La Audiencia Provincial declara nulo el contrato de alquiler al apreciar intencionalidad
ROSA FERNÁNDEZ MOTRIL , MOTRIL 
A punto de cumplirse un año el próximo sábado de que Dolores Ruiz, la septuagenaria que fue desalojada por sus hijos de su vivienda familiar en la calle Santiago de Motril, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Motril ha declarado nulo el contrato de arrendamiento suscrito el 22 de diciembre de 2005, por el que fue desahuciada por un presunto impago a una empresa propiedad de su hijo del alquiler de la casa en la que vivía.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Granada Hoy y contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Granada, se declara la nulidad de pleno derecho del contrato de alquiler, al apreciar la jueza dolo (intencionalidad) en el hijo a la hora de redactar el convenio. Además, se condena a la empresa propiedad de su hijo al pago de 24.000 euros, correspondiente a la parte proporcional del precio de venta que le correspondería a la madre (en 96.000 euros se valoró la venta del inmueble a repartir entre los cuatro hermanos, por lo que a Dolores le correspondería esa cifra), además del abono de las costas procesales originadas en el proceso judicial.
En la resolución judicial, la magistrada discrepa de la pretensión del abogado de la defensa que argumentaba que el plazo había prescrito, ya que dice que empieza a contar desde que Dolores conoce ese contrato, lo cual sucede en 14 de diciembre de 2011. La Juez también aduce que ella nunca pagó la renta, por lo que no sabía que existía tal contrato. Asimismo, tiene en cuenta la fecha en la que el hijo lo presenta en los tribunales por primera vez el día 14 de diciembre de 2011. Para anular el contrato, la jueza se basa en el "abuso de la relación de confianza" del hijo con la madre, tras hacerla suscribir un contrato de arrendamiento, de fecha 22 de diciembre del 2005.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Granada Hoy y contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Granada, se declara la nulidad de pleno derecho del contrato de alquiler, al apreciar la jueza dolo (intencionalidad) en el hijo a la hora de redactar el convenio. Además, se condena a la empresa propiedad de su hijo al pago de 24.000 euros, correspondiente a la parte proporcional del precio de venta que le correspondería a la madre (en 96.000 euros se valoró la venta del inmueble a repartir entre los cuatro hermanos, por lo que a Dolores le correspondería esa cifra), además del abono de las costas procesales originadas en el proceso judicial.
En la resolución judicial, la magistrada discrepa de la pretensión del abogado de la defensa que argumentaba que el plazo había prescrito, ya que dice que empieza a contar desde que Dolores conoce ese contrato, lo cual sucede en 14 de diciembre de 2011. La Juez también aduce que ella nunca pagó la renta, por lo que no sabía que existía tal contrato. Asimismo, tiene en cuenta la fecha en la que el hijo lo presenta en los tribunales por primera vez el día 14 de diciembre de 2011. Para anular el contrato, la jueza se basa en el "abuso de la relación de confianza" del hijo con la madre, tras hacerla suscribir un contrato de arrendamiento, de fecha 22 de diciembre del 2005.
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