Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
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| Foto: Getty Images. |
El 10 de diciembre de 2013 se aprobó en el Parlamento español la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Así se terminó con 40 años de ausencia de norma que instituyera el derecho de los ciudadanos a saber cómo se toman las decisiones que nos afectan, quién es el responsable, bajo qué criterios se adoptan o en qué se gastan los fondos públicos. Llegó por fin, colocando a España al lado del resto de los países europeos que ya tenían Ley. ¡Algunos desde hace 250 años! Llegó una Ley que comienza diciendo: "La transparencia, el acceso a la información pública y el buen gobierno DEBEN ser los ejes fundamentales de toda acción política".
Se anunciaba un cambio de paradigma, un traslado de la información desde la Administración a los ciudadanos, un sistema preventivo de comportamientos intolerables, una nueva política pública que debía impregnarlo todo. Y tres años después, nos corresponde hacer balance.
Intentemos contestar a la pregunta que encabeza esta reflexión.
¿Es para mí? Se preguntará un político, ¡claro! Y de hecho, ninguno, del sentir que sea, ha esquivado la tentación de envolverse en ella. No hay mitin, ni programa de gobierno donde no aparezca la transparencia como un mantra redentor.
Interesante concepto, utópico, romántico e inconcreto que lleva de forma directa a desear la transparencia en la vida pública... siempre que sea la de los demás.
El derecho no ha calado de forma importante en nuestra clase política. La conciencia de que la transparencia no son hechos sino convicciones, que no se consigue con actos sino con actitudes, sigue sin producirse. Ya Aristóteles decía "sé transparente y las cosas que hagas lo serán".
Animo a todos nuestros políticos, que con respeto escucharon de la voz de un monarca parlamentario una contundente afirmación: "Hay que trabajar para acabar con el desencanto y recuperar la confianza en las instituciones".
¿Será para mí? Ahora, las Administraciones públicas ya contestan.
La Administración General del Estado, según la Memoria del Consejo de 2015, cumple con la transparencia. La organización se ha puesto en marcha y, con los recursos existentes, ha tomado las riendas de una gestión transparente.
Cuantitativamente, nos sentimos orgullosos de afirmar que toda España está ya en transparencia. Es mejorable, y mucho, el aspecto cualitativo y la traducción de los datos en información comprensible. Hay que hacer un ejercicio de empatía, porque mucho no es igual a bueno. Es necesario trabajar en la conversión real de un derecho sustantivo, subjetivo y universal en una herramienta al alcance de todos.
Caigan pues las barreras, los cerrojos, los caminos complejos, los vericuetos, y hagamos entre todos una realidad inspiradora que lleva a un cambio en el modelo de gestión.
¿Quizá sea para mí? Ahora son los jueces los que, entre sus legajos, se hacen también esta pregunta. ¡Claro! De hecho el CTBG tiene en este momento 31 demandas ante los tribunales: 13 de la propia administración, 18 de ciudadanos que ejercieron su derecho a saber.
Ya hay sentencias, magníficas sentencias, en la que podemos leer: "La transparencia es la norma de actuación, los límites son la excepción", "los criterios del CTBG, aún cuando pueda discreparse de ellos, están en principio respaldados por la relevancia institucional de los órganos e instituciones públicas en que tratan sus servicios quienes la integran, así como por la propia calidad profesional de estos", "el derecho de acceso, es un derecho de escasos límites, cuya negación deberá ser siempre motivada..."
Con esta sabiduría, la jurisprudencia está ayudando a fijar un nuevo derecho, que habrá de encontrar su sitio en una sociedad y en una Administración a veces perezosa.
El último colectivo que debe hacerse la pregunta es la sociedad, la ciudadanía que es llamada por la Ley, cuando en su preámbulo dice: "Solo con el ejercicio de su derecho empezará a responderse a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos".
Eres tu ciudadano el protagonista de esta Ley: no vuelvas a pasar por ese colegio público sin saber por qué no se acaba el polideportivo, no arrastres la queja cuando no comprendes o no compartes una actuación pública.
Pocos ejercen el derecho, apenas 6.000 personas se han acercado a preguntar, a controlar, a ejercer la democracia participativa. A mi pesar, pocos saben que tienen este derecho, que es suyo y les da el poder de cambiar las cosas.
Poder y responsabilidad que deben ejercer como ciudadanos demandantes de regeneración democrática y de limpieza en las instituciones.
Pocos se han acercado pero han hecho mucho. Algunos ejemplos nos pueden ayudar a comprender la parte concreta de este derecho que, gracias a los ciudadanos, hemos podido conocer.
En materia sanitaria, se ha podido saber por qué se elimina la vacuna de la varicela del calendario de vacunación y luego se vuelve a poner; cuáles son los efectos adversos de todos los medicamentos; qué intereses representan los que deciden la distribución de la medicación de la hepatitis C.
En materia de agenda, con quién se reúnen nuestros altos cargos y para qué; qué acuerdos que afectan al control de las actividades de sectores económicos se discuten en los despachos; qué ocurre con el tiempo público, cómo se invierte.
En materia de función pública: cuánto dinero se recibe en concepto de productividad por los empleados públicos; cuántos eventuales hay y cuánto nos cuestan; cuántos funcionarios prefieren ser eventuales; qué cobran los directivos de las grandes empresas públicas, qué compatibilidades de actividades se conceden para trabajar en lo público y en lo privado.
En materia presupuestaria, cuánto dinero del presupuesto se dedica a la publicidad institucional y cuál es el criterio de reparto; cómo se han adjudicado los tramos de autopistas; cuál ha sido el proceso de licitación del AVE y sus máquinas; qué ocurrió con el proyecto Castor; qué ocurrió con la adjudicación de residuos radioactivos a Villar de Cañas; para qué se usan los medios de transporte oficiales y quién los usa; cuánto cuestan nuestras embajadas, qué cantidad de dinero se recauda en los radares, qué criterios se utilizan para adjudicar becas públicas.
Y tantas y tantas cuestiones que se replican en las distintas Administraciones públicas.
¡No esperes más! No vuelvas a pasar por delante del colegio público sin saber por qué no se acaba el polideportivo, no te quedes esperando una respuesta a aquella licencia que mandaste al ayuntamiento hace meses, no dudes de la legitimidad de un acuerdo, no arrastres la queja cuando no comprendes o no compartes una actuación pública.
¡Ven! ¡Acércate! Cuando tú sabes, todos sabemos. Eres tú, ciudadano, el gran protagonista de esta Ley, de este derecho, que si no usamos quedará para aumentar la utopía de que en nuestras manos está cambiar las cosas.
Se cumplen tres años de una Ley que venía a hacer una democracia más participativa, unas instituciones más prestigiosas, una sociedad que superara el desencanto, un modelo que haría mejor nuestro país.
Celebramos tres años, el cuarto será mejor si tú quieres y si te decides a contribuir con el ejercicio de un derecho que te inviste de calidad democrática.
¡Felicidades!
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