La medida terminará por hacer inevitable que el Estado active la cooperación federal y garantice el derecho en toda España
En su libro La política de la claridad, Stéphane Dion explica cómo fue configurándose el Estado social en Canadá durante la primera mitad del siglo XX. Alguna de las provincias daba el primer paso y reconocía por ley el seguro de desempleo, el seguro de hospitalización o las pensiones de jubilación. A partir de esa iniciativa, se producían dos fenómenos: la emulación y la cooperación federal. Otras provincias emulaban a las pioneras y esos derechos sociales se extendían por toda la federación. Sin embargo, no se hacía de forma homogénea; había personas sin acceso a estas prestaciones porque los recursos públicos de los territorios donde vivían eran más limitados. Ante esa situación se activaba la cooperación federal. El Gobierno federal se ofrecía a compartir los costos con las provincias de forma que estos programas sociales tuvieran un mínimo homogéneo en todo Canadá y, en definitiva, la ciudadanía de toda la federación pudiera acogerse a ellos.
España no es un Estado federal, incluso tiene rasgos antifederales como el exceso de conflictividad competencial ante los tribunales o la escasa participación de las Comunidades en las decisiones comunes. Sin embargo, en el reconocimiento de algunos derechos sociales está siguiéndose el procedimiento canadiense: alguna Comunidad Autónoma reconoce el derecho, le siguen otras y, finalmente, el Estado se ve impelido a garantizar las condiciones básicas de igualdad en toda España. Ha ocurrido con la dependencia y debe ocurrir, más pronto que tarde, con el derecho a una renta mínima.
Lamentablemente, hay muchos lugares del mundo en los que es una quimera pensar que los poderes públicos van a garantizar un mínimo económico mensual a las familias sin ingresos para asegurar su subsistencia. Sin embargo, allí donde resulta presupuestariamente posible debe implantarse. En España, todas las Comunidades Autónomas han establecido algún programa de salario social o renta mínima de inserción. Sin embargo, el panorama es caótico e irregular. Resulta paradójico que donde mejor se ha garantizado es en las Comunidades con menos familias necesitadas de esta prestación, como el País Vasco. Por ello, es tan importante la reciente regulación en Andalucía como un derecho de ciudadanía. Andalucía es la Comunidad más poblada y con más familias necesitadas de este apoyo. Por ello, su implantación como derecho subjetivo que sustituye al salario social terminará por hacer inevitable que el Estado active la cooperación federal y garantice el derecho a una renta mínima familiar en toda España.
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