Es crucial garantizar los suministros de medicamentos por parte de las farmacéuticas y el estricto cumplimiento de los contratos con transparencia y publicidad.
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La actual situación con las vacunas y los desabastecimientos provocados por los incumplimientos de contratos de las farmacéuticas y la derivación de su producción hacia países donde se logran mayores precios para las mismas, está poniendo en evidencia varias cuestiones.
El poder de las grandes multinacionales farmacéuticas, de la llamada Big Farma, es inmenso y tiene que ver con su gran capacidad económica dado que el presupuesto de las principales multinacionales del sector es muy superior al de la mayoría de los países desarrollados, lo que les permite una gran capacidad de presión, influencia política y de manipulación de la información. Aunque pasan más desapercibidas porque su campo es menos mediático que las empresas que dominan las redes (Google, etc), su influencia es igual o mayor.
Esta capacidad de tomar e imponer decisiones a los países por encima de criterios democráticos, y con poco o ningún control, pone en cuestión la necesidad de cambiar las reglas de juego de la gobernanza mundial porque si no se limita su influencia todos los países del mundo acabaran estando a sus órdenes.
La segunda cuestión es la ilusión de la denominada eufemisticamente “responsabilidad social corporativa” de las empresas, que es mas una estrategia de marketing que una realidad practica. Cuando llega la hora de la verdad, las empresas optan por maximizar sus beneficios por encima de cualquier otra consideración, porque sus objetivo son los beneficios y su posición en los mercados, y no hacer el bien a la Humanidad. Si tienen que elegir, no hay duda. La crisis de la vacunas son un buen ejemplo. Al final, se trata de pura y simple propaganda.
Debería haber un levantamiento de las patentes convirtiéndolas en bienes públicos universales
Evidentemente, también deja patente las limitaciones de la colaboración público –privada, que como ya he señalado varias veces, en realidad debería llamarse dinero público para garantizar beneficios privados. Las vacunas son un buen ejemplo de sus limitaciones, ya que todas ellas han sido posibles gracias a la financiación pública de buena parte de las investigaciones (entre el 20 y el 100% de la misma) e incluso en este caso, los contratos de compra antes de la autorización de las mismas para que posteriormente los laboratorios farmacéuticos patenten, fabriquen y vendan a los mismos países que las han financiado, con grandes beneficios. Incluso, como sucede ahora, los posterguen a la hora del abastecimiento si consiguen precios mejores en otros sitios.
Las limitaciones del mercado para asegurar bienes públicos universales es otro de los aspectos que hay que resaltar. El mercado se mueve por el interés en mejorar los rendimientos de las inversiones empresariales y no tiene por qué tener ninguna consideración respecto a las necesidades de salud de la población. Por eso un mercado no regulado que solo atiende a las demandas económicamente más solventes. Dicho de otra manera, a las personas y países más ricos independientemente de sus necesidades de salud. Garantizar el necesario acceso a las prestaciones sanitarias de la población, tanto a las vacunas como otros medicamentos, entra en este campo. Significa establecer criterios de regulación estrictos de los mercados y, en algunos casos, la producción pública que atienda a las necesidades de acceso a los bienes públicos universales por encima de criterios empresariales.
¿Será capaz la UE de doblegar a las multinacionales farmacéuticas? No está nada claro que vaya a conseguirlo. No tanto por falta instrumentos, pues tiene capacidad legal, económica y política para hacerlo, como por la ausencia de planteamientos estratégicos y de posiciones políticas suficientemente claras sobre el papel del estado (los estados en este caso), en la regulación y armonización de las relaciones económicas. Se encuentra en una seria encrucijada en la que, o hace predominar lo social, los derechos sociales de la ciudadanía europea, el derecho a la protección de la salud sobre la economía, o perderá no solo la batalla de las vacunas, sino además su propia legitimidad como institución supranacional.
¿Cómo avanzar? En primer lugar es crucial garantizar los suministros de medicamentos por parte de las farmacéuticas y el estricto cumplimiento de los contratos para lo que es necesaria la transparencia en las negociaciones y la publicidad de los contratos realizados en su integridad. Por otro lado sería conveniente que se repercutieran en los beneficios las inversiones realizadas en la investigación de las vacunas, es decir, que se devolvieran las cantidades recibidas a fondo perdido por las farmacéuticas que están comercializando las vacunas.
Otro mecanismo que se debería utilizar es el levantamiento de las patentes convirtiéndolas en bienes públicos universales, especialmente para los países del tercer mundo, ya que es evidente que para combatir de una manera eficaz a la pandemia es necesario el acceso de toda la población mundial a las mismas, y muchos países carecen de la capacidad económica para hacerlo a precios de mercado.
Además, a medio plazo deberíamos abordar dos cuestiones para no volver a encontrarnos en la misma situación en breve. La primera es una estrategia de investigación sanitaria pública que garantice fondos suficientes y líneas de colaboración en el seno de la UE y que permita una potente investigación pública generadora de patentes, o libre de ellas, para independizarse de la Big Farma. Y la segunda, es la puesta en funcionamiento de una industria farmacéutica pública que garantice la disponibilidad de medicamentos, y por supuesto de vacunas, ante potenciales maniobras de desabastecimiento
Como ya se ha señalado el poder de la Big Farma es inmenso y cualquier paso que se dé en este sentido contara con una potente oposición de las empresas y de sus adlátere, pero es imprescindible avanzar en este sentido si queremos asegurar una respuesta eficaz y eficiente a las necesidades de la salud de población.
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