Unas 25.000 personas con cáncer están en riesgo de exclusión social cada año en España a causa de la enfermedad, lo que supone el 27,7 por ciento del total de diagnósticos en 2017 en la población activa, según se desprende del estudio El impacto económico del cáncer en las familias en España, llevado a cabo por el Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y presentado durante el VII Foro Contra el Cáncer.
En el trabajo se han analizado a los autónomos, parados y trabajadores con bajos ingresos. En cuanto a los primeros, cada año 11.000 son diagnosticados de cáncer y, de ellos, más del 80 por ciento tienen una prestación de unos 670 euros que, al descontar la cuota de mensual de autónomo, les queda 395 euros.
Un presupuesto con el que debe hacer frente a los gastos diarios más los derivados de su propia enfermedad que, por ejemplo, en un tumor de mama se sitúan en los 150 euros y en uno gástrico en los 300 euros.
"El cáncer no es igual para todos. La situación en la que se encuentra el paciente a la hora del diagnóstico condiciona la forma de enfrentarse a la enfermedad", ha comentado la responsable de Trabajo social de la AECC, Raquel del Castillo.
Respecto a los parados, el informe ha puesto de manifiesto que cada año 9.832 son diagnosticados de cáncer y, de ellos, 5.232 no cobran "ningún" tipo de prestación económica, lo que, tal y como ha lamentado Del Castillo, muestra que muchos deben decidir si pagar las facturas o comprar medicinas.
En cuanto a las personas con cáncer pero cuyo salario es menor de 710 euros al mes, menos del salario mínimo interprofesional, cada año se encuentran en esta situación 3.744 personas que, al ver su salario reducido en un 25 por ciento, están en riesgo de exclusión social.
"Sin salud y sin trabajo"
Este ha sido el caso de Pilar Ruiz, paciente con cáncer de estómago y madre de una niña que al ser diagnosticada tuvo que pedir una baja laboral, viendo reducido su salario y, posteriormente, solicitar la incapacidad permanente, recibiendo así sólo 458 euros mensuales.
"Me cuesta al mes unos 300 euros mejorar mi calidad de vida, pero tengo también que pagar un alquiler, comida y el mantenimiento de mi hija. Hubo un momento en el que me quedé sin salud, sin trabajo y sin información sobre mi tumor, pero gracias a la ayuda de mi madre he salido hacia delante", ha narrado la paciente.
Como consecuencia de todo ello, y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer en situación de vulnerabilidad, el presidente de la AECC, Ignacio Muñoz Pidal, ha solicitado a las autoridades un Plan de Protección Integral de las Familias con Cáncer.
Esta iniciativa, según ha comentado, debería basarse en la identificación de los casos de personas con cáncer y bajos ingresos, el establecimiento de protocolos que fomenten la interacción entre las autoridades sanitarias y sociales, y la adaptación de las medidas de incapacidad temporal a los casos de cáncer.
"Queremos conocer la realidad de todas las situaciones de vulnerabilidad que existen. Que las administraciones nos ayuden a detectarlas y que se establezcan mejoras legislativas y sociales. Las leyes deben acoger la realidad actual de las personas con cáncer y del aumento de la supervivencia", ha zanjado Del Castillo.
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