El descenso de convocatorias y plazas de profesor obliga a cancelar proyectos y provoca la precarización de un sector que debería convertirse en motor económico.
CARLOS ROCHA, SEVILLA |
"La fórmula debe ser controlar los costes y la inversión en I+D, ya que no es una opción rentable a corto plazo para mejorar la relación calidad-precio". Son palabras de Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica de Moncloa, pero parece una doctrina que han seguido sus predecesores desde 2008, cuando el gasto en investigación y desarrollo alcanzó los 14.701 millones de euros. En 2013 -los últimos datos disponibles-, la cantidad se redujo hasta los 13.012 millones, de los cuales 1.471 corresponden a Andalucía. Sin embargo esa cantidad suma la inversión de las empresas a la realizada por las universidades y las administraciones, por lo que la situación de aquel científico que quiera trabajar en el sector público es realmente complicada.
Alberto Márquez, catedrático de Matemática Aplicada en la Universidad de Sevilla (US) lo sabe bien, pues es un asunto que le afecta directamente, pero también es consciente del perjuicio que se produce cuando la investigación no tiene el apoyo que requiere. "Los países que están bien económicamente hacen una gran inversión en ciencia y los gobernantes actuales están hipotecando de manera muy seria el futuro de España", afirma Márquez, que se queja por la tibieza que detecta en la sociedad ante los recortes en I+D+I que se han producido desde que estalló la crisis económica y financiera.
Por aquel entonces, este profesor de la Escuela Técnica Superior de Informática de la Hispalense impulsó, junto con varios colegas procedentes de toda Europa el programa de investigación en matemáticas EuroGIGA, englobado dentro de las convocatorias científicas Eurocores. La European Science Fundation (ESC) impulsa cada año Eurocores para que se avance en disciplinas que considera importantes para el desarrollo de la ciencia en el continente, pero no existía un convocatoria específica para las matemáticas.
Una vez que empezó a funcionar, Márquez y su equipo concurrieron en dos proyectos, Compose, donde tenían un papel secundario, y Voronoi, el primer estudio financiado por Eurocores que lideraba un andaluz y el primero en la Universidad de Sevilla. Compose llegó a buen puerto, al igual que Voronoi, pero Alberto Márquez quedó fuera del segundo proyecto porque la Junta de Andalucía no liberó 15.000 euros de su presupuesto, que el docente había solicitado a través del registro de la universidad donde da clases. "Yo entiendo que no fue por falta de dinero, sino que el problema fue que no existían los mecanismos burocráticos para que se pudiera realizar la inversión", explica el catedrático, que estima en 100.000 euros la cantidad que habría recibido para su investigación sobre los diagramas de Voronoi, una figura relacionada con el concepto de proximidad que tiene aplicaciones en planificación urbanística y en el desarrollo de sistemas de posicionamiento geográfico.
A pesar de la resignación, Alberto Márquez todavía se sorprende del desenlace de su proyecto, puesto que había recibido el beneplácito de la administración andaluza en varias conversaciones para mostrar su apoyo financiero al desarrollo de Voronoi. "A pesar de que a día de hoy no nos han denegado la financiación, nos solicitaron varios documentos, que imposibilitaron que participáramos en el proyecto", asegura el científico en referencia a un requerimiento de la Junta de los pagos de la Universidad de Sevilla a la Agencia Tributaria. Fuentes de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo -de la que dependen las universidades y el I+D+I- confirman los contactos con Alberto Márquez, pero aseguran que no les consta la petición formal de los 15.000 euros que necesitaba el proyecto y que por ese motivo no se pudo destinar parte del presupuesto a financiarlo.
En la actualidad, este catedrático está centrado en otros proyectos y muy involucrado en la divulgación científica, pero considera "sintomática" la cadena de errores que desembocó en su ausencia en Voronoi y asegura que no volverá a presentarse a ninguna convocatoria parecida si no tiene todas las garantías por parte de la administración. "Cuando se anunció Voronoi, todos vinieron a hacerse la foto, pero al final se quitaron del medio", apostilla.
Este catedrático de Matemática Aplicada no fue el único perjudicado ante este proyecto fallido, puesto que los jóvenes investigadores que forman parte de su equipo tampoco adquirieron el aprendizaje que supone trabajar en un ambicioso estudio a nivel europeo. El colectivo de científicos con menos experiencia es uno de los más perjudicados por los recortes y la Asociación de Investigadores Precarios de Málaga (Aipma) resurgió el año pasado para defender los derechos de sus miembros.
Aunque la entidad existía desde principios de la década pasada, un grupo de doctorandos en los últimos años y recién doctorados retomaron la actividad para intentar estabilizar su situación. Su principal reivindicación consiste en pedir a la consejería competente la creación de un plan a largo plazo de contratación de investigadores que ya han obtenido el título de doctor. Es el caso de Ana Belén Ruiz -en Matemáticas- y Enrique Machuca -en Informática-, socios activos de la plataforma que ahora mismo trabajan en la Universidad de Málaga (UMA). "La mayoría de investigadores en situación posdoctoral no tiene puesto fijo, sino que se hacen contratos a cargo de proyecto. El problema radica en que cada vez hay menos dinero para proyectos", cuenta Machuca, que está especializado en Inteligencia Artificial y ha impartido clase en varias facultades malagueñas.
El principal enemigo de estos científicos, que tienen entre 30 y 35 años en su mayoría, es el Real Decreto Ley 20/2011 que estableció una tasa de reposición del 10% en los empleados del sector público con el objetivo de reducir el déficit e impulsado por el Gobierno central. "De cada cien profesores titulares o catedráticos que se han jubilado en este tiempo, sólo se han realizado diez contratos", detalla Ana Belén Ruiz, aunque reconoce que las universidades han intentado paliar este déficit sacando plazas de profesor sustituto interino o asociado a tiempo parcial. Estos contratos, que dependen del presupuesto de los distintos centros, constituyen una de las pocas fórmulas que tienen los jóvenes investigadores para continuar su carrera, pero no están precisamente bien pagados. "No puede ser que haya personas con el mayor nivel de formación que permite el sistema y estén cobrando 300 y 600 euros", señala Ruiz.
Una de las posibles soluciones es la emigración, pero estos científicos prefieren retrasar al máximo la decisión de salir al extranjero. Enrique Machuca considera que su estancia en el Karlsruhe Institute of Technology (Alemania) fue muy enriquecedora, pero defiende que los periodos en el extranjero deben tener fecha de caducidad. Otra alternativa consiste en investigar desde las empresas, pero tanto él como s u compañera en la asociación creen que la transferencia entre la universidad y el sector privado es todavía muy débil. "Seguramente no habría comenzado una carrera en el mundo académico si me dicen que hoy estaría así. Es una apuesta personal que te condiciona la vida", asegura Ruiz.
Tanto Enrique Machuca como Ana Belén Ruiz están trabajando ahora en la Universidad de Málaga gracias a un plan propio, pero el fin de sus contratos está cerca y hay muchos compañeros en su misma situación y por ese motivo se han reunido con varios partidos políticos para trasladarles sus peticiones. Junto con el mencionado plan de contratación de investigaciones posdoctorales, solicitan la creación de un cuerpo de investigadores propios de la Junta de Andalucía y la potenciación de la UNIA en este sentido. También proponen un estudio sobre las necesidades docentes en las universidades andaluzas, algo que, según la administración, ya está en marcha con la convocatoria de 351 puestos para cubrir esas vacantes y 191 profesores asociados.
De momento, aseguran en la asociación, son parches que ayudan, pero mantienen la incertidumbre en las carreras de unos científicos con gran potencial. "Los mas mayores se dedican sobre todo a dirigir proyectos y los recién graduados no tienen la experiencia suficiente", lamenta Machuca que anuncia que pasarán años hasta que haya una nueva generación tan "formada a conciencia" como la suya. "Un político del PP que conoce la situación nos dijo que se ha producido una ruptura en la cadena de la investigación", apunta este doctor en Informática, pero recuerda que la ciencia necesita algo más que promesas y buenas palabras.
Alberto Márquez, catedrático de Matemática Aplicada en la Universidad de Sevilla (US) lo sabe bien, pues es un asunto que le afecta directamente, pero también es consciente del perjuicio que se produce cuando la investigación no tiene el apoyo que requiere. "Los países que están bien económicamente hacen una gran inversión en ciencia y los gobernantes actuales están hipotecando de manera muy seria el futuro de España", afirma Márquez, que se queja por la tibieza que detecta en la sociedad ante los recortes en I+D+I que se han producido desde que estalló la crisis económica y financiera.
Por aquel entonces, este profesor de la Escuela Técnica Superior de Informática de la Hispalense impulsó, junto con varios colegas procedentes de toda Europa el programa de investigación en matemáticas EuroGIGA, englobado dentro de las convocatorias científicas Eurocores. La European Science Fundation (ESC) impulsa cada año Eurocores para que se avance en disciplinas que considera importantes para el desarrollo de la ciencia en el continente, pero no existía un convocatoria específica para las matemáticas.
Una vez que empezó a funcionar, Márquez y su equipo concurrieron en dos proyectos, Compose, donde tenían un papel secundario, y Voronoi, el primer estudio financiado por Eurocores que lideraba un andaluz y el primero en la Universidad de Sevilla. Compose llegó a buen puerto, al igual que Voronoi, pero Alberto Márquez quedó fuera del segundo proyecto porque la Junta de Andalucía no liberó 15.000 euros de su presupuesto, que el docente había solicitado a través del registro de la universidad donde da clases. "Yo entiendo que no fue por falta de dinero, sino que el problema fue que no existían los mecanismos burocráticos para que se pudiera realizar la inversión", explica el catedrático, que estima en 100.000 euros la cantidad que habría recibido para su investigación sobre los diagramas de Voronoi, una figura relacionada con el concepto de proximidad que tiene aplicaciones en planificación urbanística y en el desarrollo de sistemas de posicionamiento geográfico.
A pesar de la resignación, Alberto Márquez todavía se sorprende del desenlace de su proyecto, puesto que había recibido el beneplácito de la administración andaluza en varias conversaciones para mostrar su apoyo financiero al desarrollo de Voronoi. "A pesar de que a día de hoy no nos han denegado la financiación, nos solicitaron varios documentos, que imposibilitaron que participáramos en el proyecto", asegura el científico en referencia a un requerimiento de la Junta de los pagos de la Universidad de Sevilla a la Agencia Tributaria. Fuentes de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo -de la que dependen las universidades y el I+D+I- confirman los contactos con Alberto Márquez, pero aseguran que no les consta la petición formal de los 15.000 euros que necesitaba el proyecto y que por ese motivo no se pudo destinar parte del presupuesto a financiarlo.
En la actualidad, este catedrático está centrado en otros proyectos y muy involucrado en la divulgación científica, pero considera "sintomática" la cadena de errores que desembocó en su ausencia en Voronoi y asegura que no volverá a presentarse a ninguna convocatoria parecida si no tiene todas las garantías por parte de la administración. "Cuando se anunció Voronoi, todos vinieron a hacerse la foto, pero al final se quitaron del medio", apostilla.
Este catedrático de Matemática Aplicada no fue el único perjudicado ante este proyecto fallido, puesto que los jóvenes investigadores que forman parte de su equipo tampoco adquirieron el aprendizaje que supone trabajar en un ambicioso estudio a nivel europeo. El colectivo de científicos con menos experiencia es uno de los más perjudicados por los recortes y la Asociación de Investigadores Precarios de Málaga (Aipma) resurgió el año pasado para defender los derechos de sus miembros.
Aunque la entidad existía desde principios de la década pasada, un grupo de doctorandos en los últimos años y recién doctorados retomaron la actividad para intentar estabilizar su situación. Su principal reivindicación consiste en pedir a la consejería competente la creación de un plan a largo plazo de contratación de investigadores que ya han obtenido el título de doctor. Es el caso de Ana Belén Ruiz -en Matemáticas- y Enrique Machuca -en Informática-, socios activos de la plataforma que ahora mismo trabajan en la Universidad de Málaga (UMA). "La mayoría de investigadores en situación posdoctoral no tiene puesto fijo, sino que se hacen contratos a cargo de proyecto. El problema radica en que cada vez hay menos dinero para proyectos", cuenta Machuca, que está especializado en Inteligencia Artificial y ha impartido clase en varias facultades malagueñas.
El principal enemigo de estos científicos, que tienen entre 30 y 35 años en su mayoría, es el Real Decreto Ley 20/2011 que estableció una tasa de reposición del 10% en los empleados del sector público con el objetivo de reducir el déficit e impulsado por el Gobierno central. "De cada cien profesores titulares o catedráticos que se han jubilado en este tiempo, sólo se han realizado diez contratos", detalla Ana Belén Ruiz, aunque reconoce que las universidades han intentado paliar este déficit sacando plazas de profesor sustituto interino o asociado a tiempo parcial. Estos contratos, que dependen del presupuesto de los distintos centros, constituyen una de las pocas fórmulas que tienen los jóvenes investigadores para continuar su carrera, pero no están precisamente bien pagados. "No puede ser que haya personas con el mayor nivel de formación que permite el sistema y estén cobrando 300 y 600 euros", señala Ruiz.
Una de las posibles soluciones es la emigración, pero estos científicos prefieren retrasar al máximo la decisión de salir al extranjero. Enrique Machuca considera que su estancia en el Karlsruhe Institute of Technology (Alemania) fue muy enriquecedora, pero defiende que los periodos en el extranjero deben tener fecha de caducidad. Otra alternativa consiste en investigar desde las empresas, pero tanto él como s u compañera en la asociación creen que la transferencia entre la universidad y el sector privado es todavía muy débil. "Seguramente no habría comenzado una carrera en el mundo académico si me dicen que hoy estaría así. Es una apuesta personal que te condiciona la vida", asegura Ruiz.
Tanto Enrique Machuca como Ana Belén Ruiz están trabajando ahora en la Universidad de Málaga gracias a un plan propio, pero el fin de sus contratos está cerca y hay muchos compañeros en su misma situación y por ese motivo se han reunido con varios partidos políticos para trasladarles sus peticiones. Junto con el mencionado plan de contratación de investigaciones posdoctorales, solicitan la creación de un cuerpo de investigadores propios de la Junta de Andalucía y la potenciación de la UNIA en este sentido. También proponen un estudio sobre las necesidades docentes en las universidades andaluzas, algo que, según la administración, ya está en marcha con la convocatoria de 351 puestos para cubrir esas vacantes y 191 profesores asociados.
De momento, aseguran en la asociación, son parches que ayudan, pero mantienen la incertidumbre en las carreras de unos científicos con gran potencial. "Los mas mayores se dedican sobre todo a dirigir proyectos y los recién graduados no tienen la experiencia suficiente", lamenta Machuca que anuncia que pasarán años hasta que haya una nueva generación tan "formada a conciencia" como la suya. "Un político del PP que conoce la situación nos dijo que se ha producido una ruptura en la cadena de la investigación", apunta este doctor en Informática, pero recuerda que la ciencia necesita algo más que promesas y buenas palabras.
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