El Defensor del Pueblo andaluz considera "adecuada" la actuación en las praderas marinas
R. FERNÁNDEZ MOTRI
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, dio por concluida la actuación de oficio abierta para frenar el deterioro que están sufriendo las praderas marinas de posidonia oceánica del paraje natural Maro Cerro-Gordo, entre Nerja y Almuñécar. El Defensor abrió, a principios de junio, esta operación al tener conocimiento, a través de distintos medios de comunicación, de los problemas allí.
"Este proyecto, que comenzó a desarrollarse en 2011, tenía como objetivo general asegurar la conservación a largo plazo de las praderas marinas andaluzas, aplicando medidas de protección y dando a conocer a las personas, sobre todo a los habitantes de la costa, la importancia que las praderas marinas tienen para su calidad de vida y desarrollo sostenible", justificó la oficina del Defensor del Pueblo andaluz.
Aunque se han formulado distintas denuncias, "no han tenido consecuencias para terminar con estas prácticas ilegales que tanto daño están haciendo a estos fondos de alto valor ecológico". Además, señaló la Defensoría que la situación, "lejos de controlarse, se está agravando por la falta de vigilancia de quienes hasta tiempos recientes llevaban en ésta, al haberse despedido recientemente a los vigilantes que, por cuenta del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, llevaban a cabo esta labor".
A la vista de ello, y dadas las competencias que de acuerdo con el artículo 57 del Estatuto Andaluz corresponde a la comunidad autónoma la protección del medio ambiente, por lo que la institución ha iniciado una actuación de oficio dirigiéndose a la Consejería "para conocer si tienen conocimiento de los hechos y las medidas a adoptar"
"Este proyecto, que comenzó a desarrollarse en 2011, tenía como objetivo general asegurar la conservación a largo plazo de las praderas marinas andaluzas, aplicando medidas de protección y dando a conocer a las personas, sobre todo a los habitantes de la costa, la importancia que las praderas marinas tienen para su calidad de vida y desarrollo sostenible", justificó la oficina del Defensor del Pueblo andaluz.
Aunque se han formulado distintas denuncias, "no han tenido consecuencias para terminar con estas prácticas ilegales que tanto daño están haciendo a estos fondos de alto valor ecológico". Además, señaló la Defensoría que la situación, "lejos de controlarse, se está agravando por la falta de vigilancia de quienes hasta tiempos recientes llevaban en ésta, al haberse despedido recientemente a los vigilantes que, por cuenta del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, llevaban a cabo esta labor".
A la vista de ello, y dadas las competencias que de acuerdo con el artículo 57 del Estatuto Andaluz corresponde a la comunidad autónoma la protección del medio ambiente, por lo que la institución ha iniciado una actuación de oficio dirigiéndose a la Consejería "para conocer si tienen conocimiento de los hechos y las medidas a adoptar"
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