El pasado viernes recibió un sincero homenaje de sus compañeros de profesión tras cuarenta años de ejercicio, pero el fiscal Antidroga de Málaga asegura que lo que más le emocionó del acto fue la afluencia masiva de allegados, colegas y conocidos
Gabriel Gómez Ruiz de Almodóvar, fiscal delegado del ministerio público en Málaga para la prevención y represión del tráfico ilegal
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA
Gabriel Gómez Ruiz de Almodóvar quiso emular al caminante de Machado y, durante cuarenta años, se ha dedicado en cuerpo y alma al ejercicio del Derecho, cinco de ellos como juez y otros treinta y cinco como fiscal en diferentes especialidades. El pasado viernes, una abarrotada Sala del Jurado de la Ciudad de la Justicia aplaudió a rabiar cuando este acusador público recibió la Cruz de San Raimundo de Peñafort –primera clase–, un premio a toda una vida. Cuando se le pregunta por lo que significa para él esta distinción, sentencia: «Sencillísimo, es el reconocimiento a cuatro décadas de profesión». Pero, por encima del homenaje, hay algo que le emociona: «Vinieron un montón de amigos, lo que quiere decir que en lo personal no lo he hecho mal. Soy rico en amigos».
Acudieron, entre otros, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, o los fiscales de Sala de Seguridad Vial y Antidroga, Bartolomé Vargas y José Ramón Noreña, amén del jefe del ministerio público en Málaga, Antonio Morales, su antecesor en el cargo, Manuel Villén, y numerosas autoridades judiciales y políticas.
Morales, precisamente, es quien propone al Ministerio de Justicia, con el respaldo de la Fiscalía de Málaga, la concesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort a Gómez, ahora jefe de la Fiscalía Antidroga en la provincia. En su informe, es elocuente: «Es un fiscal metódico, riguroso, ejemplo de respeto a los derechos, valores y principios constitucionales; posee profundos conocimientos legales, jurisprudenciales y doctrinales, y es exigente consigo mismo y con los demás; es justamente querido y admirado, merced a su imparcialidad y ponderación en el cumplimiento de sus funciones».
Nació en Granada hace sesenta y cinco años y, tras licenciarse en Derecho, consiguió ser el número uno de la segunda promoción de jueces municipales y comarcales de la Escuela Judicial, lo que le valió la Cruz de San Raimundo en la modalidad de segunda clase. Ejerció cinco años como togado, en los que llevó el Juzgado Comarcal de Órgiva (Granada). Allí vivió uno de sus momentos más difíciles a finales de 1973, cuando una fuerte riada provocó nada menos que 150 muertos en la franja comprendida entre la Baja Alpujarra y Motril. «Tuve que levantar 150 cadáveres en Albuñol, fue una riada tremenda. Hubo muchos desaparecidos que no pudimos encontrar. El barro llegó en algunas casas hasta el techo de la segunda planta», relata.
Un lustro después volvió a opositar para acceder al ministerio público, ejerciendo primero en Baleares y, entre 1977 y 1984, en Málaga. Se trasladó después a la Fiscalía Superior de Andalucía (Granada), aunque volvió en 1986. En 1993 fue nombrado fiscal delegado para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas; desde 2008, se dedica en exclusiva esa tarea, coordinando el trabajo de otros cinco acusadores.
Además, ha sido ponente en numerosas conferencias y profesor en la Universidad de Málaga y en la Escuela de la Policía Local.
Lo más difícil de su carrera, quizás, «ha sido el abrir paso en la lucha contra el blanqueo de dinero». Se queja de los escasos medios de los que dispone, y recuerda la necesidad de que existan equipos de apoyo de Hacienda y especialistas contables para colaborar con la Fiscalía. Y tiene las ideas muy claras: «Si queremos luchar contra el narcotráfico la piedra angular es la lucha contra el beneficio ilícito». En su opinión, debería invertirse la carga de la prueba: si no puedes demostrar que tu patrimonio es legal, es que hay gato encerrado. «Eso sería lo ideal, que nos explicaran de dónde sale eso, pero con una legislación tan proteccionista probablemente no lo veamos».
Su paso de la judicatura a la Fiscalía lo explica de forma sencilla: «Soy un animal de ciudad, y antes un juez se tiraba 15 años en pueblos», y recuerda que el único miembro de su familia ligado al Derecho fue su abuelo: «Era registrador de la propiedad y, curiosamente, concertista de guitarra clásica. Su nivel era tal que fue el maestro de Andrés Segovia».
El viernes fue uno de sus días más felices, jornada en la que sólo quiso tener palabras de agradecimiento para su familia y sus amigos.
Gabriel Gómez Ruiz de Almodóvar quiso emular al caminante de Machado y, durante cuarenta años, se ha dedicado en cuerpo y alma al ejercicio del Derecho, cinco de ellos como juez y otros treinta y cinco como fiscal en diferentes especialidades. El pasado viernes, una abarrotada Sala del Jurado de la Ciudad de la Justicia aplaudió a rabiar cuando este acusador público recibió la Cruz de San Raimundo de Peñafort –primera clase–, un premio a toda una vida. Cuando se le pregunta por lo que significa para él esta distinción, sentencia: «Sencillísimo, es el reconocimiento a cuatro décadas de profesión». Pero, por encima del homenaje, hay algo que le emociona: «Vinieron un montón de amigos, lo que quiere decir que en lo personal no lo he hecho mal. Soy rico en amigos».
Acudieron, entre otros, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, o los fiscales de Sala de Seguridad Vial y Antidroga, Bartolomé Vargas y José Ramón Noreña, amén del jefe del ministerio público en Málaga, Antonio Morales, su antecesor en el cargo, Manuel Villén, y numerosas autoridades judiciales y políticas.
Morales, precisamente, es quien propone al Ministerio de Justicia, con el respaldo de la Fiscalía de Málaga, la concesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort a Gómez, ahora jefe de la Fiscalía Antidroga en la provincia. En su informe, es elocuente: «Es un fiscal metódico, riguroso, ejemplo de respeto a los derechos, valores y principios constitucionales; posee profundos conocimientos legales, jurisprudenciales y doctrinales, y es exigente consigo mismo y con los demás; es justamente querido y admirado, merced a su imparcialidad y ponderación en el cumplimiento de sus funciones».
Nació en Granada hace sesenta y cinco años y, tras licenciarse en Derecho, consiguió ser el número uno de la segunda promoción de jueces municipales y comarcales de la Escuela Judicial, lo que le valió la Cruz de San Raimundo en la modalidad de segunda clase. Ejerció cinco años como togado, en los que llevó el Juzgado Comarcal de Órgiva (Granada). Allí vivió uno de sus momentos más difíciles a finales de 1973, cuando una fuerte riada provocó nada menos que 150 muertos en la franja comprendida entre la Baja Alpujarra y Motril. «Tuve que levantar 150 cadáveres en Albuñol, fue una riada tremenda. Hubo muchos desaparecidos que no pudimos encontrar. El barro llegó en algunas casas hasta el techo de la segunda planta», relata.
Un lustro después volvió a opositar para acceder al ministerio público, ejerciendo primero en Baleares y, entre 1977 y 1984, en Málaga. Se trasladó después a la Fiscalía Superior de Andalucía (Granada), aunque volvió en 1986. En 1993 fue nombrado fiscal delegado para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas; desde 2008, se dedica en exclusiva esa tarea, coordinando el trabajo de otros cinco acusadores.
Además, ha sido ponente en numerosas conferencias y profesor en la Universidad de Málaga y en la Escuela de la Policía Local.
Lo más difícil de su carrera, quizás, «ha sido el abrir paso en la lucha contra el blanqueo de dinero». Se queja de los escasos medios de los que dispone, y recuerda la necesidad de que existan equipos de apoyo de Hacienda y especialistas contables para colaborar con la Fiscalía. Y tiene las ideas muy claras: «Si queremos luchar contra el narcotráfico la piedra angular es la lucha contra el beneficio ilícito». En su opinión, debería invertirse la carga de la prueba: si no puedes demostrar que tu patrimonio es legal, es que hay gato encerrado. «Eso sería lo ideal, que nos explicaran de dónde sale eso, pero con una legislación tan proteccionista probablemente no lo veamos».
Su paso de la judicatura a la Fiscalía lo explica de forma sencilla: «Soy un animal de ciudad, y antes un juez se tiraba 15 años en pueblos», y recuerda que el único miembro de su familia ligado al Derecho fue su abuelo: «Era registrador de la propiedad y, curiosamente, concertista de guitarra clásica. Su nivel era tal que fue el maestro de Andrés Segovia».
El viernes fue uno de sus días más felices, jornada en la que sólo quiso tener palabras de agradecimiento para su familia y sus amigos.
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