites de crecimiento contenidos en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), que impide a los municipios ir más allá del 30% de aumento de población y del 40% en lo que a ocupación de suelo refiere. Ello, de facto, supone abrir la mano al férreo corsé al que, en apariencia, han estado sometidos los municipios desde que entrase en vigor esta herramienta.
Grosso modo, la medida ayudará a paliar el estancamiento de la industria del ladrillo que, según datos de la propia presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, ha supuesto la pérdida de unos 400.000 puestos de trabajo desde 2007. Para ello, se quiere hacer más permisivo el actual ordenamiento, de tal manera que en casos "justificados y excepcionales" se puedan autorizar crecimientos por encima de los parámetros recogidos en el artículo 45 del POTA. Con ello, además, quiere dar respuesta a la demanda de la inmensa mayoría de los ayuntamientos andaluces.
"Una de sus principales demandas está relacionada con esto. Cada uno, por situaciones distintas, plantea problemas coherentes, lógicos y salvables, que pueden tener una solución con una nueva interpretación y una bajada al territorio; hay que dar respuesta a los ciudadanos desde la realidad y no estar legislando con carácter general sin tener en cuenta las características del territorio", explican fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
¿Dónde residen las principales novedades? Hay dos variaciones significativas para permitir mayores crecimientos. De un lado, pasarán a no computar ni en población ni en ocupación de suelo aquellos sectores urbanizables con proyectos de reparcelación aprobados. La medida se adopta sobre la base de que en muchos casos, la incapacidad de los promotores para desarrollar estas actuaciones, por la falta de crédito, fundamentalmente, "lastra" la posibilidad de un ayuntamiento de impulsar nuevas oportunidades de inversión en su territorio.
"Ése es un cambio trascendente para muchos municipios, porque hay muchos sectores en estas circunstancias que no han culminado su ejecución por falta de financiación y están lastrando el futuro de esos territorios", comentan otras fuentes del mismo departamento. La segunda modificación, que altera los límites del POTA, se vincula a los suelos urbanos no consolidados, que hasta la fecha sólo sumaban en lo que a población de refiere. Con la nueva interpretación, dejarán de hacerlo.
Dos cambios que, a juicio de los responsables de la consejería dirigida por María Jesús Serrano, dan "más margen" a los municipios. "Los ayuntamientos están en un callejón sin salida, porque o apuestan por la oportunidad, pagando los daños y perjuicios e indemnizando a los titulares de estos suelos no desarrollados, o no indemnizan pero pierden oportunidades", comenta Márquez, que defiende la necesidad de "interpretar el momento y, dentro de la norma, ser lo más flexibles posibles".
Uno de los interrogantes que pesa sobre esta hoja de ruta es en qué medida afectará esto a la puesta en carga de nuevos suelos en el territorio andaluz. Sobre el particular, los dos responsables de la Consejería dicen no disponer de datos concretos. Ni tampoco sobre la repercusión que estas acciones pueden tener sobre la reducción de las elevadas cifras de desempleo.
A pesar de esta evidente variación, en Medio Ambiente se ensalza el valor del POTA, considerándolo "un instrumento vital, que tiene que seguir siendo la piedra angular de la política urbanística de la Junta". "Lo que hacemos es interpretar ese artículo, pedir a los ayuntamientos un esfuerzo, en el sentido de permitir superar los parámetros de crecimiento pero siempre de manera justificada, ordenada y teniendo en cuenta que es prioritario mantener la ciudad consolidada", añaden.
En la misma línea, se señala que si bien la regla general se mantiene en los límites del 30% y el 40%, "hay excepciones, lo que nos obliga a ver cuál es la justificación de cada planeamiento; porque hay circunstancias y el sentido común nos lleva a tenerlos en cuenta". "Siempre pongo un ejemplo. No es lo mismo el municipio de Rota y el de Puente Genil; los dos tienen unos 20.000 habitantes, pero teniendo la misma base poblacional, en Rota hay una base naval a la que vienen unas 3.000 personas, mientras que en Puente Genil no ocurre eso", expone una de las fuentes. Y añaden: "Se trata de ponerle sentido común a una regla general que es positiva y buena; los crecimientos deben ser sostenibles, pero no debemos dejar de admitir que Andalucía es muy amplia y diversa y por tanto puede haber circunstancias que, justificadamente, motiven esta acción".
La elaboración de esta instrucción sigue la línea de las medidas impulsadas en los últimos meses por la Junta en pos de revitalizar el sector de la construcción. Muestra de ello es el decreto que persigue rebajar de forma sensible los tiempos de aprobación de los planeamientos. No obstante, la apuesta por aceptar la posibilidad de superar los límites del POTA entra en cierto conflicto, al menos desde el punto de vista conceptual, con la apuesta de esta misma consejería de blindar la franja del litoral de la región.
Grosso modo, la medida ayudará a paliar el estancamiento de la industria del ladrillo que, según datos de la propia presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, ha supuesto la pérdida de unos 400.000 puestos de trabajo desde 2007. Para ello, se quiere hacer más permisivo el actual ordenamiento, de tal manera que en casos "justificados y excepcionales" se puedan autorizar crecimientos por encima de los parámetros recogidos en el artículo 45 del POTA. Con ello, además, quiere dar respuesta a la demanda de la inmensa mayoría de los ayuntamientos andaluces.
"Una de sus principales demandas está relacionada con esto. Cada uno, por situaciones distintas, plantea problemas coherentes, lógicos y salvables, que pueden tener una solución con una nueva interpretación y una bajada al territorio; hay que dar respuesta a los ciudadanos desde la realidad y no estar legislando con carácter general sin tener en cuenta las características del territorio", explican fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
¿Dónde residen las principales novedades? Hay dos variaciones significativas para permitir mayores crecimientos. De un lado, pasarán a no computar ni en población ni en ocupación de suelo aquellos sectores urbanizables con proyectos de reparcelación aprobados. La medida se adopta sobre la base de que en muchos casos, la incapacidad de los promotores para desarrollar estas actuaciones, por la falta de crédito, fundamentalmente, "lastra" la posibilidad de un ayuntamiento de impulsar nuevas oportunidades de inversión en su territorio.
"Ése es un cambio trascendente para muchos municipios, porque hay muchos sectores en estas circunstancias que no han culminado su ejecución por falta de financiación y están lastrando el futuro de esos territorios", comentan otras fuentes del mismo departamento. La segunda modificación, que altera los límites del POTA, se vincula a los suelos urbanos no consolidados, que hasta la fecha sólo sumaban en lo que a población de refiere. Con la nueva interpretación, dejarán de hacerlo.
Dos cambios que, a juicio de los responsables de la consejería dirigida por María Jesús Serrano, dan "más margen" a los municipios. "Los ayuntamientos están en un callejón sin salida, porque o apuestan por la oportunidad, pagando los daños y perjuicios e indemnizando a los titulares de estos suelos no desarrollados, o no indemnizan pero pierden oportunidades", comenta Márquez, que defiende la necesidad de "interpretar el momento y, dentro de la norma, ser lo más flexibles posibles".
Uno de los interrogantes que pesa sobre esta hoja de ruta es en qué medida afectará esto a la puesta en carga de nuevos suelos en el territorio andaluz. Sobre el particular, los dos responsables de la Consejería dicen no disponer de datos concretos. Ni tampoco sobre la repercusión que estas acciones pueden tener sobre la reducción de las elevadas cifras de desempleo.
A pesar de esta evidente variación, en Medio Ambiente se ensalza el valor del POTA, considerándolo "un instrumento vital, que tiene que seguir siendo la piedra angular de la política urbanística de la Junta". "Lo que hacemos es interpretar ese artículo, pedir a los ayuntamientos un esfuerzo, en el sentido de permitir superar los parámetros de crecimiento pero siempre de manera justificada, ordenada y teniendo en cuenta que es prioritario mantener la ciudad consolidada", añaden.
En la misma línea, se señala que si bien la regla general se mantiene en los límites del 30% y el 40%, "hay excepciones, lo que nos obliga a ver cuál es la justificación de cada planeamiento; porque hay circunstancias y el sentido común nos lleva a tenerlos en cuenta". "Siempre pongo un ejemplo. No es lo mismo el municipio de Rota y el de Puente Genil; los dos tienen unos 20.000 habitantes, pero teniendo la misma base poblacional, en Rota hay una base naval a la que vienen unas 3.000 personas, mientras que en Puente Genil no ocurre eso", expone una de las fuentes. Y añaden: "Se trata de ponerle sentido común a una regla general que es positiva y buena; los crecimientos deben ser sostenibles, pero no debemos dejar de admitir que Andalucía es muy amplia y diversa y por tanto puede haber circunstancias que, justificadamente, motiven esta acción".
La elaboración de esta instrucción sigue la línea de las medidas impulsadas en los últimos meses por la Junta en pos de revitalizar el sector de la construcción. Muestra de ello es el decreto que persigue rebajar de forma sensible los tiempos de aprobación de los planeamientos. No obstante, la apuesta por aceptar la posibilidad de superar los límites del POTA entra en cierto conflicto, al menos desde el punto de vista conceptual, con la apuesta de esta misma consejería de blindar la franja del litoral de la región.
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