Los inmuebles aportados por los bancos para las familias desalojadas apenas podrían acoger a un 10% de los afectados en 2014 y a un 1,1% de los que han perdido su vivienda desde 2008
GUADALUPE S. MALDONADO GRANADA 
Las medidas adoptadas por las administraciones públicas para paliar el drama de los desahucios han ocupado enormes titulares, pero su impacto real en una sociedad que necesita medidas urgentes ha sido casi nulo. Ni el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía -cuya aplicación fue paralizada por el Tribunal Constitucional-, ni el Fondo Social de Vivienda del Gobierno central y los bancos han acabado siendo las grandes iniciativas que prometían ser, las que necesitaba un colectivo en una situación complicada, muy cercana a la exclusión social, y sin red de apoyo. Sólo la suspensión de la ejecución de los desahucios -ampliada ahora durante dos años más- ha tenido un efecto real y patente, pese a que sigue sin solucionar el problema de fondo, ya que los deudores siguen acumulando deuda y gastos durante el periodo en el que se aplace el desalojo.
Quizá la mejor muestra del poco éxito de estas iniciativas la ofrezca el Fondo Social de Vivienda. El parque de inmuebles aportados por las entidades financieras y destinados a alquiler social estaba dirigido a aquellas familias vulnerables que hayan sido desalojadas después del 1 de enero de 2008 por el impago de un préstamo hipotecario. Sin embargo, la desproporción entre el número de viviendas disponibles para aquellos que cumplan los requisitos y el número de familias que han sido desahuciadas y desalojadas en el último año, es abismal.
Según los datos facilitados por el Ministerio de Economía, a fecha de julio de 2014 -la última actualización estadística disponible-, apenas había en Granada 122 viviendas adheridas al Fondo Social, la mayoría repartidas municipios de la provincia y apenas 19 en la capital. Pues bien, ese centenar de viviendas es claramente insuficiente no ya para todos los granadinos desahuciados a lo largo de la crisis, sino para los que sufrieron esta situación en 2014. A lo largo del año pasado, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, se ejecutaron en la provincia 1.147 lanzamientos como consecuencia del impago de la hipoteca, lo que significa que el Fondo Social, de estar completamente libre, apenas sería suficiente para alojar a un 10% de los granadinos desahuciados a lo largo de un solo año. Eso, claro está, si llegaran a cumplir los exigentes requisitos a los que obliga el Fondo Social.
La comparación es todavía más dramática al contrastar la cifra de viviendas disponibles en el fondo que crearon el Gobierno y las entidades de crédito con la cifra de ejecuciones hipotecarias que se han iniciado -la cifra de lanzamientos realizados por provincias sólo está disponible para los años 2013 y 2014- desde el año 2008. En los seis años que van desde la fecha tope para acogerse al Fondo Social de Vivienda hasta la actualidad, se han comenzado a tramitar en Granada 12.222 ejecuciones hipotecarias, y se han iniciado más de 11.179 lanzamientos. Suponiendo que la mayoría de estos procedimientos iniciados se llevaran finalmente a cabo, el Fondo Social de Vivienda apenas serviría para alojar a un 1,1% del total de la población desahuciada.
Y ni eso. Según denunciaron desde el movimiento Stop Desahucios, el Fondo Social de Viviendas no pasa de ser una declaración de intenciones, una "tirita" que, en la práctica, ha sido incapaz de cerrar una herida muy grave. "Hay pocas viviendas, la mayoría no están en la capital y no sirven para casos urgentes". Así resume Stop Desahucios la utilidad de un fondo que no dudan en calificar de "inoperativo" y que aseguran que "no es una solución" para el problema de fondo de los desahucios. Fuentes del grupo aseguran que, por el momento, ninguna de las familias que han atendido ha accedido a una de las viviendas del Fondo Social. "Lo hemos intentado y no hemos podido", aseguran, apuntando que lo que sí han conseguido es que el banco con el que negociaban incluyera dentro del Fondo Social una vivienda que iba a destinar a una de las familias que ayudan.
El mayor problema asociado al Fondo de Viviendas, además de su escasez, es su diseminación por toda la provincia. "Los pisos están muy desperdigados, y muchas familias no pueden irse fuera y perder su red de apoyo familiar", explican desde el grupo, apuntando que es "contradictorio" que las entidades financieras, teniendo miles de viviendas vacías en el propio municipio de Granada, no las pongan a disposición de las familias que verdaderamente las necesiten, por mucho Código de Buenas Prácticas que hayan firmado. En todo caso, "lo más dramático" es que en los casos urgentes el Fondo Social de Viviendas "no sirva para nada".
Lo que sí confirman desde Stop Desahucios es que, por el momento, los lanzamientos -que no las ejecuciones hipotecarias- se han minimizado. Pepe Iglesias, abogado del grupo activista, explica que la mayoría de las entidades financieras han paralizado los lanzamientos, a pesar de que están en condiciones de solicitarle al juez que los ejecute. De hecho, Stop Desahucios se encuentra con al menos un centenar de casos en esta situación de paralización de la última fase de la ejecución hipotecaria. "Por indicación electoral o por la impopularidad, los han parado", indica Iglesias.
Otras voces del grupo indican también que es una realidad que "a los bancos no le interesan los desahucios", porque "les da mala prensa, ya tienen muchas viviendas vacías y así alargan el proceso. Les interesa a nivel de estrategia legal". ¿El motivo? Pues porque, por un lado, tienen a una familia que les mantiene en buenas condiciones la vivienda y, por otro, generan más deuda. Desde Stop Desahucios recuerdan que la suspensión de los lanzamientos -que se ha prorrogado ahora hasta 2017-, no supone la paralización del proceso de ejecución hipotecaria, lo que puede provocar que, a la larga, el beneficiario de la suspensión se encuentre con "una losa más grande" cuando tenga que hacer frente al proceso. "La moratoria no paraliza el proceso, sólo paraliza el desahucio. Nosotros lo que queríamos es que no generaran más deuda".
Quizá la mejor muestra del poco éxito de estas iniciativas la ofrezca el Fondo Social de Vivienda. El parque de inmuebles aportados por las entidades financieras y destinados a alquiler social estaba dirigido a aquellas familias vulnerables que hayan sido desalojadas después del 1 de enero de 2008 por el impago de un préstamo hipotecario. Sin embargo, la desproporción entre el número de viviendas disponibles para aquellos que cumplan los requisitos y el número de familias que han sido desahuciadas y desalojadas en el último año, es abismal.
Según los datos facilitados por el Ministerio de Economía, a fecha de julio de 2014 -la última actualización estadística disponible-, apenas había en Granada 122 viviendas adheridas al Fondo Social, la mayoría repartidas municipios de la provincia y apenas 19 en la capital. Pues bien, ese centenar de viviendas es claramente insuficiente no ya para todos los granadinos desahuciados a lo largo de la crisis, sino para los que sufrieron esta situación en 2014. A lo largo del año pasado, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, se ejecutaron en la provincia 1.147 lanzamientos como consecuencia del impago de la hipoteca, lo que significa que el Fondo Social, de estar completamente libre, apenas sería suficiente para alojar a un 10% de los granadinos desahuciados a lo largo de un solo año. Eso, claro está, si llegaran a cumplir los exigentes requisitos a los que obliga el Fondo Social.
La comparación es todavía más dramática al contrastar la cifra de viviendas disponibles en el fondo que crearon el Gobierno y las entidades de crédito con la cifra de ejecuciones hipotecarias que se han iniciado -la cifra de lanzamientos realizados por provincias sólo está disponible para los años 2013 y 2014- desde el año 2008. En los seis años que van desde la fecha tope para acogerse al Fondo Social de Vivienda hasta la actualidad, se han comenzado a tramitar en Granada 12.222 ejecuciones hipotecarias, y se han iniciado más de 11.179 lanzamientos. Suponiendo que la mayoría de estos procedimientos iniciados se llevaran finalmente a cabo, el Fondo Social de Vivienda apenas serviría para alojar a un 1,1% del total de la población desahuciada.
Y ni eso. Según denunciaron desde el movimiento Stop Desahucios, el Fondo Social de Viviendas no pasa de ser una declaración de intenciones, una "tirita" que, en la práctica, ha sido incapaz de cerrar una herida muy grave. "Hay pocas viviendas, la mayoría no están en la capital y no sirven para casos urgentes". Así resume Stop Desahucios la utilidad de un fondo que no dudan en calificar de "inoperativo" y que aseguran que "no es una solución" para el problema de fondo de los desahucios. Fuentes del grupo aseguran que, por el momento, ninguna de las familias que han atendido ha accedido a una de las viviendas del Fondo Social. "Lo hemos intentado y no hemos podido", aseguran, apuntando que lo que sí han conseguido es que el banco con el que negociaban incluyera dentro del Fondo Social una vivienda que iba a destinar a una de las familias que ayudan.
El mayor problema asociado al Fondo de Viviendas, además de su escasez, es su diseminación por toda la provincia. "Los pisos están muy desperdigados, y muchas familias no pueden irse fuera y perder su red de apoyo familiar", explican desde el grupo, apuntando que es "contradictorio" que las entidades financieras, teniendo miles de viviendas vacías en el propio municipio de Granada, no las pongan a disposición de las familias que verdaderamente las necesiten, por mucho Código de Buenas Prácticas que hayan firmado. En todo caso, "lo más dramático" es que en los casos urgentes el Fondo Social de Viviendas "no sirva para nada".
Lo que sí confirman desde Stop Desahucios es que, por el momento, los lanzamientos -que no las ejecuciones hipotecarias- se han minimizado. Pepe Iglesias, abogado del grupo activista, explica que la mayoría de las entidades financieras han paralizado los lanzamientos, a pesar de que están en condiciones de solicitarle al juez que los ejecute. De hecho, Stop Desahucios se encuentra con al menos un centenar de casos en esta situación de paralización de la última fase de la ejecución hipotecaria. "Por indicación electoral o por la impopularidad, los han parado", indica Iglesias.
Otras voces del grupo indican también que es una realidad que "a los bancos no le interesan los desahucios", porque "les da mala prensa, ya tienen muchas viviendas vacías y así alargan el proceso. Les interesa a nivel de estrategia legal". ¿El motivo? Pues porque, por un lado, tienen a una familia que les mantiene en buenas condiciones la vivienda y, por otro, generan más deuda. Desde Stop Desahucios recuerdan que la suspensión de los lanzamientos -que se ha prorrogado ahora hasta 2017-, no supone la paralización del proceso de ejecución hipotecaria, lo que puede provocar que, a la larga, el beneficiario de la suspensión se encuentre con "una losa más grande" cuando tenga que hacer frente al proceso. "La moratoria no paraliza el proceso, sólo paraliza el desahucio. Nosotros lo que queríamos es que no generaran más deuda".
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