La organización asegura que la práctica, que afecta a inmigrantes irregulares que acuden a urgencias y a menores, incumple la reforma sanitaria.
EFE, MADRID
Amnistía Internacional ha denunciado que algunas comunidades autónomas están emitiendocompromisos de pago a inmigrantes irregulares que acuden a urgencias y a personas que tienen derecho a cobertura sanitaria como los menores, lo que supone una vulneración del decreto de reforma sanitaria. El real decreto-ley de medidas urgentes de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, aprobado hace tres años, dejó sin tarjeta sanitaria a los "sin papeles" pero garantizaba la asistencia en urgencias y la atención primaria a menores y embarazadas.
Sin embargo, en la Comunidad Valenciana la emisión de compromisos de pago se hace de forma sistemática, ya que está integrada en su sistema informático, mientras que en Castilla-La Mancha esta práctica se lleva a cabo en determinados centros sanitarios. En ambos casos, se produce un "efecto disuasorio" para los inmigrantes, que dejan de acudir a los hospitales por miedo a tener que pagar la atención. Estas son algunas de las conclusiones del informe Sin tarjeta, no hay derechos. Impacto en derechos humanos de la reforma sanitaria en Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, que Amnistía Internacional ha centrado en estas autonomías al ser las que con "más contundencia" han aplicado la reforma sanitaria.
De hecho, Castilla-La Mancha es la única comunidad que no ha aprobado ninguna medida "paliativa" para atender a las personas excluidas del sistema sanitario, ha subrayado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. En la Comunidad Valenciana, pese a poner en marcha el Programa Valenciano de Protección de la Salud que atiende a personas sin recursos, "ha fracasado estrepitosamente" y no se ha restituido la universalidad del derecho a la salud.
Los médicos de familia están "muy preocupados porque la población más vulnerable no llega a sus consultas", ha recalcado la doctora Pilar Botija, miembro de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar, quien se ha preguntado "¿adónde van? ¿Quién les atiende?". Esta médico de familia ha asegurado que en su comunidad es el propio sistema informático del Sistema Valenciano de Salud el que emite los compromisos de pago para los inmigrantes. "Se ha corrido el rumor de que si firmas te viene luego una factura y la gente poco ha poco ha dejado de venir a la consulta". Sin embargo, en Castilla-La Mancha "es más una respuesta del personal administrativo, que muchas veces, incluso con buena voluntad, advierten a los inmigrantes de que luego les puede llegar la factura", ha explicado Beltrán.
Amnistía Internacional ha denunciado que tres años después de la aprobación del real decreto,748.000 inmigrantes irregulares se han quedado sin tarjeta sanitaria, que se han convertido en "nuevas víctimas de una violación de derechos humanos". De ellos, solo 730 han suscrito convenios especiales para recibir atención sanitaria, en parte por una cuestión económica, ya que deben abonar entre 60 y 157 euros mensuales, y en parte también por falta de información, ha asegurado Koldo Kasla, autor del informe.
La aplicación "dispar" del real decreto en las comunidades autónomas y la falta de información del personal médico sobre la normativa a aplicar "ha agudizado" el impacto negativo de la reforma, según el director de AI. Algunas comunidades han desarrollado suspropios programas para ampliar la cobertura contemplada en la reforma (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura o Galicia) y otras han elaborado su propia normativa (País Vasco y Navarra). Andalucía, Asturias, Cataluña, Canarias, País Vasco y Navarra han interpuesto recursos ante el Tribunal Constitucional contra el decreto y otras lo han aplicado mediante instrucciones o circulares administrativas (Madrid, Baleares y Castilla y León).
El informe subraya que esta disparidad ha generado un "caos administrativo" y denuncia que en algunos centros sanitarios se siguen cobrando servicios de urgencia o se deniega el acceso a la atención sanitaria a personas que estarían cubiertas por el decreto. "Un caos total que contribuye a la exclusión", ha incidido el director de AI. Beltrán ha calificado de "un paso adelante pero incompleto" el anuncio del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, de restituir la atención primaria a los inmigrantes irregulares y ha señalado que "llama poderosamente la atención" que lo haya hecho en estos momentos, aunque ha dicho no querer especular. "Lo fundamental es restablecer la universalidad de la sanidad", ha considerado.
Sin embargo, en la Comunidad Valenciana la emisión de compromisos de pago se hace de forma sistemática, ya que está integrada en su sistema informático, mientras que en Castilla-La Mancha esta práctica se lleva a cabo en determinados centros sanitarios. En ambos casos, se produce un "efecto disuasorio" para los inmigrantes, que dejan de acudir a los hospitales por miedo a tener que pagar la atención. Estas son algunas de las conclusiones del informe Sin tarjeta, no hay derechos. Impacto en derechos humanos de la reforma sanitaria en Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, que Amnistía Internacional ha centrado en estas autonomías al ser las que con "más contundencia" han aplicado la reforma sanitaria.
De hecho, Castilla-La Mancha es la única comunidad que no ha aprobado ninguna medida "paliativa" para atender a las personas excluidas del sistema sanitario, ha subrayado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. En la Comunidad Valenciana, pese a poner en marcha el Programa Valenciano de Protección de la Salud que atiende a personas sin recursos, "ha fracasado estrepitosamente" y no se ha restituido la universalidad del derecho a la salud.
Los médicos de familia están "muy preocupados porque la población más vulnerable no llega a sus consultas", ha recalcado la doctora Pilar Botija, miembro de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar, quien se ha preguntado "¿adónde van? ¿Quién les atiende?". Esta médico de familia ha asegurado que en su comunidad es el propio sistema informático del Sistema Valenciano de Salud el que emite los compromisos de pago para los inmigrantes. "Se ha corrido el rumor de que si firmas te viene luego una factura y la gente poco ha poco ha dejado de venir a la consulta". Sin embargo, en Castilla-La Mancha "es más una respuesta del personal administrativo, que muchas veces, incluso con buena voluntad, advierten a los inmigrantes de que luego les puede llegar la factura", ha explicado Beltrán.
Amnistía Internacional ha denunciado que tres años después de la aprobación del real decreto,748.000 inmigrantes irregulares se han quedado sin tarjeta sanitaria, que se han convertido en "nuevas víctimas de una violación de derechos humanos". De ellos, solo 730 han suscrito convenios especiales para recibir atención sanitaria, en parte por una cuestión económica, ya que deben abonar entre 60 y 157 euros mensuales, y en parte también por falta de información, ha asegurado Koldo Kasla, autor del informe.
La aplicación "dispar" del real decreto en las comunidades autónomas y la falta de información del personal médico sobre la normativa a aplicar "ha agudizado" el impacto negativo de la reforma, según el director de AI. Algunas comunidades han desarrollado suspropios programas para ampliar la cobertura contemplada en la reforma (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura o Galicia) y otras han elaborado su propia normativa (País Vasco y Navarra). Andalucía, Asturias, Cataluña, Canarias, País Vasco y Navarra han interpuesto recursos ante el Tribunal Constitucional contra el decreto y otras lo han aplicado mediante instrucciones o circulares administrativas (Madrid, Baleares y Castilla y León).
El informe subraya que esta disparidad ha generado un "caos administrativo" y denuncia que en algunos centros sanitarios se siguen cobrando servicios de urgencia o se deniega el acceso a la atención sanitaria a personas que estarían cubiertas por el decreto. "Un caos total que contribuye a la exclusión", ha incidido el director de AI. Beltrán ha calificado de "un paso adelante pero incompleto" el anuncio del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, de restituir la atención primaria a los inmigrantes irregulares y ha señalado que "llama poderosamente la atención" que lo haya hecho en estos momentos, aunque ha dicho no querer especular. "Lo fundamental es restablecer la universalidad de la sanidad", ha considerado.
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