La desigualdad también aumentó en España, donde el 10% de los más ricos obtienen una cuarta parte de los ingresos de la población, con lo que se coloca en el tercer país europeo, detrás de Rumanía y Serbia, con las diferencias más notables.
EFE |
Más de 13,3 millones de españoles, un 28,6 por ciento de la población, están en riesgo de pobreza y exclusión social y, de ellos, 3,5 millones se encuentran en una situación severa con unos ingresos inferiores a los 4.000 euros al año, unos 330 euros al mes. Según el Indicador de Riesgo de Pobreza y Exclusión Europeo 2016 (Arope) presentado, que recoge datos de 2015, la cifra total se ha reducido en 322.658 personas -un 0,6 %- respecto a 2014, aunque es casi cuatro puntos más alta que la de 2009, cuando estaban en esta situación 11.546.214 españoles.
No obstante, ha subido la tasa de trabajadores pobres, que ha ido ascendiendo del 11,7 % del total de la población activa en 2013, al 14,2 % en 2014 y al 14,8 % el pasado año, debido a la mala calidad del empleo, ha recalcado el presidente de la Red Europea Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en España, Carlos Susías.
La desigualdad también aumentó en España, donde el 10 % de los más ricos obtienen una cuarta parte de los ingresos de toda la población, con lo que se coloca en el tercer país europeo, detrás de Rumanía y Serbia, con las diferencias más notables. El Índice se elabora a partir de tres factores: el umbral de pobreza, situado en ingresos de 8.010 euros al año o 667 euros al mes; la privación material severa, que agrupa a personas que no pueden permitirse al menos cuatro de nueve conceptos de consumo básico, y la baja intensidad de trabajo por hogar. Un 2,2 % de los españoles, algo más de un millón de personas, se encuentran en la peor situación económica y social posible al padecer los tres factores del indicador.
Respecto al primero de ellos, 10,4 millones viven bajo el umbral de la pobreza, una cifra solo una décima menor que la de 2014, cuando la tasa fue del 22,2 %. Sin embargo, se acrecentó un 0,7 % los que la sufren de forma severa con ingresos menores a los 4.000 euros al año, y ya suponen el 7,6 % de la población, 3,5 millones de personas. Los más castigados fueron los jóvenes de entre 16 y 29 años, cuya tasa pasó del 36,4 % al 38,2 %; aunque en los menores bajó dos puntos, hasta situarse en el 33,4 %, el riesgo de pobreza y exclusión social sigue afectando a tres de cada diez niños, mientras que los mayores de 65 años son el colectivo con el indicador más bajo (13,7 %).
La mitad de las familias monoparentales con uno o más hijos a su cargo está en riesgo de pobreza y exclusión, mientras que en los hogares con dos adultos esa cifra desciende al 28,5 %. Atendiendo a su procedencia, la población extracomunitaria en esta tesitura se disparó del 55,4 % al 63,9 %, seguidos de los inmigrantes de la UE (40,2 %) y los españoles (25,5 %).
Los datos arrojan además enormes diferencias entre comunidades autónomas, consecuencia de las diferencias de renta y el PIB, así como de las políticas sociales y de protección social. Andalucía, con un 43,2 %; Ceuta (41,7 %) y Murcia (38,8 %) fueron las regiones con índices Arope mayores, al contrario que Navarra (13 %), País Vasco (17,6) % y Aragón (17,7 %), que presentaron los niveles más bajos
Mientras, la tasa de privación material afectó a casi 3 millones de personas: los dos conceptos con mayor incidencia fueron el no poder irse de vacaciones una semana (41,6 %) e incapacidad de afrontar un imprevisto de 650 euros (39,8 %), mientras que el 11 % tiene retrasos en los pagos de facturas relacionadas con el hogar y un 10,6 % no puede poner la calefacción. Respecto al último de los factores, casi 5,5 millones (el 15,4 % de la población) vivió en un hogar con una baja intensidad de empleo, es decir, sus miembros trabajaron menos de dos horas diarias.
No obstante, ha subido la tasa de trabajadores pobres, que ha ido ascendiendo del 11,7 % del total de la población activa en 2013, al 14,2 % en 2014 y al 14,8 % el pasado año, debido a la mala calidad del empleo, ha recalcado el presidente de la Red Europea Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en España, Carlos Susías.
La desigualdad también aumentó en España, donde el 10 % de los más ricos obtienen una cuarta parte de los ingresos de toda la población, con lo que se coloca en el tercer país europeo, detrás de Rumanía y Serbia, con las diferencias más notables. El Índice se elabora a partir de tres factores: el umbral de pobreza, situado en ingresos de 8.010 euros al año o 667 euros al mes; la privación material severa, que agrupa a personas que no pueden permitirse al menos cuatro de nueve conceptos de consumo básico, y la baja intensidad de trabajo por hogar. Un 2,2 % de los españoles, algo más de un millón de personas, se encuentran en la peor situación económica y social posible al padecer los tres factores del indicador.
Respecto al primero de ellos, 10,4 millones viven bajo el umbral de la pobreza, una cifra solo una décima menor que la de 2014, cuando la tasa fue del 22,2 %. Sin embargo, se acrecentó un 0,7 % los que la sufren de forma severa con ingresos menores a los 4.000 euros al año, y ya suponen el 7,6 % de la población, 3,5 millones de personas. Los más castigados fueron los jóvenes de entre 16 y 29 años, cuya tasa pasó del 36,4 % al 38,2 %; aunque en los menores bajó dos puntos, hasta situarse en el 33,4 %, el riesgo de pobreza y exclusión social sigue afectando a tres de cada diez niños, mientras que los mayores de 65 años son el colectivo con el indicador más bajo (13,7 %).
La mitad de las familias monoparentales con uno o más hijos a su cargo está en riesgo de pobreza y exclusión, mientras que en los hogares con dos adultos esa cifra desciende al 28,5 %. Atendiendo a su procedencia, la población extracomunitaria en esta tesitura se disparó del 55,4 % al 63,9 %, seguidos de los inmigrantes de la UE (40,2 %) y los españoles (25,5 %).
Los datos arrojan además enormes diferencias entre comunidades autónomas, consecuencia de las diferencias de renta y el PIB, así como de las políticas sociales y de protección social. Andalucía, con un 43,2 %; Ceuta (41,7 %) y Murcia (38,8 %) fueron las regiones con índices Arope mayores, al contrario que Navarra (13 %), País Vasco (17,6) % y Aragón (17,7 %), que presentaron los niveles más bajos
Mientras, la tasa de privación material afectó a casi 3 millones de personas: los dos conceptos con mayor incidencia fueron el no poder irse de vacaciones una semana (41,6 %) e incapacidad de afrontar un imprevisto de 650 euros (39,8 %), mientras que el 11 % tiene retrasos en los pagos de facturas relacionadas con el hogar y un 10,6 % no puede poner la calefacción. Respecto al último de los factores, casi 5,5 millones (el 15,4 % de la población) vivió en un hogar con una baja intensidad de empleo, es decir, sus miembros trabajaron menos de dos horas diarias.
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