Maeztu se impacienta y abre una queja de oficio al no hallar una justificación a la "excesiva" demora El último programa expiró en 2012
ANTONIO FUENTES SEVILa
El Defensor del Pueblo andaluz ha abierto una queja de oficio en la que investigará el "excesivo" retraso en la aprobación de un nuevo plan de vivienda por parte de la Junta de Andalucía. El departamento que dirige Jesús Maeztu, que no frecuenta la elaboración de resoluciones exigentes con la Administración autonómica desde la sustitución del anterior titular, José Chamizo, en mayo de 2013, defiende la apertura de una investigación al no encontrar una justificación por parte de los dirigentes de la Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortes, de Izquierda Unida.
"No encontrándose una respuesta que venga a aportar alguna justificación al retraso, ya excesivo, que viene afectando a la aprobación del nuevo Plan de Vivienda de Andalucía, y siendo éste un instrumento necesario para poner en práctica las nuevas políticas de viviendas, diseñadas en su borrador, en garantía de los derechos y libertades constitucionales se resuelve iniciar investigación de oficio, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora, a fin de tratar de proponer soluciones a la misma", señala la institución en una escueta resolución emitida a mediados de diciembre.
El anterior plan concertado de la Junta, firmado por Manuel Chaves con sindicatos, empresarios y entidades financieras a finales de 2007, en pleno auge económico y a las puertas de unas elecciones autonómicas, concluyó su vigencia a finales de 2012 con apenas el 50% de sus objetivos cumplidos en cuanto a la calificación de vivienda protegida (VPO) y la adquisición de suelo municipal para construirlas.
A pesar de que la aprobación de un nuevo plan ha estado recogida en los dos últimos presupuestos de la Junta, el Gobierno de coalición PSOE-IU encara el último año antes del fin de la legislatura sin un plan de vivienda en vigor y sin que los sucesivos anuncios de fechas sobre su aprobación se hayan materializado. Según recoge la web de la Consejería de Fomento, a finales de noviembre de 2013 concluyó el periodo de aportaciones a un borrador del ahora denominado Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación 2014-2019, fruto de una mesa de trabajo en la que han seguido participando distintos actores relacionados con la vivienda.
El pasado marzo la patronal de la construcción Fadeco y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) abandonaron esta mesa por la "falta de voluntad negociadora" para consensuar el futuro plan. En un comunicado, ambas organizaciones lamentaron la "nula voluntad negociadora mostrada por los responsables de la Consejería de Fomento y Vivienda por el hecho de que no se han producido avances en las reuniones, lo que ha convertido el proceso de negociación en una situación de mera apariencia de participación". Estas organizaciones continúan fuera de la negociación.
Fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda consultadas por esta redacción sobre la queja de oficio abierta por el Defensor del Pueblo andaluz señalaron que el Plan de Vivienda y Rehabilitación se encuentra en su fase final de tramitación, en concreto, pendiente del informe del Gabinete Jurídico, dependiente de la Consejería de Presidencia. Dicho informe, que ya fue solicitado, permitirá proceder a su aprobación definitiva. "Los plazos dependen del tiempo que ocupen estos trámites administrativos, que se espera se realicen con la mayor brevedad posible", añadieron las mismas fuentes.
En cualquier caso, la Consejería de Fomento sostuvo que la aprobación del plan no condiciona las líneas estratégicas de trabajo del departamento, "que están a pleno rendimiento". Señalaron que los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2015 avalan e impulsan la defensa del derecho a la vivienda y la rehabilitación de viviendas y reconversión del sector de la construcción como políticas prioritarias de la Consejería. En 2015 la Consejería de Fomento cuenta con 143 millones para los distintos programas de vivienda, tanto inversores como de ayudas.
Las mismas fuentes destacaron que el departamento que dirige Elena Cortés está inmerso en el mayor programa de rehabilitación de la historia del parque público: 80 millones de euros y 10.000 viviendas, en el plan estatal y en el programa de construcción sostenible. De forma paralela, la Consejera interviene en once barriadas vulnerables en el marco del Plan Estatal de Vivienda.
"No encontrándose una respuesta que venga a aportar alguna justificación al retraso, ya excesivo, que viene afectando a la aprobación del nuevo Plan de Vivienda de Andalucía, y siendo éste un instrumento necesario para poner en práctica las nuevas políticas de viviendas, diseñadas en su borrador, en garantía de los derechos y libertades constitucionales se resuelve iniciar investigación de oficio, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora, a fin de tratar de proponer soluciones a la misma", señala la institución en una escueta resolución emitida a mediados de diciembre.
El anterior plan concertado de la Junta, firmado por Manuel Chaves con sindicatos, empresarios y entidades financieras a finales de 2007, en pleno auge económico y a las puertas de unas elecciones autonómicas, concluyó su vigencia a finales de 2012 con apenas el 50% de sus objetivos cumplidos en cuanto a la calificación de vivienda protegida (VPO) y la adquisición de suelo municipal para construirlas.
A pesar de que la aprobación de un nuevo plan ha estado recogida en los dos últimos presupuestos de la Junta, el Gobierno de coalición PSOE-IU encara el último año antes del fin de la legislatura sin un plan de vivienda en vigor y sin que los sucesivos anuncios de fechas sobre su aprobación se hayan materializado. Según recoge la web de la Consejería de Fomento, a finales de noviembre de 2013 concluyó el periodo de aportaciones a un borrador del ahora denominado Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación 2014-2019, fruto de una mesa de trabajo en la que han seguido participando distintos actores relacionados con la vivienda.
El pasado marzo la patronal de la construcción Fadeco y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) abandonaron esta mesa por la "falta de voluntad negociadora" para consensuar el futuro plan. En un comunicado, ambas organizaciones lamentaron la "nula voluntad negociadora mostrada por los responsables de la Consejería de Fomento y Vivienda por el hecho de que no se han producido avances en las reuniones, lo que ha convertido el proceso de negociación en una situación de mera apariencia de participación". Estas organizaciones continúan fuera de la negociación.
Fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda consultadas por esta redacción sobre la queja de oficio abierta por el Defensor del Pueblo andaluz señalaron que el Plan de Vivienda y Rehabilitación se encuentra en su fase final de tramitación, en concreto, pendiente del informe del Gabinete Jurídico, dependiente de la Consejería de Presidencia. Dicho informe, que ya fue solicitado, permitirá proceder a su aprobación definitiva. "Los plazos dependen del tiempo que ocupen estos trámites administrativos, que se espera se realicen con la mayor brevedad posible", añadieron las mismas fuentes.
En cualquier caso, la Consejería de Fomento sostuvo que la aprobación del plan no condiciona las líneas estratégicas de trabajo del departamento, "que están a pleno rendimiento". Señalaron que los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2015 avalan e impulsan la defensa del derecho a la vivienda y la rehabilitación de viviendas y reconversión del sector de la construcción como políticas prioritarias de la Consejería. En 2015 la Consejería de Fomento cuenta con 143 millones para los distintos programas de vivienda, tanto inversores como de ayudas.
Las mismas fuentes destacaron que el departamento que dirige Elena Cortés está inmerso en el mayor programa de rehabilitación de la historia del parque público: 80 millones de euros y 10.000 viviendas, en el plan estatal y en el programa de construcción sostenible. De forma paralela, la Consejera interviene en once barriadas vulnerables en el marco del Plan Estatal de Vivienda.
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