TRIBUNA
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| El robo de la concordia |
A Esperanza, con todo mi afecto.
Confieso que, con apenas ocho años, perdí de golpe buena parte de mi candidez infantil. Ocurrió al atardecer de un día de agosto de finales de los sesenta, en las inmediaciones de Sanlúcar de Barrameda, cuando Espe, la señora (entonces treintañera) a la que dedico este artículo, comentó con naturalidad: "Este sitio me trae muy malos recuerdos. Por aquí mataron a mi padre y luego lo dejaron tirado en una zanja".
Al llegar a casa lo conté y mi padre no tuvo más remedio que explicarme, como pudo, la horrible contienda fratricida española. Recuerdo que destacó una estratagema asesina muy usual en ambos bandos: dar el paseo. Como muchos lectores sabrán, consistía en sacar de sus respectivos domicilios a varios "enemigos" (políticos o personales, a veces simples acreedores) y, con la absurda excusa de dar un "paseo", los llevaban a los aledaños del pueblo o de la ciudad correspondiente y los mataban, dejándolos tirados en una zanja; en ocasiones, los enterraban allí mismo, en una fosa común. También, manifestó que la sociedad española había quedado dividida, y que solo podría arreglarlo un perdón general y absoluto, sin reservas.
El 15 octubre de 1977, a los dos años escasos de la muerte de Franco, las Cortes Generales democráticas de la restauración aprobaron la Ley de Amnistía con el apoyo de UCD (en su primer Gobierno), PSOE, PCE, PNV y CIU. El sindicalista de CCOO Marcelino Camacho (encarcelado muchos años por la dictadura) resaltó que era el momento de la reconciliación nacional. Y el líder del PNV de aquella época, el pérfido Arzalluz, proclamó que era la ley del olvido de todos y para todos.
La promulgación de la Constitución de 27 de diciembre de 1978 (que consolidó mi mayoría de edad) supuso un nuevo Estado de Derecho regido por los principios de justicia, libertad y convivencia democrática. Posteriormente, otro Gobierno de UCD refrendó esta política de concordia nacional con el bando republicano, mediante la relevante ley de 18 de septiembre de 1979, por la que se reconocieron pensiones, asistencia social y médico farmacéutica en favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra civil.
Esta ley admitía cualquier tipo de prueba para solicitar la pensión que se percibiría con efectos desde 1 de mayo de 1976. Y Esperanza, tras un rápido expediente judicial, consiguió una pensión como huérfana de su asesinado padre y sufrió mucho al rememorar aquel atroz suceso.
En diciembre de 2007, Zp modificó dos apartados de un artículo de la antigua ley de la UCD citada de 1979 (casi 30 años después), y, de camino, con el objetivo de cumplir un acuerdo de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y de seguir un Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, reabrió las zanjas de la discordia añadiendo otros preceptos que conforman la mal llamada ley de memoria histórica. Esta norma establece un singular derecho o "declaración de reparación y reconocimiento personal" y familiar de cada ciudadano a favor de los que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Como una especie de diploma de sufrimientos democráticos por la República. En el articulado se observan grandilocuentes y obvias proclamas totalmente superadas en el tiempo y por el Derecho. Un ejemplo: la Sentencia 204/1988 del Tribunal Constitucional de 7 de noviembre que aplicó una ley de 1941 a favor de las viudas de republicanos víctimas de la Guerra Civil sin necesidad de la parcial memoria de ZP. El resto de esta norma legal fomenta, principalmente, la legítima identificación de víctimas de la Guerra Civil mediante la previa localización de las fosas comunes. Por último, contempla el tratamiento de la simbología franquista, regula el Valle de los Caídos de manera parca y timorata, y permite la nacionalización como españoles de los brigadistas internacionales (centenarios como poco) que lo soliciten. La legislación autonómica de la memoria histórica, en general, hurga aún más en la discordia.
Hace un par de años, Podemos-IU intentó reformar la Ley de Amnistía de 1977 con aviesas intenciones. En mi opinión, la política que estimula reabrir "fosas" por sistema no es buena, porque si las zanjas proliferasen en exceso podrían convertirse en trincheras.
Sánchez (heredero de Zp) y los seguidores de Iglesias parecen confabulados con los independentistas de ERC y Bildu (con antecedentes poco pacíficos) en perpetrar el robo definitivo de la concordia y de la unidad territorial.
Esperanza, nos veremos el próximo martes. Un abrazo.
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