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                                                                        TRIBUNA

JAIME MORELL SASTRE

Ingeniero de Caminos. Secretario General de Aeopas

Aunque el porcentaje de municipios que tienen privatizado sus servicios de abastecimiento apenas supera el 13%, se trata de casi la mitad de la población andaluza

La realidad del agua privatizada

El abastecimiento de agua potable ha ganado centralidad en el debate ciudadano en todo el mundo desde que la ONU reconoció en 2010 el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano. En la UE, organizaciones cívicas y sindicales promovieron la primera Iniciativa Ciudadana Europea exitosa para reclamar a las instituciones europeas la regulación efectiva del derecho humano al agua, actualmente en el Parlamento Europeo.

Uno de los motivos de preocupación es la tendencia a la privatización de la gestión del agua. Desde los años ochenta, se ha producido un proceso silencioso de apropiación privada de la gestión del agua, con consecuencias negativas en numerosos lugares, lo cual ha provocado movimientos de retorno hacia la gestión pública en ciudades como París o Berlín. Andalucía no ha estado al margen de esta problemática. De hecho, la privatización ha generado conflictos en Puente Genil, El Puerto de Santamaría, Sanlúcar de Barrameda, Jerez, Roquetas o Priego.

La fórmula de privatización de la gestión más utilizada en Andalucía es la concesión a una empresa privada. El agua es de titularidad pública y la gestión del servicio competencia de las entidades locales, pero la gestión se adjudica en concesión a una empresa privada. En todos los casos, la empresa privada paga a la entidad local una importante suma de dinero a cambio de la concesión, denominado canon concesional que, en vez de dedicarse a mejorar las infraestructuras, se destina a aliviar las finanzas municipales y es repercutido en tarifa a los usuarios, junto a los intereses correspondientes, sin transparencia. Lógicamente, para poder dar plazo suficiente a la devolución de esas cantidades, los contratos de concesión se hacen por periodos largos, 25 o más años. En esta situación, de facto, se pierde el control de la gestión por parte del municipio.

Tras analizar los servicios de agua de Andalucía, García-Rubio y González Gómez, de la Universidad de Granada, han confirmado que, aunque el porcentaje de municipios que tienen privatizado sus servicio de abastecimiento apenas supera el 13%, se trata de la casi la mitad de la población andaluza. Los datos referidos a 2016 son reveladores: el 74,84% de los municipios andaluces mantienen una gestión pública del agua, frente al 13,49% que han privatizado y otro 11,67% mantienen una gestión mixta que, a efectos prácticos, es igual a la privada. Sin embargo, el 44,57% de la gestión del agua de la población andaluza está en manos privadas. La foto del municipio privatizado se define por tres aspectos:

-Municipios endeudados. La privatización se plantea como la solución más rápida para sanear las deudas. Después, la empresa tendrá que recuperar lo invertido, lo cual se hará vía recibo del agua, sin transparencia, con lo cual quien sanea esa deuda es la propia población que, además, quedará encadenada en su gestión y atada por la deuda a los designios de una empresa que se rige por criterios de eficiencia económica (que no sociales, o ambientales).

-Municipios con una población superior a los 50.000 habitantes. Se garantizan una clientela numerosa para que les resulte rentable dar el servicio y asegurar la recuperación de la cantidad abonada como préstamo.

-Renta por habitante alta. Así, la segura subida de los recibos cuando se privatice cuenta con la garantía de que podrá ser soportada por las familias, pudiendo tener severas implicaciones de accesibilidad al recurso por parte de ciudadanos vulnerables.

Además, según el estudio, las privatizaciones se concentran en municipios costeros y en los de gran población. También desmonta el argumentario de las empresas privadas y concluye que la privatización de la gestión de los servicios urbanos de agua no es la solución a los múltiples desafíos y problemas que enfrenta el sector en Andalucía: falta de recursos en municipios pequeños, obsolescencia de un volumen importante de redes, déficit de inversiones, cooperación insuficiente entre municipios, estructura administrativa compleja e ineficiente, ausencia de reglas y directrices para la gestión técnica del servicio, laxitud en los controles de calidad del agua, ausencia de transparencia y bajos niveles de participación ciudadana.

En resumen, sólo se privatiza con el único objetivo de financiar a los ayuntamientos, por lo que es absolutamente necesario avanzar en una regulación normativa del sector a niveles estatal y andaluz.