La sociedad española lleva muchos años esperando una ley contra la discriminación
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| BRU GARCÍA / GETTY |
Una vez más el Partido Socialista abre las puertas a las libertades, los derechos y la justicia social en nuestro país con la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación. Una ley que en nuestros años de democracia consideramos más necesaria, oportuna y urgente que nunca. Nos ha permitido visualizar el problema tan serio que existe en el mundo, en Europa y en España acerca de la protección de los derechos hacia aquellos sectores de la población que siguen sufriendo la discriminación día a día.
Por fortuna, nuestra Constitución recoge el derecho a ser diferentes, pero se sigue practicando el racismo, la xenofobia y la discriminación hacia determinados grupos sociales. España no podía ni puede seguir el camino que otras sociedades europeas han seguido. O como hemos visto en Estados Unidos, donde se han practicado políticas que nos distancian a unos de otros y que promueven el odio y la discriminación.
España tenía una deuda pendiente. Por eso, quiero poner en valor que esta iniciativa socialista, que se debatirá a partir de ahora en el Congreso, supone una garantía reforzada del artículo 14 de la Constitución española, es decir, un desarrollo del mismo. Además, viene a satisfacer las demandas pendientes de la sociedad civil de nuestro país y de los compromisos internacionales en referencia a la incorporación del derecho antidiscriminatorio, que hasta ahora no había sido sistematizado en nuestro ordenamiento jurídico.
No es el momento de ponerse de perfil ante las consecuencias nefastas que genera el discurso de odio
En un escenario tan complicado como el que vivimos actualmente donde las discriminaciones no menguan, sino que crecen hasta el punto de convertir a las minorías sociales en chivos expiatorios, no es el momento de ponerse de perfil ante las consecuencias nefastas que genera el discurso de odio. Ese discurso que promueve la ultraderecha, negacionista de la violencia machista, pero también negacionista de las discriminaciones racistas, homófobas, xenófobas y antigitanas.
Esta ideología recuerda a los episodios más horrendos de nuestra historia y tiene un impacto en la vida de miles de personas limitando el acceso a gozar de la plenitud de nuestros derechos. Así se pudo comprobar cuando Vox manifestó en la tribuna del Congreso de los Diputados “saquen sus manos sucias de nuestras vidas”, pretendiendo enviarnos de nuevo al armario franquista del odio y la discriminación. No es el momento de ser neutrales, es el momento de dar una respuesta firme a esta violación de derechos.
Llevamos muchos años esperando una ley contra la discriminación y en favor de la igualdad de trato de quienes somos y nos sentimos diferentes. Porque personas como yo, una mujer gitana, no estamos dispuestas a quedarnos atrás nuevamente. Tenemos una historia importantísima que ha contribuido a cincelar nuestra sociedad. Sinceramente creo que si hay un grupo social que se merece una ley como esta es el pueblo gitano. Pero sabiendo que tan importantes son unos grupos sociales como otros en la defensa de sus derechos.
Si hay un grupo social que se merece una ley como esta es el pueblo gitano
Ese es nuestro compromiso político y la senda del reconocimiento y protección de todas las personas sin que prime el debate de los derechos de unas por encima de otras. Aquí reside el espíritu que consagra esta ley, una ley garantista y general que reconoce el derecho a la dignidad de todas las personas.
Gracias al legado de Pedro Zerolo, el Congreso ha dado luz verde a la tramitación de esta norma conocida por su nombre. Porque su mayor anhelo era poner fin a estas injusticias para avanzar en derechos, libertades y conquistas sociales. Gracias, Pedro, por ser un ejemplo socialista de una España que ama poderosamente la libertad. Una España en la que caben todas las versiones de nosotras mismas.
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