Periodista, especialista en Medio Ambiente
El humedal más emblemático de España, Doñana, está siendo examinado. Los que analizan el estado de salud de la joya natural son tres organismos internacionales: UNESCO, Ramsar (el convenio internacional de protección de los humedales) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
La misión internacional se ha entrevistado con todos los agentes implicados: administraciones, ecologistas, sectores empresariales y entidades; para ver si las recomendaciones iniciales dadas por sus organismos en 2011 y las presentadas después en 2013 y 2014 para salvar Doñana, se están llevando a cabo. Y el suspenso es casi seguro: "sólo una de las 21 recomendaciones de los organismos internacionales se puede considerar totalmente cumplida", explica Juanjo Carmona, de WWF-España, que añade que "Doñana sigue en peligro y estas recomendaciones no se han cumplido por la inacción y la falta de coordinación entre las administraciones competentes". El único peligro eliminado de los que sobrevaloran Doñana en 2011 es el de la construcción de un oleoducto que cruzaba por el Parque. El oleoducto Balboa, que procedía de Extremadura, fue un proyecto retirado ante el riesgo que suponía para la naturaleza. Pero quedan otros que siguen no sólo sobre la mesa, sino haciendo fuerza mediática al contar con grandes beneficios económicos detrás de si:
1. Doñana se está secando. Parece evidente que un ecosistema como un humedal se basa en la existencia de agua. En el caso de Doñana, las aguas subterráneas juegan un papel fundamental, de tal manera que el acuífero 27 Niebla-Posadas se podría considerar el alma de Doñana. Sin embargo, la proliferación de pozos ilegales para el regadío de un cultivo tan rentable como polémico, la fresa, está esquilmando el principal recurso para la vida del espacio natural.
Dicen los ecologistas que en la marisma madre (la que está lindando con la popular aldea de El Rocío) se ven los efectos. Y es así. Cada vez tiene menos agua. Estamos entrado hidrólogicamente en números rojos, por hacer un símil bancario; con la diferencia de que cuando un acuífero se agota, no hay marcha atrás. Más de mil pozos ilegales contra los que no se acaba de actuar y que cuando se llevan a cabo las tibias medidas levantan en armas a los agricultores que reclaman agua para unos cultivos que han proliferado sin tener en cuenta los recursos hídricos disponibles. Las fresas de la ira han enfrentado en Doñana a agricultores, ecologistas y administraciones entre sí.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para tratar de salir del atolladero ha propuesto dividir el acuífero en 5 zonas, una presunta solución salomónica que no sólo no satisface a nadie sino que carece de sentido desde un punto de vista científico y sólo busca maquillar el problema. Para WWF es necesario "declarar en mal estado el acuífero y aplicar las medidas previstas en la Ley de Aguas para revertir la situación en estos casos".
2. Un dragado del Guadalquivir sin sentido. El Puerto de Sevilla está empecinado en llevar a cabo el dragado del Guadalquivir, que en su estuario vértebra Doñana. No está claro a quién beneficiará el dragado que, según el Puerto de Sevilla, servirá para que lleguen barcos de más calado a Sevilla. Sobre todo, porque muy cerca está el gran puerto de Algeciras, más cómodo y sencillo para los grandes barcos, y el de Cádiz, para los cruceros.
Lo que sí está claro, porque lo asegura el gran informe científico independiente dirigido por el prestigioso catedrático Miguel Losada y un amplio equipo de científicos, es que hacer un dragado como el que quiere el Puerto de Sevilla en las condiciones en las que está el Guadalquivir significaría el colapso del río. La Autoridad Portuaria, no quiere ni que le citen ese informe y ya anda reclutando a suscientíficos a sueldo para tener un nuevo informe que le dé un aval científico (aunque no independiente, claro) para hacer su operación urbanística, que tendría como víctima colateral a Doñana (entre otras muertes anunciadas como la del sector del arroz sevillano, el más importante de España).
Mientras, se ha secuestrado el debate a la ciudadanía, porque las asociaciones de ciudadanos que han querido sentarse a hablar con el Puerto de Sevilla sobre las razones que hacen que el drgado no sea un proyecto para la ciudadanía, sino para el beneficio de las élites han encontrado siempre colgado el cartel de "No se admiten ciudadanos".
3. Almacén de gas. Es una de las últimas locuras ambientales: almacenar gas en Doñana. Está en los planes de Gas Natural-Fenosa, que quiere hacer un almacén subterráneo en el espacio natural. La Junta de Andalucía por ahora ha logrado frenar estas aspiraciones de una empresa que apuesta así por un modelo energético contaminante, pero lo cierto es que es un proyecto bien afianzado gracias en parte a que el anterior director del consejo de Participación de Doñana era también en esos momentos consejero de Gas Natural-Fenosa: el ex presidente Felipe González. ¿Una colocación casual?
4. El fantasma del vertido tóxico de Aznalcóllar vuelve. Donde Doñana no cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, sino más bien al contrario, es en la amenaza que supone reabrir la explotación minera que en 1998 causó el mayor desastre ambiental de la historia de Andalucía: la mina de Aznalcóllar. Parece que la memoria es frágil, porque sólo han pasado 16 años desde que miles de toneladas de lodo tóxico recorrieran el río Guadiamar en dirección al corazón de Doñana. Pero no sólo es el fantasma de Boliden (la empresa a la que le salió gratis el desastre ecológico, por cierto) sino que además esta reapertura minera supondría más presión sobre los recursos hídricos, ya que la mina necesita grandes cantidades de agua para funcionar. "Además, el Guadiamar sería de nuevo el canal de desagüe de la mina", afirma Juanjo Carmona.
5. El Plan de la Fresa. Termino las amenazas como empezaba. El uso ilegal del agua para regar cultivos no reconocidos, que suponía esquilmar el acuífero, tiene otra perspectiva: el uso ilegal del suelo. El Plan de la Corona Forestal de Doñana, que llega 7 años tarde por parte de la Junta de Andalucía, es, paradójicamente, papel mojado. WWF pide que se establezca un calendario de ejecución, un presupuesto, una oficina coordinadora del plan y "que se aplique con contundencia la legislación vigente".
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