Mientras las Administraciones superiores promueven la protección de la Unesco, municipios de la zona piden "oxígeno" para vivir con las prohibiciones que ya existen
LOLA QUERO
Meses (o años) de espera para recibir un permiso, costosos proyectos que han de llevar auténticos tratados históricos, incertidumbre sobre la normativa... Todo esto, sumado a las lógicas dificultades para meter maquinaria y material de obra por accesos para ganado, convierten cualquier iniciativa de reforma o mejora arquitectónica legal dentro de la Alpujarra en una actividad sólo apta para valientes.
Los habitantes de la mayor parte de los municipios de esta comarca se sienten "encadenados" por las actuales normas y por la perversión de un sistema de control que no funciona, pues la burocracia, la falta de inversiones públicas y el arbitrio de técnicos que deciden desde la lejanía, crea un malestar constante en la población.
Y en este contexto, surge una iniciativa promovida por instituciones superiores para que la Alpujarra se convierta en Patrimonio Mundial de la Unesco. Los alcaldes y concejales de la zona empiezan a recoger el sentir de sus vecinos, muy preocupados ante la idea de que haya más normas de protección que encorseten más la vida en sus pueblos.
"La gente recela porque piensan que va a ser otra cadena más", explicó a este periódico el alcalde de La Tahá, Marcelo Avilés (PP).
Que exista o no fundamento en sus temores es algo que al final ha tenido poca repercusión en el frustrado resultado de la iniciativa, pues los esfuerzos que se han hecho por explicar in situ las bondades de entrar en la lista de la Unesco no han tenido repercusión en una población y unos políticos locales que, con el aderezo de la inminente pugna electoral, han evidenciado la falta de consenso de este proyecto, un requisito que se sabía indispensable.
Incluso los alcaldes que están a favor de la declaración de Patrimonio Mundial admiten que sus vecinos temen esta iniciativa, pues la Alpujarra ya es hoy una de las zonas de Europa con más superficie protegida jurídicamente, tanto desde la perspectiva medioambiental (Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada), como histórico-patrimonial (Conjunto Histórico del Barranco del Poqueira, Sitio Histórico de la Alpujarra Media y La Tahá).
La declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) que afecta a gran parte de la comarca (tanto de forma directa como por ser parte del entorno visual) fue un paso importante para la protección de una zona con muchos siglos de historia. Casi todo queda en manos de la Consejería de Cultura de la Junta y algunos ayuntamientos, especialmente los gobernados por el PP, ven esto como una "usurpación" de las competencias municipales.
Estos responsables municipales se ven respaldados también por la falta de agilidad y la arbitrariedad con la que, según los habitantes, se resuelven los permisos y se aplican las normas desde la Delegación de Cultura.
De ahí que media docena de alcaldes (de varios signos políticos) de municipios incluidos en el BIC de la Alpujarra Media y La Tahá presentaran un documento a Cultura hace más de un año, en el que detallaban los problemas que se estaban produciendo en la aplicación de la normativa. También proponían una serie de modificaciones de esas normas para "adaptarlas a la realidad actual".
El documento advierte del peligro de que esta normativa de protección tenga un efecto inverso y en realidad contribuya a "la desaparición futura del paisaje", por el inmovilismo que está generando.
Los alcaldes pedían a Cultura más flexibilidad para convertir antiguas estructuras en alojamientos rurales, dado que "contamos con un turismo que no desea otra cosa más que la tranquilidad y el contacto directo con la naturaleza". "No se puede seguir dando la espalda a la realidad -continúa el escrito-, contamos con un paisaje único, utilicémoslo de forma racional y respetuosa".
Los municipios y sus habitantes se sienten inmovilizados para desarrollar actividades más allá de la agricultura tradicional: "No podemos abocar al pasado a poblaciones enteras en el afán de preservar lo tradicional". Por eso piden "dar paso a una economía con diferentes y variadas fuentes de ingresos", en especial el turismo, dentro de unos límites de respeto al entorno.
Los habitantes de la mayor parte de los municipios de esta comarca se sienten "encadenados" por las actuales normas y por la perversión de un sistema de control que no funciona, pues la burocracia, la falta de inversiones públicas y el arbitrio de técnicos que deciden desde la lejanía, crea un malestar constante en la población.
Y en este contexto, surge una iniciativa promovida por instituciones superiores para que la Alpujarra se convierta en Patrimonio Mundial de la Unesco. Los alcaldes y concejales de la zona empiezan a recoger el sentir de sus vecinos, muy preocupados ante la idea de que haya más normas de protección que encorseten más la vida en sus pueblos.
"La gente recela porque piensan que va a ser otra cadena más", explicó a este periódico el alcalde de La Tahá, Marcelo Avilés (PP).
Que exista o no fundamento en sus temores es algo que al final ha tenido poca repercusión en el frustrado resultado de la iniciativa, pues los esfuerzos que se han hecho por explicar in situ las bondades de entrar en la lista de la Unesco no han tenido repercusión en una población y unos políticos locales que, con el aderezo de la inminente pugna electoral, han evidenciado la falta de consenso de este proyecto, un requisito que se sabía indispensable.
Incluso los alcaldes que están a favor de la declaración de Patrimonio Mundial admiten que sus vecinos temen esta iniciativa, pues la Alpujarra ya es hoy una de las zonas de Europa con más superficie protegida jurídicamente, tanto desde la perspectiva medioambiental (Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada), como histórico-patrimonial (Conjunto Histórico del Barranco del Poqueira, Sitio Histórico de la Alpujarra Media y La Tahá).
La declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) que afecta a gran parte de la comarca (tanto de forma directa como por ser parte del entorno visual) fue un paso importante para la protección de una zona con muchos siglos de historia. Casi todo queda en manos de la Consejería de Cultura de la Junta y algunos ayuntamientos, especialmente los gobernados por el PP, ven esto como una "usurpación" de las competencias municipales.
Estos responsables municipales se ven respaldados también por la falta de agilidad y la arbitrariedad con la que, según los habitantes, se resuelven los permisos y se aplican las normas desde la Delegación de Cultura.
De ahí que media docena de alcaldes (de varios signos políticos) de municipios incluidos en el BIC de la Alpujarra Media y La Tahá presentaran un documento a Cultura hace más de un año, en el que detallaban los problemas que se estaban produciendo en la aplicación de la normativa. También proponían una serie de modificaciones de esas normas para "adaptarlas a la realidad actual".
El documento advierte del peligro de que esta normativa de protección tenga un efecto inverso y en realidad contribuya a "la desaparición futura del paisaje", por el inmovilismo que está generando.
Los alcaldes pedían a Cultura más flexibilidad para convertir antiguas estructuras en alojamientos rurales, dado que "contamos con un turismo que no desea otra cosa más que la tranquilidad y el contacto directo con la naturaleza". "No se puede seguir dando la espalda a la realidad -continúa el escrito-, contamos con un paisaje único, utilicémoslo de forma racional y respetuosa".
Los municipios y sus habitantes se sienten inmovilizados para desarrollar actividades más allá de la agricultura tradicional: "No podemos abocar al pasado a poblaciones enteras en el afán de preservar lo tradicional". Por eso piden "dar paso a una economía con diferentes y variadas fuentes de ingresos", en especial el turismo, dentro de unos límites de respeto al entorno.
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