Economista y diputada del PSOE en las Cortes Valencianas
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| Foto: IStock. |
Desde la perspectiva de un urbanita, el mundo rural queda muy lejano. Limitado muchas veces a nuestras salidas de fin de semana. Durante mi trabajo como diputada he conocido a héroes y heroínas locales. Valientes que luchan por conseguir unas expectativas razonables de vida digna en sus pueblos y comarcas. Por tener alternativas para evitar emigrar. Como Regina y Aitana, de Fademur PV; Toni en la comarca de Utiel-Requena; las mujeres de Gestalgar, que intentan crear una cooperativa apoyadas por su alcalde; y otros miles de casos anónimos.
David contra Golliat. Una estructura que no solo no ayuda directamente sino que muchas veces legisla sin tener en cuenta las características especiales de estos entornos. Trabas administrativas y burocráticas que entorpecen la creación de empresas o el mantenimiento del empleo en zonas rurales; o programas como el LEADER, no destinado siempre a su objetivo inicial. Las medidas de discriminación legal positiva tienen más sentido que nunca en estos casos.
La despoblación de las áreas rurales en España es un fenómeno antiguo, que desangra nuestros pueblos y ahonda en su declive demográfico y económico. Un problema de compleja solución y que supone uno de nuestros retos presentes y futuros. Reto que parece ser el gran olvidado de muchas administraciones y políticas. Hace un par de meses presenté una iniciativa en les Corts Valencianes para poner el foco sobre esta cuestión.
A todo esto tenemos que añadir que los habitantes del medio rural han visto recortados año tras año sus servicios básicos. Las administraciones públicas no son capaces de dotar a estos Ayuntamientos de dichos servicios de forma permanente, ahogándoles en el abandono y dificultando sus condiciones de vida.
A la falta de servicios públicos, se une la insuficiente dotación de infraestructuras de telecomunicaciones en las zonas rurales.
Internet no es un servicio universal ni homogéneo y ello tiene consecuencias tanto en las posibilidades de crear actividad económica como de reducir el aislamiento.
Una mejora en este servicio facilitaría la deslocalización de actividades, las posibilidades de promoción económica, así como la posibilidad de usar el teletrabajo, por ejemplo.
Es necesario el reconocimiento social, político e institucional al trabajo y al papel que desempeñan las personas que luchan por conseguir unas expectativas razonables de vida digna en sus pueblos y comarcas.
La actual crisis económica ha sepultado a las mujeres de áreas rurales en el hogar y la economía sumergida. Para muchas de ellas, la emigración a la ciudad se convierte en la única posibilidad. Aproximadamente siete millones de mujeres españolas viven en el campo. Sin embargo, son un grupo fantasma: trabajadoras que no cotizan y personas sin servicios fundamentales.
Desde hace unos años, se consiguió avanzar en derechos pero quedan tantas cosas por hacer. Determinar un impulso real para facilitar la libertad de elección de sus habitantes, cuya única opción no sea el abandono de los pueblos.
Es obligatorio actuar sobre la variable demográfica, y en particular en favor de la natalidad. Para ello, la existencia de políticas activas que aseguren la permanencia de los jóvenes y las mujeres, así como las mejoras en la conciliación deben ser el eje para asegurar el desarrollo rural y frenar el envejecimiento de la población.
Olvidamos que sus habitantes juegan un papel fundamental en la conservación del entorno natural. No solo eso, un reparto más equitativo de la población evita la sobrepoblación en determinadas áreas y los inconvenientes medioambientales, sociales y económicos que acarrea.
Es necesario el reconocimiento social, político e institucional al trabajo y al papel que desempeñan en todo este proceso esos valientes. Empeñados en mantener las posibilidades de supervivencia para sus hijos, para sus nietos. De conservar el recuerdo, las risas en sus plazas y el corretear por sus calles. Quizá es hora de que lo rural salga del eterno olvido.
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