Una ley europea contra el antigitanismo: una exclusión incompatible con el derecho de la UE ElHuffPost

 Juan Fernando López Aguilar

Eurodiputado socialista. Presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo

Nuestro modelo social aún tiene en la integración de la minoría romaní un desafío tan persistente como imperioso y mayúsculo.

EFE

Manifestación de La Unión Romaní y el Movimiento contra la Intolerancia en 2016.

En la tercera semana de noviembre, el intenso Pleno del Parlamento Europeo (PE) en Estrasburgo incluyó en su Orden del Día un punto relevante y sensible -“Condena de la violencia policial contra la población gitana en la UE”- que involucró, por parte de la Comisión Europea, a su VicePresidente responsable de Promoting EU Way of Life, Margaridis Schinas, y a su Comisaria de Igualdad, Hellena Dalli: No en vano la discriminación que se traduce en  violencia policial contra la Población Romaní en los Estados miembros (EEMM) de la UE es contraria a sus valores y a su modelo social, manifestando, al contrario, su negación ofensiva. 

Como Presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del PE (Comm LIBE), me implico particularmente en los debates sobre toda forma de discriminación, con mayor razón si se incardina en alguno de los criterios expresamente prohibidos por el art.21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE), como desde luego es el caso de la discriminación por pertenencia a una minoría étnica o cultural.

La población romaní suma en torno a 14 millones de europe@s en los 27 EEMM, y de acuerdo con los documentados Informes de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA por sus siglas en inglés) representa el colectivo más victimizado por la sumatoria de todas las discriminaciones jurídica y políticamente relevantes: segregación, exclusión en vivienda y acceso a una renta mínima (porcentajes abrumadores padecen toda forma de opresión social y vital, muy por debajo del umbral de la pobreza severa), privación en la práctica de cualquier vía efectiva para el ejercicio y disfrute de todos los derechos universalmente reconocidos: educación, sanidad, pensiones, servicios sociales; doble y triple exclusión de categorías vulnerables (mujeres, menores de edad, personas mayores, personas con discapacidad...); controles policiales arbitrarios y recurrentes episodios de brutalidad policial; y, sobre todo ello, ¡discurso del odio, con su cascada de prejuicios y de estigmatización arraigada en estereotipos negativos de raigambre inmemorial! 

El 19 de junio de 2020 un romaní ciudadano de la República Checa, ciudadano europeo pues, falleció asfixiado bajo las rodillas de un agente de policía que le sujetaba en un ejercicio de violencia represiva, cuya desproporción se salda con su muerte. Un caso de brutalidad policial llamativamente parecido al que en los EEUU causó suscitó la muerte de George Floyd, sólo que en la UE no ha surgido un movimiento análogo de protesta aunada a su grito agónico: “I can´t breath!” (“¡No puedo respirar!!”)

En esta sesión del Pleno he podido compulsar las terribles -e intolerables- condiciones de vida de cientos de miles de personas, ciudadan@s europeos de pleno Derecho en la UE, con la Delegación que el PE autorizó en visita oficial a los campamentos romaníes (Roma Settlements) en Eslovaquia, EM que ya suma 15 años de pertenencia a la UE y del consiguiente disfrute de cuantiosos Fondos y Ayudas (Pilot Projects) para la reparación de sus pavorosas brecas de desigualdad social y de oportunidades. El visionado de un documental sobre las visitas in situ de esta Delegación del PE (Fact Finding Visit) no puede resultar más desasosegante: Eslovaquia cuentacon una población total de cerca de 5 millones, de los que al menos 400.000 son de etnia romaní, más de la mitad de ellos, con miles de niños y niñas fruto de una tasa de fertilidad (y embarazos infantiles y adolescentes) multiplica exponencialmente la media de la UE, malviven en chabolas rodeados de estercoleros infectos, carentes de luz y agua corriente, expuestos a todo tipo de afecciones por la proximidad de todo tipo de desechos tóxicos, ateridos por el frío en lo peor del crudo invierno debiendo luchar a diario por calentarse con leña fuera de todos los circuitos de los servicios del Estado: ¡En un EM de la UE! ¡Tamaña segregación y exclusión de todos los derechos está sucediendo en la UE! Y no sólo en Eslovaquia, sino en la República Checa, en Bulgaria, en Rumanía, en Hungría...

Pero el paisaje aun empeora si incorporamos la variable política  que, en diversos EEMM de la UE (ese el caso de Eslovaquia, en cuyo Parlamento de 150 escaños se sientan 14 diputad@as con un discurso racista que es directamente nazi), enciende en el discurso del odio su gasolina electoral, contra chivos expiatorios en los que gitanos, judíos, personas LGTBI, son para ciertas formaciones un material inflamable como electoralmente rentable: tanto ese discurso (que inexorablemente propende al crimen de odio) como tales formaciones son frontalmente incompatibles con la UE y con su Derecho: no sólo con el modelo social europeo (solidario e inclusivo); sino también, sin ambages, con los valores comunes de rango constitucional del art.2 TUE: la idea europea de Democracia (que exige respeto al pluralismo y protección de minorías), de Rule of Law (Estado de Derecho) y Derechos Fundamentales consagrados en la CDFUE. Sí, ¡la exclusión antigitana y el antigitanismo no son sólo una cuestión social, sino que son. sobre todo, una cuestión de Rule of Law!
El PE se ha ocupado en repetidas ocasiones sobre la discriminación contra la población gitana. En lo personal, pertenezco a todos los formatos asociativos (“InterGrupos”, en la jerga) de eurodiputad@s motivad@ por una preocupación compartida: la lucha contra todas las discriminaciones y contra las injusticias derivadas de la desigualdad. El InterGrupo contra el Antigitanismo se distingue por la destacada participación de notables miembros del PE procedentes de la etnia romaní y fieramente comprometidos con su integración activa: rinde tributo al legado del primer eurodiputado gitano, el socialista español Juan de Dios Ramírez Heredia, y escucha siempre con respeto el testimonio de hombres y mujeres romaníes integrados en diferentes Grupos Parlamentarios del PE, entre los que destacan en estos últimos años los S&D Dragos Adrian Benea y Soraya Post, el Verde Romeo Franz y la PPE Lydia Jarocka.

En septiembre de 2020 del PE aprobó su Estrategia Europea contra el Antigitanismo 2021/202. Incluye todos los capítulos y puntos de referencia. Pero hora es ya de adoptar una Legislación europea contra los extremos más graves de su discriminación, aquellos más incompatibles con el Derecho europeo y con el “Modo de Vida Europeo” , y más resistentes a las políticas de Cohesión y a la solidaridad que expresan los Fondos Estructurales de la UE incluso en su última versión (EU React), en el marco del esfuerzo de Next Generation EU por hacer de la pandemia una oportunidad para el relanzamiento de la UE y de su razón de ser: nuestro modelo social que aún tiene en la integración de la minoría romaní un desafío tan persistente como imperioso y mayúsculo.