Amnistía Internacional difunde en el proyecto 'Vivir y contarlo' la labor de activistas pro derechos humanos.
CRISTINA CUETO 
La labor de defender los derechos humanos que comenzó en 1948 con la ratificación de la Declaración de los Derechos Humanos, en París, se ha convertido en un reto. La dificultad, en determinados países, que encierra la defensa de unos principios básicos para el ser humano, principios que ni siquiera deberían ser motivo de debate o discusión en la esfera internacional, se convierte en una labor de alto riesgo cuando son asesinadas, torturadas, encarceladas y secuestradas las personas que velan por la protección de los demás. La paradoja del siglo XXI no es otra que la de dar protección al que se encarga de proteger.
Cada año miles de activistas son tratados de manera injusta por desempeñar su labor. Una actividad basada, principalmente, en garantizar el cumplimiento de unos principios fundamentales. No es necesario que estos activistas pisen suelo bélico, que se vean inmersos en una masacre o que tengan que desplegarse ante un desastre natural. Su campo de actuación es tan sencillo como el de encontrarse en un país con un Gobierno que no cumple esa función conocida, en Naciones Unidas, como responsabilidad de proteger.
Para garantizar su supervivencia y proteger el trabajo que desempeñan estos activistas, Amnistía Internacional inició en febrero el programa Vivir y contarlo, un proyecto que da protección temporal a los defensores de los derechos humanos en peligro. La organización internacional se encarga de ayudar a los activistas a salir de sus países, junto a sus familias, y de ofrecerles alojamiento en España durante un año, tras el que pueden decidir volver o quedarse.
Éste es el caso de la abogada y defensora de los derechos humanos hondureña Ivannia López Padgget, que abandonó su país en septiembre del año pasado tras haber ejercido como fiscal y agente de tribunales durante cinco años, además de haber trabajado en el Centro de Derechos de Mujeres en su país. Por desempeñar esta labor recibió ataques y amenazas, pero el asesinato de sus hermanos fue el hecho decisivo para huir de Honduras.
López dio testimonio de su experiencia de la mano de la Fundación Alhambra el pasado miércoles en Sevilla para crear conciencia sobre el riesgo que supone ser la voz de aquellos que van en contra de lo establecido.
"En Honduras existe una violencia e inseguridad generalizada desde el golpe de Estado del presidente Zelaya en 2009", afirmó la activista, quién hizo referencia a la "benevolencia" del sistema penal "que trata de manera impune a los delincuentes". Preciamente decidió salir del país porque consideró que las instituciones públicas no "hacían nada por cambiar la situación", a pesar de que el país lideró el índice de homicidios en 2014, según el observatorio Humans Right Watch.
Honduras tiene que luchar diariamente, según López, contra las lacras del analfabetismo, el tráfico de drogas o los secuestros. "No hay ninguna solución definitiva para cambiar la situación pero hay que crear conciencia de la realidad poco a poco", aseveró la abogada que no duda, a pesar de la cruda experiencia vivida, en seguir luchando por la preservación de los derechos humanos.
Cada año miles de activistas son tratados de manera injusta por desempeñar su labor. Una actividad basada, principalmente, en garantizar el cumplimiento de unos principios fundamentales. No es necesario que estos activistas pisen suelo bélico, que se vean inmersos en una masacre o que tengan que desplegarse ante un desastre natural. Su campo de actuación es tan sencillo como el de encontrarse en un país con un Gobierno que no cumple esa función conocida, en Naciones Unidas, como responsabilidad de proteger.
Para garantizar su supervivencia y proteger el trabajo que desempeñan estos activistas, Amnistía Internacional inició en febrero el programa Vivir y contarlo, un proyecto que da protección temporal a los defensores de los derechos humanos en peligro. La organización internacional se encarga de ayudar a los activistas a salir de sus países, junto a sus familias, y de ofrecerles alojamiento en España durante un año, tras el que pueden decidir volver o quedarse.
Éste es el caso de la abogada y defensora de los derechos humanos hondureña Ivannia López Padgget, que abandonó su país en septiembre del año pasado tras haber ejercido como fiscal y agente de tribunales durante cinco años, además de haber trabajado en el Centro de Derechos de Mujeres en su país. Por desempeñar esta labor recibió ataques y amenazas, pero el asesinato de sus hermanos fue el hecho decisivo para huir de Honduras.
López dio testimonio de su experiencia de la mano de la Fundación Alhambra el pasado miércoles en Sevilla para crear conciencia sobre el riesgo que supone ser la voz de aquellos que van en contra de lo establecido.
"En Honduras existe una violencia e inseguridad generalizada desde el golpe de Estado del presidente Zelaya en 2009", afirmó la activista, quién hizo referencia a la "benevolencia" del sistema penal "que trata de manera impune a los delincuentes". Preciamente decidió salir del país porque consideró que las instituciones públicas no "hacían nada por cambiar la situación", a pesar de que el país lideró el índice de homicidios en 2014, según el observatorio Humans Right Watch.
Honduras tiene que luchar diariamente, según López, contra las lacras del analfabetismo, el tráfico de drogas o los secuestros. "No hay ninguna solución definitiva para cambiar la situación pero hay que crear conciencia de la realidad poco a poco", aseveró la abogada que no duda, a pesar de la cruda experiencia vivida, en seguir luchando por la preservación de los derechos humanos.
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